La nueva ley penal de la RDC contempla los crímenes de la CPI y fortalece su cooperación con la Corte

Two defendants stand in a DRC courtroom. © Physicians for Human Rights

Dos acusados de pie en una sala de audiencias de RDC. © Physicians for Human Rights

La Asamblea Nacional de la República Democrática del Congo dio un paso importante en la lucha contra la impunidad a principios de este mes por la adopción de un proyecto de ley que incorpora el Estatuto de Roma de la CPI en el derecho interno.

La ley permite a los tribunales congoleños investigar, procesar y juzgar los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio cometidos en la República Democrática del Congo. Aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional de la República Democrática del Congo, el 2 de junio de 2015, también contiene disposiciones para reforzar la cooperación con la CPI.

El proyecto de ley ahora debe ser aprobado por el Senado de la República Democrática del Congo.

Acción Mundial de Parlamentarios (PGA) elogió el trabajo de sus miembros en la Asamblea Nacional, que presionaron para la adopción del proyecto de ley.

Dieudonné Upira Sunguma, presidente del grupo nacional PGA en la República Democrática del Congo:

“Como miembro del Parlamento, es un gran honor celebrar el voto unánime de la cámara de Diputados de la República Democrática del Congo para la adopción de la ley de implementación del Estatuto de Roma  de la CPI en el orden jurídico interno por la Asamblea Nacional de la República Democrática del Congo. Este paso marca un logro importante en la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves de trascendencia internacional en la RDC. Ahora estamos formulando estrategias para asegurar una rápida adopción por el Senado, donde nuestros Miembros de la PGA se han comprometido en repetidas ocasiones a apoyar este proyecto de ley con el fin de cumplir con nuestras obligaciones como Estado parte en el Estatuto de Roma y como una manera de prevenir la reaparición de la violencia en el territorio de la RDC. ”

Sra. Irène Esambo Diata, coordinadora del Centro para la Justicia y Resolución 1325:

“La República Democrática del Congo acaba de dar un gran paso con la aprobación por la Asamblea Nacional del proyecto de ley que modifica y completa el decreto de Enero 1940 del Código Penal. Leyendo el proyecto de ley, está claro que el legislador se ha inspirado en la experiencia de la Corte Penal Internacional.”

La República Democrática del Congo ha sido miembro de la Corte Penal Internacional desde el año 2002. Con el fin de participar plenamente en el sistema del Estatuto de Roma de la CPI, los Estados deben incorporar el Estatuto en su legislación nacional. La legislación sobre cooperación con la Corte es igualmente importante, ya que la CPI carece de su propia fuerza policial y se basa en los Estados para detener a sospechosos.

Descartes Mponge Malasi, punto focal de Kivu del Sur de la Coalición Nacional de la RDC por la CPI  y secretario ejecutivo de ACADHOSHA:

“Nosotros, quienes estamos trabajando a diario sobre el terreno con las víctimas, damos la bienvenida a este importante paso dado por la Asamblea Nacional de la RDC mediante la adopción de este proyecto de ley de aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El camino es todavía largo, tenemos que estar atentos, entre la aprobación por la Asamblea Nacional y luego por el Senado hasta la publicación en el diario Oficial se pueden producir muchos obstáculos. El retraso de la publicación de la ley que penaliza la tortura muestra  que debemos mantenernos movilizados.”

La República Democrática del Congo sigue siendo el escenario de un conflicto violento entre varios grupos armados, en particular en el Kivu del norte. Según el Comité Internacional de Rescate, alrededor de 5,4 millones de personas han muerto desde 1998 en el actual conflicto y miles de víctimas siguen esperando justicia.

Con la investigación de la CPI enfocada en los principales responsables de los peores crímenes en el país, es de suma importancia que los tribunales nacionales de RDC sean capaces de procesar a los autores de menor nivel de crímenes internacionales. Esta ley es un primer paso en esa dirección.

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