La CPI no debe desistir en Kenia

Supporters of Kenyan President Uhuru Kenyatta greet him upon his return from The Hague. © Reporter#34145/Demoticx (All rights reserved)

Partidarios del presidente de Kenia Uhuru Kenyatta recibiéndole tras su regreso de La Haya. © Reporter#34145/Demoticx (All rights reserved)

En este post procedente de openGlobalRights, Njonjo Mue expone los desafíos a los que la CPI debe hacer frente en Kenia y el papel que la Corte puede desempeñar para fortalecer el Estado de derecho en el país y para que las élites rindan cuentas ante la justicia.

El 8 de octubre de 2014, el Presidente de Kenia Uhuru Kenyatta hizo historia al ser el primer Jefe de Estado en ejercicio en comparecer ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. Kenyatta está acusado de cometer crímenes de lesa humanidad, tras las conflictivas elecciones presidenciales de 2007.

Pero lo que podría haber sido un hito destacado en la historia de la Corte fue eclipsado por el hecho de que el juicio de Kenyatta se pospuso en numerosas ocasiones. El acusado si compareció en la “conferencia de estado de su caso”, convocada para planificar el camino a seguir que tuvo lugar tras una declaración de la Fiscalía que afirmó que no había pruebas suficientes para proceder a un juicio tras la muerte o retirada de varios testigos clave y de las obstrucciones por parte del gobierno keniata para entregar pruebas cruciales para el juicio. De hecho, es muy dudoso que el juicio llegue un día a comenzar. Aún así, la comparecencia de Kenyatta en la CPI ofrece una oportunidad importante para evaluar el impacto de la Corte en Kenia.

El presidente Kenyatta y su adjunto William Ruto están entre las seis altas personalidades acusadas por la CPI luego de la violencia generalizada que tuvo lugar tras las conflictivas elecciones presidenciales de 2007 . Los cargos contra otras dos personas, Henry Kosgey y Hussein Ali, fueron rechazados por la Sala de Primera Instancia. La fiscal, Fatou Bensouda, también retiró los cargos contra el antiguo responsable de la función pública, Francis Muthaura, aduciendo la muerte o retirada de testigos esenciales. El juicio de William Ruto y su co-acusado, el periodista de radio Joshua Sang está en curso.

La CPI abrió una investigación en Kenia en marzo de 2010 después de que el fiscal Luis Moreno-Ocampo obtuviese permiso judicial para intervenir, tras el fracaso de la opción de establecer un juicio nacional para procesar a los autores de la violencia generalizada tras las elecciones de 2007.  Las elecciones—que enfrentaron al Presidente de ese entonces Mwai Kibaki contra su principal opositor, Raila Odinga—fueron las más conflictivas de la historia de Kenia. La campaña electoral tuvo lugar en un ambiente altamente polarizado con el Movimiento Democrático Naranja de Odinga capitalizando la cuestión de la desigualdad y exclusión étnica de Kenia para construir una gran coalición contra el Partido de Unión Nacional de Kibaki.

Cuando la Comisión Electoral declaró que Kibaki había ganado las elecciones, después de una aparentemente irrefutable ventaja de Odinga, la oposición puso el grito en el cielo y rechazó los resultados. Hubo brotes de violencia generalizada, en la que se produjeron 1.133 muertes, cerca de 600.000 personas desplazadas, cientos de mujeres y hombres agredidos sexualmente, así como muchos daños en las propiedades. Durante unas semanas a comienzos de 2008, Kenia estuvo al borde de una guerra civil a gran escala que sólo mermó por la intervención de la comunidad internacional, especialmente por los esfuerzos realizados por el Panel de Eminentes Personalidades Africanas encabezado por  Kofi Annan.

Entre los resultados del acuerdo de mediación presentados por una Comisión de Investigación sobre la violencia postelectoral, se recomendaba la creación de un tribunal especial mixto, con base en Kenia, para perseguir a los autores de tal violencia. La investigación de la CPI se inició únicamente porque Kenia fracasó en la creación de un tribunal nacional para este fin.

En un primer momento, hubo un gran apoyo a la CPI tanto de la población como de la élite política. Los parlamentarios se manifestaban con el eslogan de “No sea ambiguo, vaya a La Haya” para rechazar la creación de un tribunal nacional especial y acceder a la intervención de la CPI. Sin embargo, a pesar del apoyo general a la CPI, tan pronto como el Fiscal reveló los nombres de las seis reconocidas personalidades keniatas que quería investigar y procesar, hubo un inmediato retroceso. Los miembros del Parlamento aprobaron una moción para retirar el Estatuto de Roma y el gobierno puso en marcha una gran campaña para conseguir un aplazamiento de los casos keniatas que finalmente no tuvo éxito.

Desde un punto de vista político, cuando quedó claro en 2010 quiénes eran los objetivos de la Corte, la élite política se unió. Las elecciones de 2013 podrían haberse utilizado para consolidar los logros prometidos en la nueva Constitución de 2010. En su lugar, Uhuru Kenyatta y William Ruto—que se enfrentaron en las elecciones de 2007—formaron una alianza, proclamaron las elecciones como un referéndum sobre la CPI y se presentaron conjuntamente para Presidente. Su estrecha victoria contra Raila Odinga fue defendida por la Corte Suprema, pero dejó a los keniatas más divididos que nunca.

Durante los dieciocho meses que han pasado desde que Kenyatta y Ruto alcanzaron el poder, sus partidarios han atacado de forma despiadada a las organizaciones de la sociedad civil que respaldan el proceso ante la CPI, llamándolas “sociedades malignas” y representándolas como agentes de fuerzas extranjeras. La coalición vigente se comprometió a impulsar una legislación para restringir las actividades de las organizaciones de la sociedad civil limitando los fondos que pueden recibir de donantes extranjeros. Con estos nuevos y preocupantes márgenes, se teme que la democracia por la que los keniatas han peleado durante años pueda verse amenazada por el gobierno de Kenyatta.

Otra consecuencia negativa de la intervención de la CPI es que se trasladó la atención de las víctimas hacia los presuntos autores a través de la sofisticada forma en que el acusado utilizó los medios en su propio beneficio. Con la CPI ocupando la atención, otros procesos judiciales como la Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación se han quedado en el camino, ya que no hay manera de hablar sobre las preocupaciones de las víctimas sin ser acusado de defensor de la CPI.

Desde un punto de vista positivo, los casos de la CPI representan un hito en el fortalecimiento del Estado de derecho. Una de las causas que originaron la violencia post-electoral fue la arrraigada cultura de la impunidad en Kenia. Antes de la intervención de la CPI, ningún alto cargo político había sido acusado de crímenes políticos desde la independencia del país, incluyendo los asesinatos, masacres, torturas, corrupción y violencia electoral de 1992 y 1997. Por primera vez en su historia, los keniatas han sido testigos del procesamiento de ciudadanos poderosos por presuntos crímenes. Han visto también la implementación de modestas reformas institucionales en los sectores judiciales, de seguridad y en la agencia de protección de testigos, reformas realizadas, en parte, para convencer a la comunidad internacional de que Kenia estaba preparada para procesar los crímenes que tuvieron lugar durante la violencia postelectoral.

Luego de que Uhuru Kenyatta volviera de La Haya a Kenia y haya sido recibido clamorosamente de un modo especialmente coreografiado, su caso parece pender de un hilo debido a las presuntas amenazas a testigos y la fallida cooperación entre la CPI y el gobierno de Kenia. Además, tras el poco esfuerzo realizado para llevar a los autores ante la justicia, es probable que las víctimas se sientan perdidas y olvidadas. Ésta es la razón por la que la CPI debe asegurar que —a pesar de los desafíos existentes—los casos keniatas lleguen a conclusiones lógicas y legales.

Njonjo Mue es un experto en derechos humanos y justicia transicional. Reside en Nairobi y trabaja como Asesor del Programa para la Kenyans for Peace with Truth and Justice.

Este artículo apareció por primera vez en openGlobalRights.

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