El caso Darfur tras 10 años en la Corte Penal Internacional

A mother and her children sit in a Darfur camp for displaced persons. © cdc.gov

Una madre y sus hijos en un campo de refugiados en  Darfur. © cdc.gov

Diez años después de la remisión por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de la situación de Darfur a la CPI, aún se tiene que hacer justicia, escriben Mariana Rodriguez-Pareja y Stephen Lamony en el Huffington Post.

El 31 de marzo de 2005 y por primera vez en la historia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) adoptó la Resolución 1593, por medio de la cual la situación en Darfur, Sudán, fue remitida a la Corte Penal Internacional (CPI). Según el texto de la resolución, la situación en Darfur constituía “una amenaza para la paz y seguridad internacionales”. Diez años después de la adopción de la resolución, la situación no ha mejorado y sigue siendo catastrófica. A diario se cometen graves delitos y hace apenas unas semanas, Human Rights Watch anunció que había documentado la violación masiva de 200 mujeres en Tabit.

Pero no sólo eso: más de 300.000 personas han muerto en Darfur desde que comenzó la guerra en 2003. Además, la ONU estima que 6,9 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en Sudán, y que a finales del 2015 podría haber hasta 460.000 refugiados

Entre otras cosas, porque el 5 de marzo de 2015, el presidente al-Bashir se comprometió “a traer la paz y restaurar la seguridad en Darfur” mediante la eliminación de lo que él llamó “la insurgencia” y el desarme de todos los que no pertenecían a las fuerzas regulares. A pesar de estas atrocidades, aún no ha habido anuncios ni medidas relacionadas con la investigación y el enjuiciamiento de estas violaciones masivas de derechos humanos o delitos a nivel local. Sudán tampoco brinda ningún tipo de cooperación ni apoyo a la CPI.

A poco de cumplir 10 años desde la remisión de este asunto a la CPI y con cinco casos tramitándose relativos a esa situación ante dicho tribunal, hay cuatro principales sospechosos sobre quienes pesan órdenes de arresto. La mayoría de ellos ocupan aún hoy día altas posiciones dentro del Gobierno del Sudán y continúan implicados en la comisión de atrocidades. Por ejemplo, el presidente al-Bashir, que recientemente volvió a hablar de un plan para acabar con “la insurgencia“.

Por desgracia, ni el Consejo de Seguridad ni los Estados Miembros de la ONU han colaborado en la tarea de la CPI. Pese a que la resolución 1593 dice que se “exhorta a todos los Estados y organizaciones regionales y demás organizaciones internacionales competentes a que también cooperen plenamente” con la Corte, hemos sido testigos de varias infracciones flagrantes. Prueba de ello son las visitas que ha realizado al-Bashir a varios Estados Miembros, los cuales nunca ejecutaron el arresto que pesa en contra de él.

Al-Bashir fue acusado en 2009 por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y, en 2010, por genocidio. Pero continúa prófugo y desarrolla libremente su vida pública como presidente -todos saben dónde está- e incluso busca su reelección en las próximas elecciones generales de abril de 2015. El pasado diciembre anunció su victoria sobre la CPI luego de que la Corte “archivara la investigación de crímenes de guerra en Darfur”. La verdad es que la Fiscal de la CPI Bensouda no archivó la investigación indefinidamente, sino de manera provisional, y “transfirió recursos a otros casos urgentes,” teniendo en cuenta que la CPI no tiene apoyo del Consejo de Seguridad

La CPI no tiene su propia policía ni fuerza militar para ejecutar órdenes de arresto ni detención, sino que debe contar con que los Estados Miembros respeten y cooperen con la CPI, ejecutando las órdenes. La CPI no ha recibido ningún apoyo significativo -ni a nivel político o técnico- por parte del Consejo de Seguridad en cuanto a la situación en Darfur. “Lo que se necesita es un cambio drástico en el enfoque de este Consejo con respecto al arresto de los sospechosos de Darfur,” dijo Bensouda ante el CSNU. “Sin una acción más fuerte del Consejo de seguridad y los Estados partes, es improbable que mejorare la situación en Sudán, y los presuntos responsables de graves delitos contra civiles no serán llevados ante la justicia”, agregó.

Sudán tiene el deber de cumplir las obligaciones que corresponden a un miembro de la ONU, una de las cuales incluye cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, como el órgano que envió el tema de Sudán a la Corte, debe honrar sus propias acciones y respetar lo que él mismo remitió hace 10 años. Debe, mediante la promoción y una eficaz cooperación con la Corte, proporcionar el presupuesto adecuado para las investigaciones, y respetar la letra y el espíritu del Estatuto de Roma.

Finalmente y lo más importante: Sudán tiene que cumplir con el deber y las obligaciones para con su propio pueblo.

Los Estados Partes de la CPI tienen que honrar la promesa hecha en Roma, al momento de adoptar el Estatuto de la CPI, y no deben tolerar la impunidad –que es exactamente lo contrario de lo que todos buscan.

Este artículo apareció por primera vez en el  Huffington Post.

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