El sorprendente impacto del Estatuto de Roma en India

Sikh protesters commemorate the 1984 anti-Sikh violence in India, in which more than 3,000 people were killed. © Demotix/Sanjeev Syal (Some rights reserved)

Manifestantes Sij conmemoran la masacre anti-Sij de 1984 en India, en el que más de  3.000 personas fueron asesinadas. © Demotix/Sanjeev Syal (derechos reservados)

En este post procedente de la openGlobalRights, Usha Ramanathan describe cómo, a pesar de que India aún no se ha adherido a la CPI, el Estatuto de Roma se ha convertido en una herramienta útil para presionar hacia una reforma legal que pondría fin a décadas de impunidad del Estado en lo referente a la violencia.

En el año 1998, cuando se adoptó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) India se abstuvo. No hay nada que indique que se ha producido algún cambio desde aquella posición inicial.

Al contrario, en octubre de 2013, el gobierno declaró que India no había firmado el Estatuto de Roma porque “… esto llevaría a la supervisión por parte de la Corte de algunos crímenes que son objeto de la legislación nacional y dejaría a la primacía de la jurisdicción nacional expuesta a la satisfacción de la Corte. No incluye el terrorismo como crimen de lesa humanidad. Otorga al Consejo de Seguridad de la ONU poderes especiales y discriminatorios para remitir o bloquear la consideración de los casos a la Corte.”

El gobierno indio puede tener razón en lo que respecta a la posición privilegiada del Consejo de Seguridad para iniciar o poner fin a las investigaciones, especialmente teniendo el cuenta el hecho de que sólo dos de los cinco Miembros Permanentes con derecho a veto han ratificado el Estatuto.

Pero sus otros argumentos son falsos: los actos de terrorismo sí están recogidos en el Estatuto de Roma; y la jurisdicción de la CPI es complementaria al papel principal que ostentan las cortes nacionales. Sin embargo, a pesar de que parece que el gobierno es reacio a cambiar su opinión a corte plazo, el Estatuto de Roma ha impulsado los esfuerzos de la lucha contra la impunidad en India.

No hace tanto tiempo, la “impunidad” en sí misma era un término desconocido en el contexto indio. Y no porque no se hubiesen producido crímenes masivos. Este tipo de crímenes han sido parte de la rutina india durante años: las masacres anti-Sijs en 1984; las matanzas de la violencia generalizada en Bhagalpur en 1989; las desapariciones masivas y cremación de cuerpos, tanto identificadas como no, en Punjab (1980s-90s); o los disturbios de Bombay y consiguientes bombardeos en 1992-93.

Éstas son simplemente algunas de las muchas masacres a gran escala que todavía persisten en la memoria colectiva. La complicidad del poder estatal en este tipo de eventos no pasó inadvertida pero aún no se había definido un término para describir, de la manera más simple, el fenómeno de crímenes cometidos al amparo del poder estatal, y la protección de la ley.

Dos mecanismos se han mantenido entre las irregularidades y el castigo. Primero, la cláusula de la “buena fe” que se encuentra en muchas leyes del derecho indio que declara debe presumirse que una persona (normalmente un funcionario), que actúa al amparo de la ley, ha actuado de buena fe. Segundo, la denominada “sanción” que debe entenderse en el sentido del poder que se reserva al Estado para decidir si un “funcionario público” puede ser enjuiciado, y cuándo. El gobierno no tiene la obligación de explicar estas decisiones, ni tiene la obligación de dictar directrices sobre cómo puede ejercerse ese poder.

El que le dio sentido a la “impunidad” en India no ha sido el Estatuto de Roma, fue la matanza que se produjo en Gujarat en 2002. El 27 de febrero de 2002, la quema de un vagón de tren produjo  la muerte de 58 personas que volvían desde Ayodhya, el lugar en el que se había demolido una mezquita en 1992 debido a las demanda de manifestantes que reclamaban un templo hindú en ese lugar. Los días que siguieron fueron testigos de macabros espectáculos de violencia, según cifras oficiales, 254 hindús y 790 musulmanes fueron asesinados, y muchos otros fueron heridos y se calcula que hubo unas 200 desapariciones. La policía, la burocracia, y el sistema político incluido el jefe de gobierno estaban implicados en la violencia.

Los disturbios anti-Sijs en 1984 – donde aproximadamente 3000 Sijs fueron masacrados después del asesinato de la Primera Ministra Indira Gandhi por sus guardaespaldas Sijs – demostraron la complejidad de llevar ante la justicia a aquellos amparados por el poder estatal. De manera similar, y a pesar de que la Comisión liderada por un juez de la Corte Suprema indagó sobre los disturbios de Bombay en 1993 y que su informe señaló a la policía y a los políticos, no se tomó ninguna acción.

Esta experiencia de crímenes masivos junto con la impunidad estatal se acumuló hasta 2002. Los asesinatos de Gujarat en 2002 agudizaron el reconocimiento de la complicidad del Estado en la violencia por parte de las víctimas, y sobre todo las minorías raciales que eran objetivo de la violencia.

Entre las consecuencias de la violencia de Gujarat, surgió un clamor para promulgar una ley para dirigir estos episodios de “violencia entre comunidades”, en el sentido de violencia entre religiones, castas, etnias o variedades lingüísticas. En 2005, el gobierno de turno introdujo el proyecto de ley de Violencia entre Comunidades (Prevención, Control y Rehabilitación de las Víctimas), en el Parlamento.De manera capciosa, en el preámbulo de intenciones de este proyecto de ley se establecía que tenía el fin de“… empoderar a los gobiernos de los Estados y al gobierno central para tomar medidas para la prevención y control de la violencia entre comunidades …”. Esta declaración, sencillamente, dejó  sin sentido al proyecto, ya que era la complicidad estatal con la violencia la que tenía que ser controlada.

Pero los grupos de la sociedad civil trabajaron mucho, basándose en el Estatuto de Roma, para proponer enmiendas a la ley que irían derrumbando las estructuras de impunidad y harían que el Estado y sus agencias rindan cuentas. Por ejemplo, fueron tratadas la noción de garantizar que no haya defensa en base a órdenes de superiores, o de requerir la rendición de cuentas de comandantes por las acciones de sus tropas; así como conceptos como considerar a los oficiales responsables por la omisión culpable o la dejación de sus funciones, y la idea de una “responsabilidad constructiva”. Este esfuerzo por clasificar las responsabilidades y obligaciones de aquellos que controlan a la policía y a las fuerzas de seguridad se apoyo en gran medida en el Estatuto de Roma, y sus consagrados principios de derecho internacional penal. El Estatuto de Roma provee los términos y el lenguaje necesario para desafiar la impunidad en India.

De igual forma, por lo que respecta a la definición de los crímenes, las categorías establecidas en el Estatuto de Roma de “crímenes de guerra”, “crímenes de lesa humanidad” y “genocidio” se han llevado a sus elementos constitutivos (también reflejo del Estatuto), y esto ha ayudado a impulsar las enmiendas a la Carta de violencia entre comunidades. Se ha debatido si la violencia Gujarat encajaba dentro de la definición de genocidio, o crimen de lesa humanidad, tal y como se contempla en el Estatuto de Roma. Esto no ha sido un hecho aislado, se ha realizado un considerable esfuerzo para trazarlo dentro del derecho penal internacional. Más allá de esto, el interés en la CPI era inmediato y explosivo en 2002, tras los actos violentos en Gujarat. El Estatuto de Roma está inspirando más ideas acerca de la impunidad y la rendición de cuentas. Son numerosos los debates sobre otros proyectos de ley que se refieren a una mayor responsabilidad del gobierno por la violencia, incluyendo la tortura y la violencia contra las mujeres.

La Corte Penal Internacional en sí misma, debe decirse, no ha provocado tal entusiasmo. Para ser claros, la CPI está muy lejos de ser real en India, y los problemas de país deben lidiar con el aquí y ahora. Los retrasos son endémicos en los tribunales indios, y el hecho de que la CPI esté repleta de retrasos también empaña las expectativas. Además, la atención excesiva que la CPI pone en África y su debilidad para atraer a los EE.UU., el RU o la OTAN debilita la reputación de la Corte.

Aún así, en India, a pesar de que la CPI en sí misma represente una perspectiva remota, el Estatuto de Roma le ha otorgado el lenguaje para entender y desafiar la impunidad.

Usha Ramanathan reside en Nueva Delhi, y trabaja en la jusrisprudencia del derecho, porbreza y drechos.

Este artículo se publicó por primera vez en la openGlobalRights.

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