Preocupación sobre la representación legal de las víctimas en el caso Ongwen

ICC outreach workers meet with victims and others affected by the conflict in northern Uganda. © ICC-CPI

Actividades de divulgación de la CPI con las víctimas y afectados en el norte de Uganda. © ICC-CPI

En este artículo del Monitor de Justicia de Internacional Justice , Mariana Pena expresa la preocupación que existe sobre la participación de las víctimas en el caso de la CPI contra el antiguo comandante del Ejército de Resistencia del Señor Dominic Ongwen.

Un colectivo que asiste a las víctimas de crímenes presuntamente cometidos por los rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor (ERS) en Uganda está solicitando permiso a la Corte Penal Internacional (CPI) para intervenir en el caso contra el antiguo líder del ERS Dominic Ongwen. El grupo está poniendo de relieve cuestiones importantes en lo relativo al tratamiento, por parte de la CPI, de las víctimas de crímenes en masa.

La Fundación de Víctimas de Uganda (FVU), una coalición de diferentes ONG y organizaciones con base comunitaria, presentó una solicitud el 19 de marzo para intervenir, mediante la figura amicus curiae, en el caso de la CPI contra Dominic Ongwen, un antiguo comandante del ERS y colaborador del ya condenado por la CPI Joseph Kony.

La FVU explicó que numerosas víctimas se han puesto en contacto con ellos para mostrarles su preocupación sobre su representación legal y su inquietud sobre la designación de su defensor legal.  Particularmente, la solicitud expresa las dudas de las víctimas sobre “la falta de efectividad y pertinencia de su representación legal” ante la CPI en los últimos diez años. La solicitud expresa también la preocupación sobre el objetivo final de los cargos en el caso contra Ongwen.

Hasta la fecha dos sistemas legales de representación de víctimas han coexistido en la CPI. En algunos casos, las víctimas son representadas por abogados independientes y externos, mientras que en otros, las víctimas son asistidas por la Oficina del Defensor Público para las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés). En los casos más recientes de la CPI se han combinado estos dos sistemas legales.

En Uganda, la Corte nombró a la OPCV para asistir y representar a las víctimas en una serie de decisiones emitidas en 2007 y 2008. En ese momento, la Sala de Cuestiones Preliminares puso de manifiesto que “a la vista de las elecciones de las víctimas, las limitaciones presupuestarias en 2008 y el actual estado de las actuaciones judiciales, la Secretaría de la CPI recomendaba el nombramiento de los miembros de la [OPCV] hasta que las víctimas o la Corte decidieran nombrar a un representante legal externo común.”

De acuerdo con el escrito presentado por la FVU, en todos estos años, las víctimas han recibido muy poca información por parte de la OPCV sobre el estado de las actuaciones judiciales contra el líder del ERS, conocido como Kony et al. Al presentar estas opiniones por primera vez ante los magistrados de la CPI, la FVU señaló que “pese a la falta de actividad judicial en la Corte sobre el caso, la OPCV sigue todavía teniendo el deber de explicar a las víctimas del caso porqué las actuaciones no han comenzado, cuáles son los obstáculos en la captura y en el enjuiciamiento de los sospechosos del caso; así como responder a cualquier pregunta que las víctimas pudieran tener en lo relativo a la posibilidad de reparación.”

La comunicación entre las víctimas y sus representantes legales es probablemente una de las cuestiones más importantes en materia de participación de las víctimas. El papel de los representantes de las víctimas no es representar los intereses de las víctimas de una manera abstracta y general, si no servir de enlace entre las víctimas y la Corte. Para que la participación de las víctimas sea efectiva y real, es esencial que los representantes interactúen con las víctimas regularmente, incluyendo las fases judiciales en las que hay poca o ninguna actividad judicial. Dado que la mayoría de las víctimas participan a través de sus representantes, es crucial que se cuente con ellos de manera genuina en el nombramiento de sus representantes legales.

Sin embargo, desgraciadamente no se ha contado con las víctimas para el nombramiento de sus representantes legales ante la CPI, especialmente en los casos más recientes.

El escrito de la FVU también señala la preocupación de las víctimas sobre el objetivo final de las acusaciones contra Ongwen, ya que “no representan la totalidad de los crímenes sufridos por las víctimas durante los ataques” y esto hará que muchas víctimas se sientan excluidas de la participación en el caso y de las reparaciones. La OPCV ya puso de manifiesto estas preocupaciones en un escrito en enero de 2015.

La solicitud del uso de la figura amicus curiae por la FVU es oportuna, en tiempo y forma, según el proyecto en curso de Revision de la Secretaría de la CPI, que pretende fortalecer la eficiencia y eficacia de la organización de la Corte, y ha propuesto cambios en el sistema de representación legal de las víctimas. La proposición inicial, fechada en octubre de 2014, priorizaba la representación de un abogado interno. La sociedad civil, sin embargo, ha manifestado sus dudas al manifestar que un sistema que excluye a los abogados externos podría perjudicar a las víctimas (más información aquí y aquí).

Al rediseñar el sistema, la Secretaría debería tener en consideración los problemas que la representación legal ha presentado en los casos pasados y en los actuales, entre los cuales se encuentra la comunicación insuficiente con las víctimas. Además, la experiencia muestra que el sistema debe también proporcionar mecanismos a las víctimas para presentar quejas cuando sus representantes legales no les consultan o cuando crean que éstos no están representando sus intereses de forma adecuada (enlaces en inglés).

Este artículo se publicó por primera vez en el Monitor de Justicia Internacional.

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