Inmunidad = impunidad

Hermann Goering, Adolph Hitler's designated successor, sits on trial in Nuremberg after the Second World War. © Harvard Law School Library

Hermann Goering, el sucesor nombrado por Adolph Hitler, sentado en los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. © Harvard Law School Library

QUE LOS LÍDERES de Estado o los funcionarios de alto rango no tengan inmunidad es fundamental al fin mismo del Estatuto de Roma (ER) de la Corte Penal Internacional (CPI): Llevar ante la justicia a los mayores responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Actualmente, se están llevando a cabo inquietantes intentos de socavar este principio del derecho penal internacional. La sociedad civil está pidiendo a los gobiernos que prevengan lo que podría representar un desastroso revés a favor de la impunidad.

La erosión de la inmunidad de los líderes de Estado 
Tras la Segunda Guerra Mundial, los líderes de Estado recibieron completa inmunidad de enjuiciamientos penales internacionales en tanto representaban la inviolable soberanía de los Estados. Desde entonces, las leyes y las prácticas de numerosos tribunales penales internacionales han codificado el entendimiento de que los crímenes graves son cometidos por individuos, y esparcieron la noción de que la responsabilidad personal puede ser evitada a través de la protección que brinda la idea abstracta de que actúan como Estado.

La escala y la premeditación de las atrocidades cometidas en Alemania entre 1939-45 llevaron a los Aliados a procesar a los líderes del nazismo al finalizar la guerra. Los juicios de Nuremberg pusieron en marcha el movimiento de justicia internacional como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, no fue sino hasta el fin de la Guerra Fría que la idea alcanzó una mayor entidad. En los 90, los conflictos de Ruanda y Sierra Leona generaron que las Naciones Unidas (ONU) estableciesen tribunales separados y temporarios para procesar a los mayores responsables—entre ellos, líderes como Slobodan Milosevic y Charles Taylor. Estos esfuerzos ayudaron a afianzar la consolidación del principio de irrelevancia del cargo oficial para los crímenes serios ante el derecho internacional.

El Estatuto de Roma rechaza definitivamente la impunidad
Cuando el ER fue adoptado en 1998 y se conformó la CPI, su Artículo 27 afirmó: “El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial”. Esto representó un rechazo definitivo de la comunidad internacional a la paradoja de que la responsabilidad legal debe ser mínima cuando el poder es máximo.

En 2011, una sala preliminar de la CPI dijo que “el principio del derecho internacional es que la inmunidad tanto de los ex como de los actuales líderes de Estado no puede ser invocada para impedir el procesamiento de un tribunal internacional”. Los jueces notaron que la inmunidad de los líderes de Estado ante las cortes internacionales ha sido rechazada una y otra vez, enfatizando que iniciar enjuiciamientos internacionales
contra líderes de Estado ha sido ampliamente reconocido como una práctica aceptable.

Hasta el momento, en el transcurso de la breve historia de la CPI ya han sido escrutados líderes pasados y presentes como Muammar Gaddafi, Omar Al-Bashir, Laurent Gbagbo y Uhuru Kenyatta.

Al mismo tiempo, en el año 2002 una decisión clave de la Corte Internacional de Justicia rechazó específicamente el concepto de inmunidad para los líderes de Estado, actuales o pasados, en las corte internacionales.

La Coalición por la CPI sigue siendo un acérrimo defensor del ER, basado en el principio de igualdad de los individuos que se aplica sin distinción alguna, más allá de su género, edad, raza, color, idioma, religión, origen, posición, nacimiento o cualquier otro status. Los pilares de la igualdad ante la ley y la individualidad no solo son el corazón mismo de la
responsabilidad penal internacional sino también la propia naturaleza de la reparación, que se puede obtener a través de la CPI.

A nivel nacional, muchos de los 122 Estados miembros de la CPI han excluido las inmunidades de los líderes de Estado o funcionarios gubernamentales en crímenes internacionales dentro de sus propias leyes internas.

Sin embargo, al ver que ya no pueden actuar libremente con impunidad, algunos
líderes están ahora intentando reescribir la historia para su propio beneficio.

Las propuestas de Kenia amenazan con socavar el Estatuto de Roma
En marzo de 2014, el gobierno de Kenia presentó formalmente a la Oficina de Tratados de la ONU una serie de enmiendas al ER, entre ellas, una modificación al Artículo 27 para eximir a los jefes de Estados u otros funcionarios gubernamentales senior de  responsabilidad penal durante su cargo.

Kenia, en representación de la Unión Africana (UA), propone agregar un tercer párrafo al Artículo 27 que diga que “los jefes de Estado, sus adjuntos y cualquier otro alto cargo del gobierno deben quedar exentos de ser juzgados durante su cargo….”.

Este texto negaría completamente los dos párrafos anteriores del mismo Artículo. En particular, es imposible entender cómo se podría reconciliar la enmienda propuesta que
permite la inmunidad de los líderes de Estado y sus adjuntos con el Artículo 27(1) que declara de manera definitiva que el cargo oficial de una persona “en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.”

La Coalición continua oponiéndose firmemente a cualquier propuesta que pueda fundamentalmente socavar la integridad del ER y la CPI, esto incluye enmiendas que otorguen inmunidad a funcionarios gubernamentales y de alto rango. Dichas inmunidades facilitarían que aquellos que ostentan el mayor poder e influencia en el aparato estatal y en la población puedan cometer crímenes con impunidad y, al mismo tiempo, representarían un incentivo para que quienes cometan los crímenes más graves no quieran abandonar el poder para evadir una futura rendición de cuentas.

Todos los Estados miembros a la CPI deben presentar posición y defender el ER ya que la Asamblea de los Estados Partes enfrenta uno de los desafíos políticos más serios de su historia.

¿Inmunidades en la Corte africana?
En julio de 2014, la UA aprobó una expansión de la jurisdicción de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos para incluir crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, junto con una serie de crímenes trasnacionales importantes para el continente
africano. Desafortunadamente, la medida estipula que los líderes de Estado y funcionarios
gubernamentales senior sean inmunes a enjuiciamientos mientras ocupen su cargo.

En mayo, la Coalición reunió a 40 organizaciones de la sociedad civil para pedirle a los procuradores generales y ministros de justicia africanos que rechacen la expansión propuesta, que precisaría 15 ratificaciones de los Estados miembros de la UA para
entrar en vigor. De hacerlo, representaría un gran retroceso en el derecho internacional negando más de 60 años de lucha en pos del camino contrario.

George Kegoro, director ejecutivo de la Comisión Internacional de Juristas de Kenia:

““La disposición de inmunidad es una desviación lamentable
del Acta Constitutiva de la UA, que rechaza la impunidad en
su Artículo 4. La inmunidad deshace la posibilidad de que
las víctimas puedan acceder a la justicia en la Corte Africana
cuando sus líderes cometan atrocidades. Los Estados
africanos deben tomar una postura firme y oponerse a esta
inmunidad.”

Por último, sin embargo, si la nueva jurisdicción entra en vigor, no tendrá ningún efecto en la habilidad de la CPI para juzgar jefes de Estado. La Corte Africana no podrá procesar a un presidente en ejercicio, pero la CPI puede hacerlo, sin duda, si tiene jurisdicción.

William R. Pace, coodinador de la Coalitión por la CPI:

“La Coalición por la CPI se opone vehementemente a cualquier
indicio de inmunidad por crímenes internacionales graves en la CPI, la Corte Africana o en las jurisdicciones nacionales. Los trágicos eventos del siglo 20 nos han demostrado que la inmunidad que poseen los líderes mundiales les ha permitido cometer los crímenes más terribles exactamente porque sabían que actuaban con impunidad. El Estatuto de Roma es el avance
más importante de los últimos 50 años para controlar este
poder ilimitado. Debe hacerse lo necesario para proteger su
integridad.”

Que las inmunidades sean parte del pasado

La idea de que existan inmunidades para los líderes de Estado y funcionarios de alto rango debe quedar en los libros de historia—donde quedaron relegadas definitivamente con la adopción del ER. La sociedad civil está lista para defender la integridad del ER y seguir luchando contra la impunidad de todos los responsables de los crímenes graves, sin
importar su rango ni su puesto.

Una versión de este post se publicó en nuestro Monitor por la Justicia Global de 2014.

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