Ampliar el alcance de la justicia internacional de la CPI es fundamental para su éxito

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Vista panorámica del Consejo de Seguridad de la ONU. Ⓒ UN Photo/Loey Felipe

En este artículo de openDemocracy, James A. Goldston, director de la Open Society Justice Initiative, señala que aún queda mucho trabajo por hacer para resolver las desigualdades resultantes de impartir una justicia universal desigual.

La lluvia de críticas hacia el gobierno sudafricano este verano por su cuestionar la orden de arresto contra Omar Al Bashir, acusado por la Corte Penal Internacional (CPI), ha sacado a la palestra un rompecabezas que ha estigmatizado al movimiento de la justicia internacional desde sus orígenes: ¿cómo suministrar una justicia imparcial por crímenes graves en un mundo con poderes tan desiguales?

En estos últimos meses, he tenido el privilegio de formar parte de una serie de apasionados debates sobre la CPI en Johannesburgo, Río de Janeiro y Jerusalén. Muchos activistas defensores de la creación de la CPI están preocupados por la cantidad de personas que consiguen escapar de sus obligaciones. O, como más de uno manifestó de forma rotunda: “¿Porqué la CPI ha acusado a Bashir y a otros líderes africanos, pero no a otros líderes, como [el ex presidente de los EE.UU George W.] Bush y [el ex Primer Ministro británico Tony] Blair”, por crímenes ocurridos en su ansiada guerra de Irak y la “guerra global contra el terror”?

Aunque esta pregunta pueda sonar extravagante en Washington o Londres, es considerada normal en muchas otras capitales.

 Hay, por supuesto, una respuesta “legal” al argumento de Bush/Blair. EE.UU no es un Estado Parte a la CPI. Por lo que, en ausencia de una remisión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde EE.UU tiene poder de veto, sus funcionarios no pueden ser objeto de la jurisdicción de la Corte. Y la Corte está, de hecho, investigando los crímenes presuntamente cometidos por las tropas inglesas en Irak, relacionados con cerca de 60 casos de ejecuciones extrajudiciales y el maltrato de 170 detenidos.

Pero estas respuestas, técnicamente admisibles y apropiadas, no explican de forma satisfactoria porqué el sistema de justicia internacional es normalmente tan poco objetivo al señalar a algunos pero no a otros, que son (al menos en principio) igual de culpables. EE.UU está legal y moralmente obligada a perseguir a los responsables del crimen de tortura o desaparición forzada, incluyendo al personal de la administración Bush. Hasta la fecha, ha fracasado estrepitosamente.

Sería un agravio sugerir que no habrá justicia para nadie hasta que no haya justicia para todos. Pero la verdad es que las críticas por la hipocresía de la justicia debilitan la lucha contra la impunidad por crímenes graves. Debemos estar atentos o podríamos perder todos los avances conseguidos en los últimos 25 años.

Los defensores de la justicia deben hacer más para romper las barreras actuales, tanto políticas como judiciales, que limitan a la CPI. No es suficiente con recordar que la mayor parte de las investigaciones de la CPI se centran en casos africanos porque los Estados africanos invitaron a la Corte a intervenir o porque el Consejo de Seguridad le pidió a la Corte que actuase. A falta de un mayor impulso para extender el alcance de la Corte, el mantra de que “la Corte sólo cumple con el derecho en base a las pruebas” empezará a sonar vacío.

La sociedad civil debería impulsar a la CPI para que explorase todas las posibles vías de investigación en las situaciones dentro de sus límites—como Afganistán, Georgia y Ucrania—donde los ejércitos de las mayores potencias mundiales (EE.UU o Rusia) están presuntamente implicados. Y en especial los americanos pueden recordarle a Washington que, a pesar de no ser un Estado Parte, puede jugar un papel constructivo de muchas maneras.

Primero, la CPI está ahora examinando la situación en Israel y Palestina. Israel tiene de facto el poder de denegar a los investigadores de la Corte el acceso a Palestina. Washington debería reclamar tanto a las autoridades israelíes como a las palestinas, como ha hecho previamente con los gobierno de Kenia u otros gobiernos africanos, que cooperen con la Corte y faciliten la investigación a ambos lados. No se puede concebir una investigación de la CPI para satisfacer intereses propios.

Segundo, como Estado permanente del Consejo de Seguridad, EE.UU, como China y Rusia, tiene la moralmente insostenible posición de moldear la lista de casos ante la CPI a pesar de  no formar parte de la misma y de que sus ciudadanos no estén sujetos a su jurisdicción. EE.UU no se unirá a la Corte en un corto plazo. Tampoco se reformará el Consejo, a pesar de los pedidos recientes. De todas formas, EE.UU podría dar un importante paso de respaldar la reciente propuesta de Francia que pide a los restantes Estados permanentes del Consejo de Seguridad no hacer uso de su poder de veto en el caso de tratar atrocidades en masa.

Y quizás más importante aún, EE.UU debería mostrar su voluntad de cumplir con las leyes internacionales.

Otro objetivo difícil, pero no imposible, para los EE.UU es el de persuadir al Consejo revisitar Siria y Corea del Norte. Como mínimo, el Departamento de Estado podría apoyar la petición de la Asamblea General de la ONU, en la cual los Estadoos del P5 no cuentan con poder de veto, para que los otros tribunales de La Haya – la Corte Internacional de Justicia –consideren qué vulneraciones del derecho internacional humanitario se han cometido en Siria y Corea del Norte y qué Estados u otros actores serían los responsables.

Reconociendo el hecho de que la CPI sólo puede abordar una parte de los crímenes graves cometidos, los EE.UU debería impulsar a nivel nacional la rendición de cuentas de los autores de este tipo de crímenes y alentar a los jueces y fiscales nacionales a llevarlos ante sus tribunales. En el pasado, Washington respaldó de forma exitosa iniciativas de este tipo en Guatemala, la República Centroafricana y Sudán del Sur. Pero puede y debe hacer más.

Pero, sin lugar a duda, la cuestión fundamental radica en que los EE.UU debe demostrar su voluntad de no sólo de decirles a los demás cómo cumplir la ley, si no predicar con el ejemplo. Dos acciones podrían tener particular impacto a la hora de restaurar la legitimidad de EE.UU en el resto del mundo. Primero, enjuiciar a los funcionarios responsables de autorizar las torturas y desapariciones forzosas a raíz del 9/11. Y segundo, aprobar y aplicar una política sobre los ataques letales con drones, que se reconozca abiertamente, y se prevea proporcionar compensaciones económicas por las muertes civiles que de la misma resulten.

Las dos últimas décadas han sido testigos de la creación de una estructura de justicia internacional, creada con prisas, que descansa sobre un marco político desigual. Como ex Presidente de la CPI Song declaró que, la Corte es “una institución judicial que opera en un mundo político.”

Pero hasta que las incoherencias entre los desequilibrios de los poderes políticos y el nivel judicial sobre el terreno sean evidentes, la misión de la CPI y la causa de la justicia global que simboliza, estarán amenazadas. La misma intensidad que provocó en la sociedad civil el deseo de liderar la creación de la CPI parece amparar las desigualdades que frustan su misión. “Ya no es posible conformarnos con nuestros logros”, me comentó un activista africano este verano; “tenemos que mostrar a la gente que la ley puede trabajar para ellos, y no sólo en favor de los poderosos.”

Por James A. Goldston, director de la Open Society Justice Initiative.

Este artículo se publicó por primera vez en openDemocracy.

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