La búsqueda de justicia de Guatemala continúa más allá del juicio de Rios Montt

Efrain Rios Montt was found guilty of genocide, but the conviction was overturned and a re-trial ordered. © Saul Martinez/EPA

Efrain Rios Montt fue declarado culpable de genocidio,  pero su sentencia fue  revocada y se ordenó la apertura de un nuevo juicio. © Saul Martinez/EPA

Emi MacLean, oficial jurídico por la libertad de expresión y de información con la Iniciativa de la Open Society Justice, comparte su opinión sobre la búsqueda de justicia por los graves crímenes cometidos durante el conflicto armado interno mantenido durante décadas en Guatemala.

Efrain Rios Montt, que lideró una dictadura militar y brutal en Guatemala hace más de 30 años, fue llevado ante un tribunal de Guatemala en camilla de hospital la semana pasada. Fue llevado allí para enfrentarse a un nuevo juicio por el que es acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Tras un primer juicio en el que fue declarado culpable y condenado a 80 años de cárcel, la sentencia fue revocada en 2013 por un tecnicismo , lo que ha dado lugar a esta reapertura del juicio.

Durante este tiempo, las maniobras legales han vuelto a ganar la batalla: inicialmente la defensa argumentó que debía tenerse en cuenta la edad de su cliente, 88 años, así como su salud; y al final del día, el juicio fue definitivamente suspendido al conseguir la defensa que el presidente de sala fuese apartado del caso.

Una vez más, el esfuerzo para reabrir el juicio tuvo que enfrentarse a la oposición de personas de la élite de Guatemala que están estrechamente vinculadas a la organización militar. Una vez más, el resultado demostró los desafíos inherentes a intentar perseguir las atrocidades masivas en tribunales nacionales, tras una transición democrática y en medio de tensiones políticas subyacentes.

¿Dónde posiciona esto a los esfuerzos de Guatemala por saldar cuentas por los graves crímenes cometidos durante su conflicto armado? Los defensores de la justicia señalan que los juicios son necesarios, no sólo para llevar justicia a las víctimas, como los habitantes Mayas, quienes abarrotaron la sala la semana pasada, si no también para establecer un conocimiento  sobre lo que pasó y  que proporcionará una base sólida para el futuro de la democracia de Guatemala y ayudará a prevenir que este tipo de atrocidades vuelvan a cometerse tanto en Guatemala como en cualquier otro sitio.

Hasta ahora, los casos judiciales que trataban sobre atrocidades masivas y que se llevaban ante los tribunales sólo se dirigían contra militares de bajo rango. A pesar de los contratiempos con Rios Montt, otros casos contra otros oficiales de alto rango continúan:

  • Las actuaciones judiciales en el caso conocido como el asedio de la embajada española están a punto de terminarse esta semana; el caso se centra en la gestión policial del asedio a la embajada española en Guatemala en 1980, en el que docenas de manifestantes y diplomáticos fueron asesinados.
  • Un poco más avanzado este año, se espera que los jueces inicien un juicio contra varios funcionarios de alto rango acusados de violaciones masivas, esclavitud sexual y otros crímenes cometidos contra mujeres y niñas indígenas en la base militar de Sepur Zarco  en las montañas de Guatemala.
  • Hay un pequeño número de casos avanzando al mismo tiempo que atrasos masivos, teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes cometidos. Entre los retrasos: fueron descubiertas pruebas de crímenes masivos en 2012 en una antigua base militar, actual centro de formación de la ONU ; ha tenido lugar una filtración sobre los registros diarios de muertes de un escuadrón militar, así como desapariciones forzadas de 183 opositores políticos al antiguo régimen militar. En Guatemala, las fuerzas de seguridad hicieron desaparecer forzosamente a cerca de 40.000 personas durante la guerra civil, que se prolongó durante décadas, y muchos de ellos aún no han sido encontrados, por lo que difícilmente se puede enjuiciar este tipo de actos.

Durante las dos últimas décadas, tras los acuerdos de paz de 1996 con los partidos de izquierdas, víctimas y grupos de sociedad civil se ha pretendido conocer una estimación de los crímenes atroces que se cometieron—incluidas las desapariciones y masacres, así como torturas y esclavitud sexual. Estos casos retoman la atmósferapretendida en los últimos cinco años bajo el liderazgo de la antigua y pionera fiscal general Claudia Paz y Paz. Pero el enjuiciamiento de Rios Montt continúa siendo la señal más importante de los esfuerzos para enjuiciar a las personalidades más importantes—y una muestra de los repetidos obstáculos a los que se enfrentan este tipo de enjuiciamientos.

Los fiscales señalan que Rios Montt fue responsable de la matanza de 1.771 indígenas Mayas, el desplazamiento de 29.000 personas, y la violación y torturas de otras tantas personas durante 15 masacres. Aproximadamente la mitad de las presuntas violaciones fueron cometidas durante los 36 años sangrientos en los que duró la guerra en 1982, el año en el que Rios Montt llegó al poder. En la región Ixil, entre el 70 y el 90 por ciento de las comunidades fueron eliminadas durante este período.

En teoría, el juicio podría seguir reanudándose. Un tribunal de apelación podría designar, en los próximos días, a un nuevo juez para completar el tribunal de tres jueces necesario. Sin embargo, se necesitarán varias semanas para que el tribunal se constituya debido a los numerosos jueces que han declinado formar parte de este juicio que ya ha sido causa de amargas divisiones políticas. El tribunal necesitó de varios meses para presentar las fechas para esta audiencia inicial. Además, el caso Rios Montt ya ha desafiado a numerosos jueces, y hay otros tantos jueces que ya son responsables de decidir casos complicados. Teniendo en cuenta todos estos factores inherentes al sistema judicial, y el pésimo estado de salud y edad de Rios Montt, Rios Montt podría no vivir lo suficiente para encarar un nuevo intento de llevarle ante la justicia.

Al mismo tiempo, un tribunal de apelación también necesita decidir sobre la oferta que presente el equipo de defensa de Rios Montt que invocará el decreto de amnistía de 1986 (aprobado por el entonces gobierno militar) para evitar su enjuiciamiento– a pesar de su posterior cancelación por el Congreso en 1996, y las posteriores reglas judiciales.

Durante el proceso de paz, el Congreso de Guatemala prohibió expresamente las amnistía en los casos de genocidio, desapariciones y otros crímenes internacionales—en la misma línea que el derecho internacional. Cualquier intento de incrementar los casos amparados por las leyes de amnistía para incluir crímenes internacionales supondría un paso atrás en los esfuerzos de la justicia en Guatemala, así como al considerarse una violación de los principios del derecho internacional ya que los crímenes internacionales no pueden ser cubiertos por una amnistía.

Las víctimas todavía respaldan la sentencia dictada en 2013 en la que se le condenaba por genocidio y crímenes de lesa humanidad, y están reivindicándola ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero el caso sigue abierto y sin resolver.

Los obstáculos muestran cómo de lenta puede ser la transición nacional, las complejidades que acarrean el saldar cuentas por los graves y horribles crímenes cometidos en el pasado, y las poderosas influencias que se ejercen fuera de la sala del tribunal. Pero las víctimas que la semana pasada abarrotaron el tribunal con la esperanza de ver a la justicia actuar—décadas después, y por segunda vez—demuestran el significado de los continuos esfuerzos.

Este artículo apareció por primera vez publicado en la página web de la Open Society Justice Initiative.

Para seguir el análisis regular de la Iniciativa de Justicia de la Open Society sobre el caso Rios Montt y otros juicios guatemaltecos por crímenes de grave, visitar ijmonitor.org.

 

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