Ruanda debe liderar la lucha global contra la impunidad

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François Sinzikiramuka, perpetrador (izquierda); Christophe Karorero, sobreviviente. De Retratos de Reconciliación del New York Times. © Pieter Hugo.

En 1994, tuvo lugar uno de los capítulos más trágicos de la historia, donde cerca de un millón de personas fueron asesinadas en tres meses durante el genocidio de Ruanda.

Veinte años después, el sistema del Estatuto de Roma se erige como la mejor opción para garantizar que estos delitos no queden impunes.

Sin embargo, la comunidad internacional -Ruanda incluida- necesita hacer mucho más para asegurar que el “nunca más” se convierta en una realidad.

Vecino contra vecino
El genocidio de Ruanda se desarrolló luego de años de tensiones entre el grupo étnico mayoritario Hutu y los minoritarios Tutsis.

Estas divisiones fueron reforzadas por un sistema colonial que dio desmesuradamente poder político, económico y social a los Tutsis hasta que el país alcanzó su independencia en 1959, momento en el que el balance de poder se inclinó a favor de la población Hutu.

El asesinato del presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana, cuyo avión fue derribado el 6 de abril de 1994, desató el genocidio. Sin embargo, la planeación de las atrocidades por parte de las elites Hutu había comenzado años atrás.

Luego de la muerte de Habyarimana, los extremistas políticos y militares hutus organizaron una campaña contra los tutsis étnicos y los hutus moderados, matando a unas 800.000 personas en un país de 7,5 millones-una población literalmente diezmada.

No menos horrendo fue el uso sistemático de la violación como arma de limpieza étnica contra mujeres tutsis y hutus moderadas. Se calcula que 500.000 mujeres pudieron haber sido violadas.

La violencia sólo llegó a su fin en julio, cuando los rebeldes tutsis liderados por el ahora presidente Paul Kagame, derrotaron a las fuerzas del gobierno en la capital, Kigali.

Lea más sobre el genocidio

Justicia por el genocidio
Con el fin de hacer rendir cuentas a los responsables del genocidio, los esfuerzos en pos de la justicia en Ruanda tuvieron múltiples facetas, incluyendo juicios nacionales y mecanismos comunitarios que acompañaron los esfuerzos internacionales.

En respuesta al genocidio y para contribuir con el proceso de reconciliación nacional, la Organización de las Naciones Unidas estableció el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que fue facultado para enjuiciar a los responsables del genocidio y otros delitos graves en Ruanda entre enero y diciembre de 1994.

The ICTR in Arusha, Tanzania. © Nigel Eltringham

El TPIR en Arusha, Tanzania. © Nigel Eltringham

El TPIR fue diseñado para procesar a un pequeño número de personas que fueron responsables del genocidio. A la fecha han condenado a 49 individuos. Está previsto que concluya sus operaciones en 2015.

Junto a los juicios del TPIR, el gobierno de Ruanda procesó a varios presuntos genocidas.

Abrumado por el gran número de casos que inundan su sistema judicial, el gobierno también instauró los tribunales gacaca, derivados de modelo comunitario para la resolución de conflictos. Si bien los tribunales gacaca generaron justicia punitiva, también se centraron en diferentes esfuerzos para la reconciliación.

La CPI y la promesa del “nunca más”
Desde el Holocausto, el mundo ha repetido constantemente la promesa de que esos crímenes “nunca más” serán permitidos y que no quedarán impunes.

Desafortunadamente, las acciones emprendidas no han estado a la altura de dichos compromisos.

Muchos funcionarios de la ONU y líderes de la sociedad civil advirtieron que la crisis actual en la República Centroafricana presenta un riesgo real de que se genere un nuevo genocidio.

The signing of the Rome Statute in 1998. The Rwandan genocide was one of the catalysts for the international community to take action. © UN Photo

La firma del Estatuto de Roma 1998. El genocidio de Ruanda fue uno de los catalizadores para que la comunidad internacional tomara acciones. © Foto ONU

Sin embargo, a raíz del genocidio de Ruanda, el mundo dio quizás su mayor paso al frente para asegurar que no habrá impunidad para quienes cometan genocidio y otros crímenes de lesa humanidad.

En 1998, más de 200 organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por la Coalición, se unieron a más de 160 gobiernos en Roma. Después de semanas de negociaciones, se aprobó el Estatuto de Roma de la CPI.

Poco tiempo después, la Corte Penal Internacional entró en vigor. En 2010, la Corte emitió su primera orden de captura por el delito de genocidio.

Ruanda está trabajando contra la justicia internacional
El Estatuto de Roma dispone de poderosos elementos de disuasión contra el genocidio, pero para poder cumplir con la promesa del “nunca más”, la CPI necesita un apoyo más fuerte y coherente de la comunidad internacional.

Por ejemplo, aunque la Corte ha acusado el presidente sudanés Omar Al-Bashir de genocidio en Darfur, los Estados no han tomado acciones para llevarlo ante la justicia, en lugar de ello, se le permite viajar al extranjero, desafiando las órdenes de detención en su contra.

Es particularmente preocupante que en los últimos años Ruanda se haya mostrado hostil a la Corte, respaldando el retiro de algunos Estados africanos de la CPI en una de las últimas cumbres de la Unión Africana.

Un Estado con una historia tan reciente de atrocidades masivas debería estar a la vanguardia del movimiento para poner fin a la impunidad por crímenes como el genocidio, y no trabajar activamente en contra de ello.

Así, este mes de abril, en conmemoración del Mes de la Concientización sobre el Genocidio, le pedimos a los Estados recordar el genocidio de Ruanda y considerar los pasos que pueden tomar para asegurar que tales eventos no ocurran nunca más.

La adhesión y el apoyo a la CPI, así como la adopción de leyes nacionales para procesar crímenes de lesa humanidad es un buen lugar para empezar.

Los miembros de la Coalición hablan del aniversario número 20 del genocidio en Ruanda
Un número considerable de nuestras organizaciones miembro generaron comunicados acerca del aniversario del genocidio de Ruanda.

Amnistía Internacional criticó a la comunidad internacional por no actuar en sitonía con las lecciones que dejó el genocidio en Ruanda, señaló en particular los conflictos de la República Centroafricana y Sudán del Sur.

Human Rights Watch acogió el progreso hecho en Ruanda y elogió la labor de los tribunales nacionales e internacionales en la prestación de justicia. Sin embargo, mientras que el grupo reconoció mejoras en el sistema judicial de Ruanda, señaló su preocupación por la falta de independencia del poder judicial y los resultados mixtos de los tribunales gacaca del país, así como la necesidad del enjuiciamiento de las fuerzas rebeldes tutsis por presuntos delitos.

Del mismo modo, Chantal van Cutsem de Abogados sin fronteras  reconoció la necesidad continua de justicia efectiva e independiente, mientras que la International Federation for Human Rights tomó la oportunidad para reflexionar sobre las lecciones aprendidas hasta ahora.

Tome la palabra – ¿Cómo puede Ruanda demostrar  su compromiso con la justicia internacional?

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