Ngudjolo expresa en la audiencia de apelación que es una víctima

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Mathieu Ngudjolo Chui ante la CPI, 2012. © Getty Images

La Cámara de Apelaciones de la CPI ha escuchado los testimonios de las partes en el juicio de Mathieu Ngudjolo Chui.

A Ngudjolo se le imputaron siete cargos por crímenes de guerra (uso de menores de 15 años para participar activamente en las hostilidades, dirigir un ataque contra civiles, asesinato premeditado, destrucción de la propiedad, saqueo, esclavitud sexual y violación) y tres cargos de crímenes de lesa humanidad (asesinato, violación y esclavitud sexual) presuntamente cometidos durante el ataque a la ciudad de Bogoro, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), el 24 de febrero de 2003.

Por todos los crímenes, excepto aquellos relacionados con niños soldados, fue acusado como “coautor indirecto”, donde el acusado se aprovechó de la organización jerárquica — presuntamente la milicia Lendu que posteriormente acabaría siendo conocida como el Frente de los Nacionalistas e Integracionistas (FNI, National Integration Front en inglés) — para llevar a cabo los crímenes. Esto significa que Ngudjolo controlaba presuntamente a los combatientes que cometían físicamente los crímenes. La Fiscalía alegó que Ngudjolo era directamente responsable por los crímenes relacionados con los niños soldados. La Fiscalía alegó que Ngudjolo y Germain Katanga, su coacusado hasta que los juicios fueron separados, tenían un plan común para eliminar Bogoro y sus habitantes Hema.

El 18 de diciembre de 2014, la Sala de Primera Instancia II absolvió a Ngudjolo de todos los cargos. Los magistrados concluyeron que la Fiscalía no había probado más allá de toda duda razonable que Ngudjolo fuese el comandante de los combatientes Lendu quiénes presuntamente atacaron Bogoro. Éstas fueron las principales conclusiones del caso, y la Sala de Primera Instancia no hizo ninguna otra investigación sobre los supuestos crímenes.

La Fiscalía presentó tres motivos para recurrir:

  1. La Sala de Primera Instancia aplicó incorrectamente el criterio probatorio penal;
  2. La Sala de Primera Instancia no consideró la totalidad de pruebas y hechos en su decisión; y
  3. La Sala de Primera Instancia infringió el derecho de la Fiscalía a un juicio justo de acuerdo con el Artículo 64(2).

En el primero de los motivos, la Fiscalía se quejaba de que la Sala de Primera Instancia no aplicó el estándar “más allá de la duda razonable” para la condena. La Fiscalía alegó que este estándar “no requiere una prueba que vaya más allá de cualquier duda razonable y no requiere que la Sala busque y luego rechace todas las posibles hipotéticas e incesantes interferencias, sin importar lo irreales o sin fundamento de las mismas” antes de considerar al acusado culpable. Sin embargo, esto es lo que hizo la Sala de Primera Instancia en este caso, según consideración de la Fiscalía.

Como un ejemplo de ese defectuoso razonamiento, la Fiscalía (así como los representantes legales de las víctimas) señaló los hallazgos de la Sala de Primera Instancia sobre el testimonio del testigo P-317. P-317, un inspector de derechos humanos de la ONU, testificó que Ngudjolo le había contado que él había organizado los ataques de Bogoro. La Sala aceptó que él había hecho esa declaración y admitió la credibilidad del testigo P-317, pero a pesar de eso consideró que Ngudjolo podría haberlo admitido en un esfuerzo por impulsar su reputación en el ejército congoleño. Por consiguiente, la Sala de Primera Instancia no aceptó la declaración como prueba de su culpabilidad. La Fiscalía argumentó que éste era sólo un ejemplo de la perspectiva errónea de la Sala hacia las pruebas. Según la Fiscalía, esto demuestra cómo la Sala rechazó sacar conclusiones sobre el acusado sin rechazar primero todas las alternativas posibles, incluso aunque esas alternativas no estuviesen respaldadas por pruebas o en la lógica del expediente del juicio.

La Fiscalía argumentó como segundo motivo que la Sala no consideró la totalidad de las pruebas registradas oficialmente. En lugar de eso, según la propia Fiscalía, el análisis de la Sala fue “selectivo y compartimentado” y analizó las pruebas aisladamente y no en su conjunto.

Los argumentos relacionados con el tercer motivo de la interposición del recurso — la falta de protección de los derechos de un juicio justo — se discutieron en una sesión a puertas cerradas.

La Fiscalía pidió a la Cámara de Apelaciones que modificase su decisión y asuman una conclusión fácticas que confirme que Ngudjolo era el líder de los combatientes Lendu que atacaron Bogoro en 24 de febrero de 2003. La Fiscalía fue más allá y pidió a la Cámara de Apelaciones, en el caso de que rechace la anterior petición, que devuelva el caso para que se realice un nuevo juicio ante una nueva Sala de Primera Instancia y se proceda a realizar las conclusiones fácticas necesarias en otros temas, pero también con respecto a la posición de liderazgo de Ngudjolo

Los representantes legales de los dos grupos de víctimas (víctimas generales y niños soldados) apoyaron la posición de la Fiscalía y reclamaron las mismas cuestiones a la Cámara de Apelaciones. El representante legal de las víctimas generales argumentó que el juicio se vio perjudicado por los errores que se fueron acumulando y que invalidaron la decisión final de la Cámara. Además, señaló que el propio proceso fue tan defectuoso que la Sala no cumplió con su obligación de proporcionar un juicio justo. En su opinión, el juicio debería ser reestructurado.

El representante legal de los niños soldados dijo que la Sala de Primera Instancia había creado una defensa para Ngudjolo. Uno de los muchos ejemplos citados por el representante de los niños soldados fue cuando la Sala consideró como no creíble la declaración del testigo P-317. Ngudjolo se defendió diciendo que nunca se había reunido con P-317 pero según el representante legal no pudo respaldar la línea argumentativa presentada por la Sala de Primera Instancia. Según él , esta valoración de las pruebas es incorrecta y constituye un grave error.

La defensa de Ngudjolo expresó que el recurso no tenía ningún fundamento y que simplemente era una nueva oportunidad de la Fiscalía para hostigar a Ngudjolo, y añadió que la Fiscalía estaba siendo inconsistente e incoherente, y que esto se había reflejado en el juicio. La defensa declaró que durante los argumentos de conclusión, la Sala de Primera Instancia estaba resuelta a determinar la naturaleza precisa de la posición de Ngudjolo como supuesto líder de la milicia, pero la propia Fiscalía había admitido que las pruebas no eran específicas con respecto a este punto. La defensa continuó diciendo que esto era una “admisión pública del fracaso” y que la decisión estaba bien fundada y que sería confirmada por la Cámara de Apelaciones.

Ngudjolo también aprovechó la oportunidad para dirigirse a la Cámara de Apelaciones, insistió en su inocencia y su rol de enfermero durante el conflicto en la RDC. Argumentó que nunca había sido líder de la milicia Lendu y declaró que fue el presidente de la RDC, Joseph Kabila, el que planeó el ataque a Bogoro. Ngudjolo afirmó que se sabrá la verdad y cuestionó las razones de la Fiscalía para no señalar a los verdaderos responsables. Así mismo preguntó porqué la Fiscalía estaba tan “empeñada” en señalarlo como culpable. Además dijo que ya no podría volver a la RDC porque su vida estaría en peligro por sus declaraciones contra el presidente Kabila y otros.

“Soy una víctima de todo lo que ha pasado”, dijo Ngudjolo a la Cámara de Apelaciones.

La Cámara de Apelaciones debatirá ahora los alegatos de cada una de las partes antes de presentar su decisión.

Este artículo se publicó originalmente y apareció por primera vez en el  International Justice Monitor, un proyecto de la Open Society Justice Initiative.

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