El éxito de la CPI depende de su impacto a nivel local

local

Adama Fofana, quien afirma que sus dos hermanos fueron asesinados y arrojados a una fosa común, durante la violencia post-electoral de Costa de Marfil, observa al antiguo Presidente de su país Laurent Gbagbo comparecer ante la CPI, el 19 de febrero de 2013.

En este artículo de OpenDemocracy, una consejera senior de justicia internacional de Human Rights Watch, Elizabeth Evenson, insiste en que si la CPI quiere tener éxito, las víctimas y las comunidades afectadas deben ser su máxima prioridad.

A finales de este año, se prevé la apertura de la nueva sede permanente de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. La ciudad, conocida por ser sede de las instituciones dedicadas a la paz y la justicia, cumple con todos los requisitos para ser la sede de la Corte.

Pero no es justamente en La Haya donde la CPI tiene más relevancia.

Donde la CPI realmente debe ser importante es en aquellos países y aquellas comunidades afectadas por los crímenes que la Corte trata de combatir. Es decir, los lugares donde las víctimas luchan para afrontar las secuelas de las atrocidades cometidas.  Estas víctimas y comunidades—ya sea en Bangui, Benghasi o Bunia—son los principales interesados del éxito de la Corte y deberían ser el centro de todo su trabajo.

Human Rights Watch publicó recientemente un informe de cómo la CPI está tratando las atrocidades cometidas durante la violencia post-electoral en Costa de Marfil después de que Laurent Gbagbo perdiera las elecciones presidenciales a finales de 2010 en contra de  Alassane Ouattara. El informe muestra que la CPI aún tiene mucho por hacer para lograr que su trabajo sea accesible, legítimo y tenga un sentido real para las comunidades locales afectadas.

Desde el comienzo de las investigaciones de Costa de Marfil en octubre de 2011, la Fiscal de la CPI sólo ha abierto casos relacionados con crímenes cometidos en Abidján, la capital económica del país, y por las fuerzas alineadas con Gbagbo. Esto sucede a pesar de que existen evidencias perfectamente-documentadas de crímenes cometidos por ambas partes del conflicto (los aliados del antiguo presidente y los partidarios de Ouattara, el presidente actual) y evidencias que demuestran que la mayor parte de los crímenes, y los más graves, se cometieron fuera de Abidján.

Había una cierta lógica en limitar el objetivo de las investigaciones iniciales de la Fiscalía. Gbagbo ya estaba en prisión y los investigadores ya habían encontrado pruebas en Abidján, investigar incidentes adicionales habría aumentado los desafíos logísticos y de seguridad.

Esta posición inicial de mantener el foco en las fuerzas pro-Gbagbo ha persistido todos estos años. Mientras, la investigación parcial de la Fiscalía ha polarizado la opinión sobre la Corte dentro del país. Las altas expectativas de las víctimas de conseguir una justicia imparcial en la CPI—agravada con el miedo, especialmente entre las víctimas de los crímenes cometidos por las fuerzas aliadas de Ouattara—han dado paso a la frustración al observar la falta de avances en el procesamiento de los crímenes cometidos por ambas partes del conflicto.

La Fiscalía de la CPI—que sostiene hasta la fecha que llevará a cabo investigaciones adicionales en Costa de Marfil —ha señalado que espera expandir este año la investigación en Costa de Marfil a todas las partes involucradas en el conflicto.

La aproximación poco objetiva y parcial del conflicto que se ha  mantenido hasta la fecha, se ha visto agravada por las iniciativas de divulgación de la Corte, lideradas por su Secretaría. Los limitados recursos obligaron a la Secretaría a centrar sus esfuerzos en atraer a las víctimas de los cuatro o cinco incidentes presentados ante la Corte. Por otro lado, se dispuso una unidad independiente de la Secretaría con la responsabilidad específica de informar a las víctimas sobre sus derechos con un programa más amplio que tenía por objetivo a todas las víctimas. Pero la escasez de recursos también limitó los objetivos en ciertas ocasiones. Por supuesto, es esencial proporcionar información a estas víctimas, que tienen derechos específicos, pero esto no debería traducirse en procedimientos menos accesibles.

El efecto combinado de ambos errores, el fracaso de la Fiscalía de seleccionar casos que abarquen un rango más amplio de crímenes —y autores—y el fracaso de la Secretaría de alcanzar a víctimas de ambos lados del conflicto sobre el terreno se manifestó de forma clara y contundente cuando se entrevistó a miembros de la sociedad civil de Costa de Marfil. “Las víctimas del otro lado del conflicto no creen en la CPI”, comentó uno de los activistas por los derechos humanos. “Es doloroso tener que recordar que las víctimas son víctimas y no eligen su lado en el conflicto.”

La Fiscal de la CPI debería tener más en cuenta la experiencia de las víctimas a la hora de tomar la difícil decisión de a quién enjuiciar y porqué, esto debería invcluir una mejor comunicación con las víctimas.  La experiencia de las víctimas es muy diversa y creará expectativas que serán difíciles de cumplir. Pero, teniendo en cuenta que la Corte sólo podrá enjuiciar una pequeña parte de los responsables de este tipo de crímenes graves, es importante que la Fiscalía seleccione los casos con un mayor impacto, para transmitir a la población del país que de algún modo se está impartiendo justicia. Y para ser efectivos, las actividades de divulgación y los programas especializados para las víctimas de la Corte deben llegar a una audiencia mucho mayor y no solo a las víctimas directas de los casos que forman parte de la acusación.

Expandir el ámbito de las investigaciones en Costa de Marfil este año podría marcar un nuevo capítulo en la historia. En los países donde la CPI desarrolla sus investigaciones hay indicios de que los oficiales de la CPI—quienes han llevado a cabo verdaderos esfuerzos para lidiar con los problemas de desarrollo de la Corte—están investigando nuevas vías para incrementar el impacto de sus actividades. Un compromiso político más firme para consultar a las víctimas y una estrategia de investigación no concluyente de parte de la Fiscalía, así como el compromiso de escuchar a ambas partes del conflicto, como se está haciendo en la República Centroafricana, son promesas reales. También son esenciales las reformas planeadas en la Secretaría para impulsar sus actividades sobre el terreno.

El bajo impacto del trabajo de la CPI no sólo radica en las malas lecciones o en una mala estrategia. También es culpa de la falta de recursos. La Fiscal de la CPI ha mencionado la necesidad de lidiar con casos de otros países con recursos limitados para explicar el retraso en la apertura de nuevas líneas de investigación en Costa de Marfil. Esto parece ser un desafío permanente para la Fiscalía que trabaja actualmente en ocho países. El financiamiento de las actividades de divulgación de la Corte en todos los países donde ejerce sus actividades no parece compatible con las necesidades de la misma.

Los Estados Partes a la CPI se han mostrado reacios a incrementar su presupuesto. Esto no es llamativo teniendo en cuenta los problemas financieros de sus gobiernos a nivel nacional. Los recursos de la CPI siempre serán limitados, los funcionarios de la Corte deberán tomas decisiones más estratégicas. Probablemente, en Costa de Marfil podrían haberse tomado otras decisiones a pesar del limitado presupuesto con el que contaban.

La cantidad de pedidos de justicia y la excesiva carga de trabajo de la CPI demuestra que Corte no podrá brindar la justicia que las víctimas y comunidades afectadas merecen a menos que se incrementen los recursos en las áreas más importantes. Si los funcionarios de la CPI hacen su trabajo priorizando el impacto local, los Estados Partes a la CPI deberían demostrar su intención de financiar a una Corte que realmente lleve justicia allí donde realmente importa—en los países donde se cometen las atrocidades.

Este artículo se publicó en OpenDemocracy.

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