¿Los principios de la ASEAN son realmente incompatibles con el Estatuto de Roma?

ICC President Judge Sang-Hyun Song, a strong proponent of increased ICC membership among Asian states. © CICC/Gabriella Chamberland

El Presidente de la CPI el magistrado Sang-Hyun Song,un fuerte partidario de incrementar la membresía de los Estados asiáticos en la CPI. © CICC/Gabriella Chamberland

Regularmente, los Estados del sudeste asiático invocan los principios de no-interferencia y soberanía del Estado para explicar porqué no se unen a la CPI. Un análisis más profundo expone este argumento como una herramienta para enmascarar una renuencia a la rendición de cuentas por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.

Dada la profunda relación de la región con el colonialismo y las intervenciones extranjeras, muchos miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) consideran la no-interferencia en los asuntos nacionales como la base de las relaciones interestatales.

Por su poder para iniciar investigaciones, siempre y cuando el gobierno nacional no pueda
o no tenga la intención de hacerlo, se cree que la CPI socaba dicho principio al infringir la soberanía e intervenir en lo que se consideran cuestiones puramente internas. Debido en
parte a este enfoque, solo dos de los 10 Estados miembros de la ASEAN, Camboya y Filipinas, son miembros de la CPI.

La soberanía absoluta es de hecho un concepto antiguo que no refleja la realidad de la región, especialmente teniendo en cuenta que los miembros de la ASEAN están obligados a someterse al disputado mecanismo de solución de la Organización Mundial de Comercio y en algunos casos a la Corte Internacional de Justicia, cuando ambos implican concesiones a la soberanía estatal.

Los Estados miembros de la ASEAN también están obligados por el derecho humanitario internacional a prohibir y prevenir la mayoría de los crímenes de la CPI. Al mismo tiempo, los principios del Estatuto de Roma (ER) se superponen con las normas del derecho humano internacional, normas ya aceptadas por los Estados de la región. Los Estados de la ASEAN ya se rigen por muchos principios del ER y esto se refleja en la posición oficial de la ASEAN que afirma que la CPI es “un desarrollo positivo en la lucha contra la impunidad por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.”

El argumento de no-interferencia se vuelve insostenible: sus partidarios concuerdan ampliamente con el contenido del tratado, pero no tienen la intención de ponerlo en práctica.

Con sistemas legales bien desarrollados y grandes oportunidades de cooperar con la Corte, los Estados de la ASEAN tienen pocas posibilidades de ser considerados incapaces de investigar y procesar los crímenes de la CPI. Es probable que los Estados que apoyan el enfoque de la no-interferencia estén más preocupados de ser acusados por no tener la
intención de juzgar y en consecuencia quedar sujetos a la jurisdicción de la CPI.

Cuando los Estados de la ASEAN dicen que se oponen a la CPI porque infringe principios básicos como la no-interferencia, lo que realmente expresan es que no son capaces de asegurar que todos los responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio sean llevados ante la justicia.

La gente del sudeste asiático merece algo mejor. Merece justicia.

Una versión de este post apareció en nuestro Monitor de Justicia Global de 2014.

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