Juicio por genocidio en una Corte Nacional – Guatemala y el caso Rios Montt

Efrain Rios Montt was found guilty of genocide, but the conviction was overturned and a re-trial ordered. © Saul Martinez/EPA

Efrain Rios Montt fue hallado culpable por genocidio, pero su condena fue anulada y se ordenó un nuevo juicio. © Saul Martinez/EPA

La primer semana de abril en La Haya, Naomi Roht-Arriaza, distinguida profesora de derecho en la Universidad de California, compartió sus perspectivas sobre el  histórico juicio contra el ex-presidente de Guatemala, Efrain Rios Montt.

Rios Montt fue declarado culpable, pero la Corte Constitucional anuló el fallo poco después y ordenó un nuevo juicio, que muchos creen que nunca sucederá.

Un juicio excepcional 
El juicio a Rios Montt tuvo lugar entre marzo y mayo del año pasado. El juicio se concentró en los crímenes cometidos contra el pueblo indígena Maya Ixil entre 1981 y 1983, los peores años de una larga campaña de abusos contra las comunidades rurales.

Frente a más de 100 testigos visuales y más de 30 testigos expertos,  Roht-Arriaza explicó que el juicio fue excepcional por varias razones:

  • Era la primera vez que un jefe de Estado enfrentaba un juicio por genocidio ante una corte nacional,
  • Se tardó doce años para llegar a la fase judicial dada la prolongada impunidad que existe en Guatemala,
  • La persistencia de la sociedad civil y los grupos de víctimas, y
  • El coraje de los jueces y de la fiscalía, quienes afrontaron insultos y amenazas.

El coacusado de Rios Montt, Mauricio Rodriguez Sanchez, ex jefe de la inteligencia militar, fue absuelto.

Años de trabajo preliminar
La génesis del juicio fue en 2000, cuando las partes civiles presentaron una demanda contra Ríos Montt que la fiscalía decidió abandonar. Unos años más tarde, las partes civiles obtuvieron copias de documentos militares, entre ellos, algunos que habían sido presentados en un caso de genocidio contra Ríos Montt en España.

En 2010, se asignó a una nueva fiscal con una sólida formación en derechos humanos, Claudia Paz y Paz. En 2012, Ríos Montt perdió su inmunidad parlamentaria. Paz y Paz decidió procesarlo dado que la ley de amnistía de 1996 de Guatemala hacía una excepción para los crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Los cargos por genocidio reflejan el sufrimiento de las víctimas
La fiscalía optó por centrarse en los cargos de genocidio (en lugar de limitar el enjuiciamiento a los crímenes de lesa humanidad) por razones técnicas, como la posibilidad de optar por una detención preventiva. El crimen de genocidio está incluido en el código penal de Guatemala desde 1973, por lo que no hubo problemas de retroactividad o falta de definición del crimen.

Dado que claramente existía una sola oportunidad para juzgar a Rios Montt, al mismo tiempo se buscó abordar un amplio rango de crímenes, entre ellos, el desplazamiento forzado.

Pero por encima de todo, los Mayas Ixiles querían  que las preguntas respecto a la discriminación y al racismo se vieran reflejadas en las discusiones.

Three Ixil Maya women at the genocide trial of Efrain Rios Montt. © mimundo.org

Tres mujeres Mayas Ixiles en el juicio por genocidio de Efrain Efrain Rios Montt. © mimundo.org

Los Mayas Ixiles fueron blanco de exterminación
Paz y Paz decidió concentrarse en los Mayas Ixiles por su condición de grupo étnico, dado que la población Maya en su totalidad era muy amplia para ser categorizada como blanco. El pueblo Ixil siempre fue considerado como problemático y a menudo fue blanco del racismo.

La Comisión de la Verdad de Guatemala, creada en 1994, identificó cuatro áreas principales en las que los “actos de genocidio” tuvieron lugar. Sin embargo, la región ixil fue claramente un blanco en planes militares cuidadosamente detallados. Hay evidencia sólida que muestra que la comunidad Ixil fue especialmente señalada.

El juicio como prevención
Mientras que la Comisión de la Verdad nunca realizó audiencias públicas, el juicio contra Rios Montt fue la primera vez que  las historias de las víctimas se dieron a conocer a gran escala, dado que sus testimonios fueron transmitidos por televisión y por radio.

Roht-Arriaza explicó que uno de los objetivos a largo plazo del juicio fue prevenir potenciales abusos militares.

El juicio también trajo importantes avances en materia legal:

  • El énfasis en el daño mental, especialmente el relacionado al desplazamiento y los ataques reiterados contra la población migrante.
  •  El énfasis en el desplazamiento forzado.
  • La diferencia entre intención y motivación. La defensa justificó la violencia señalando que fue una estrategia contrainsurgente que no constituía genocidio. La Corte estableció que la contrainsurgencia fue la motivación, pero la intención fue destruir a la comunidad Ixil que no se sometió ante el ejército.
  • El énfasis en la violencia sexual. El hecho de que las violaciones fueran sistemáticas prueba el genocidio, dado que contrainsurgencia no implica violaciones sistemáticas.

Procesamiento de crímenes graves en America Latina

La mayor parte de las violaciones masivas a los derechos humanos en América Latina fueron perpetradas por gobiernos represivos entre los años 1970 y 1980. En la mayoría de los casos, estos regímenes autoritarios desaparecieron luego de transiciones negociadas y leyes de amnistía, casi todas abandonadas luego de unos años.

En Argentina, Perú y (en un principio) Uruguay, las leyes de amnistía fueron anuladas con el argumento de que nunca debieron haber sido aceptadas en primer lugar, dijo Roht-Arriaza. En otros países, todavía existen leyes de amnistía, pero están limitadas por las obligaciones internacionales de los Estados de enjuiciar crímenes internacionales o de proteger derechos fundamentales (Chile, El Salvador).

Otros países utilizan el “enfoque de la desaparición forzada” para superar las leyes de amnistía. Si el desaparecido continúa bajo tal condición, se considera un delito vigente y por lo tanto resulta imposible determinar cuándo aplicar la amnistía.

Los países latinoamericanos han tomado diferentes enfoques para procesar a los perpetradores de crímenes atroces.

Cerca de 2.000 casos en Argentina y 1.000 en Chile han sido llevados ante las Cortes o han sido juzgados.

En Argentina, el enfoque escogido se basó en procesar a todos los perpetradores, no solo a los más responsables. Esto ha generado “mega juicios”, el más grande incluye a más de 80 abogados defensores y cerca de 700 testigos. Se espera que dure alrededor de dos años.

Por el contrario, en Colombia, la prioridad es juzgar solo a los mayores responsables.

Supporters of Efrain Rios Montt gather during his trial. © mimundo.org

Partidarios de Efrain Rios Montt reunidos durante el juicio. © mimundo.org

Los retrocesos en justicia en Guatemala y America Latina
Roht-Arriaza resaltó el feroz retroceso de Guatemala luego del juicio de Rios Montt.

Diez días después del veredicto, el Tribunal Constitucional anuló la condena y ordenó un nuevo juicio parcial. El abogado de Ríos Montt se había retirado de la sala del tribunal durante la primera parte del juicio, y los jueces pidieron al abogado de su co-acusado que lo representara temporalmente. Éste fue uno de los motivos por los que el Tribunal Constitucional, por una votación de 3-2, anuló el veredicto. Hubo otros motivos, relacionados con la estrategia de la defensa para crear vicios de procedimiento y generar  ataques colaterales contra el juicio.

El juicio ha sido reprogramado para el 2015 pero, según Roht-Arriaza, nadie realmente cree que esto en realidad vaya a suceder. Se espera que el procedimiento sea pospuesto indefinidamente por una serie de mociones. Ríos Montt tiene 87 años de edad.

La anulación es considerada como una negación de la justicia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los jueces de primera instancia y la fiscal han recibido numerosas amenazas y recientemente, la jueza que presidió el caso, Yassmin Barrios, fue suspendida por un año por la Asociación de Abogados de Guatemala.

Roht-Arriaza argumentó que existe una tendencia emergente en América Latina de juicio y condena, seguidos de la falta de sentencia o reducción de la misma, o de condiciones confortables de detención, es decir, el transcurrir de una sentencia reducida en una cárcel de “cuatro estrellas”.

Como ejemplos, señaló a Chile y Colombia. También hay juicios limitados, por ejemplo en Perú, donde el ex Presidente Fujimori fue juzgado y condenado, pero no hubo voluntad para enjuiciar a nadie más.

Nunca se podrá negar el reconocimiento a las víctimas

Al final, Roht-Arriaza argumentó que a pesar de estos contratiempos, el juicio Ríos Montt valió la pena el esfuerzo, sobre todo para las comunidades Ixiles que fueron reconocidas como víctimas y ahora tienen la sentencia escrita para probarlo.

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