Es necesario mejorar la participación de las víctimas en el caso de la CPI contra Ongwen

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Dominic Ongwen en su primera comparecencia el 26 de enero de 2015 en la Corte Penal Internacional en La Haya © ICC-CPI

En este artículo del Humanity United, Jeanne Elone de TrustAfrica escribe sobre la participación de las víctimas en la CPI y cómo ésta puede incrementarse en el próximo caso contra Ongwen. En esta pieza, Elone afirma que al analizar el caso contra Lubanga, se desprende que las víctimas podrían haber tenido mayores oportunidades de influir y brindar información clave para los procedimientos.

Cuando Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), la primera mujer en asumir este cargo, dio su primer discurso, habló apasionadamente sobre la necesidad de situar a las víctimas de este tipo de crímenes en el centro del debate de los procedimientos judiciales: “Lo que más me ofende cuando oigo críticas sobre la supuesta obsesión de la Corte por África es lo rápido que prestamos atención a la propaganda utilizada por personas con inluencia, y cómo nos olvidamos de las millones de personas anónimas que han sufrido por sus crímenes”, dijo: “soy una persona a la que le preocupan las víctimas. Quiero que las víctimas sepan que van a ser escuchadas.”

La participación de las víctimas es, sin ninguna duda, un elemento fundamental a la hora de hacer justicia, y ahora es momento de centrarse en Uganda y en los preparativos de la CPI para la apertura del juicio contra Dominic Ongwen. ¿Confirmará el caso contra Ongwen las dudas de los escépticos de la CPI que afirman que la Corte es incapaz de dirigir un juicio justo que a la vez responda a las prioridades y preocupaciones de las víctimas? ¿Podrá este caso reparar la imagen de la Corte, no sólo a ojos de los expertos legales sino de las víctimas y comunidades afectadas que tantas veces se han visto decepcionadas en el pasado?

Los primeros diez años de la Corte no han sido perfectos. Ha recibido cientos de críticas acusándola de no ser objetiva y de actuar con prejuicios a la hora de elegir los casos. Se le ha acusado también de fracasar en la protección de testigos, de investigar situaciones inadecuadas y de una mala estrategia por parte de la Fiscalía. Estas críticas han empañado la imagen de la Corte, pero también es cierto que gracias a ellas, la Corte ha conocido sus errores y, siendo optimistas, podrá corregirlos en el futuro. Las conclusiones del primer juicio de la CPI contra Thomas Lubanga en 2011 nos brinda un ejemplo muy útil sobre las cosas que funcionan y no funcionan en el contexto del continente africano.

Centrándonos en la cuestión de la participación de las víctimas en los procesos judiciales de la CPI, hay numerosas lecciones que pueden deducirse del caso contra Lubanga y que pueden ser mejoradas en el juicio contra Ongwen.

Desafío # 1: Alcance limitado de los cargos

Una de las mayores críticas en el caso de Lubanga fue la elección de  los cargos por parte de la Fiscalía, que se centró en el reclutamiento de niños soldados y excluyó otra gran variedad de actos criminales. A lo largo del juicio, los testigos repitieron una y otra vez la existencia de violaciones y el uso de la violencia sexual por parte del acusado y sus tropas, pero estos actos no se incluyeron en el juicio final dado que no formaban parte de los cargos por los que se acusaba a Lubanga. De hecho, la Corte rechazó un intento de varios abogados defensores de las víctimas para ampliar de forma indirecta los cargos, al intentar incluir la violencia sexual y de género a los cargos iniciales.

Para los legos en derecho, es importante entender que la estrategia de la Fiscalía es una cuestión compleja, pues tiene que tratar de distinguir entre los hechos “probables” y los “hechos probados.” A pesar de esto, el proceso judicial debe abarcar, teóricamente, toda la gama de crímenes, presuntamente cometidos, aunque esto no suele ocurrir en la práctica. En el juicio de Lubanga, el equipo de la Fiscalía estaba muy presionado en centrarse en los cargos sobre los que existiesen pruebas irrefutables para construir un caso sólido.

El caso de Lubanga servirá de ejemplo del inherente dilema al que tiene que enfrentarse la Corte: ¿Es mejor construir un caso limitado pero sólido en cuanto a los cargos o debe la Fiscalía esperar hasta que existan pruebas suficientes que muestren la variedad y amplitud de los hechos presuntamente cometidos? La amplitud de cargos presenta dos desafíos fundamentales: por un lado la cantidad de pruebas necesarias para probar todos los cargos y por otro, el tiempo que se consume en obtenerlas. La CPI  ha sido muy criticada por enjuiciar casos poco sólidos y perderlos, pues la obtención de pruebas firmes y definitivas supone un largo y costoso camino. Es más, la propia naturaleza de las investigaciones ha decepcionado a las víctimas y a las comunidades afectadas, muchas de los cuales vieron cómo sus personas más queridas morían esperando que se hiciera justicia.

Algunos defensores de la labor de la Corte siguen argumentando que el propio hecho de presentar cargos contra los autores de tales atrocidades ya tiene un valor significativo, más allá del resultado final del juicio. Sin embargo, el efecto disuasorio de la Corte se basa en su propia habilidad para analizar la responsabilidad tras los crímenes más graves y su capacidad para llevar a sus responsables ante el tribunal. En última instancia, es la Fiscalía la que tiene la difícil tarea de llevar a cabo esta labor. Sólo nos queda esperar que en el caso de Ongwen, la Fiscalía preste más atención a estas preocupaciones y pueda estar a la altura de las expectativas creadas.

1º Lección # 1: Compromiso previo al juicio

El juicio contra Lubanga nos ha enseñado que la fase previa al juicio es la etapa que representa mayores oportunidades para que las víctimas y las comunidades afectadas influyan en las posteriores actuaciones judiciales. Esta primera fase muestra la estrategia legal que se va a seguir durante el juicio, conocerla representa una importante ventaja ya que permite convocar y movilizar a las víctimas y comunidades afectadas con mayor antelación para que puedan ser tenidas en cuenta antes de la fase de confirmación de cargos.

Otra importante lección que podemos extraer del caso de Lubanga es que los fiscales deben hacer todo lo posible para presentar los cargos que mejor representen la variedad de crímenes sufridos por las víctimas. Esto significa que la Fiscalía necesita trabajar continuamente y de cerca con los grupos de víctimas antes de juicio para poder entender la extensión de los presuntos crímenes cometidos. Además, la Corte necesita establecer unas directrices claras sobre el umbral necesario de pruebas requeridas para acusar a una persona para evitar de esta manera los casos menos sólidos que debilitan la imagen de la Corte.

En el caso contra Ongwen, actualmente ante la CPI, la Fiscalía ya ha adoptado una serie de medidas para mejorar su relación con las víctimas y comunidades afectadas. En particular, la consulta de las víctimas permitirá a la CPI retrasar la apertura del juicio seis meses para continuar recabando pruebas en el caso contra Ongwen. Esto debería permitir a los grupos de víctimas ver que la justicia se cumple en una fase más temprana y poder influenciar en el alcance de los cargos que finalmente se presentarán contra el acusado, ya que es poco probable que una vez iniciado el juicio se amplíen los cargos contra el acusado. Esto no quiere decir que los grupos de víctimas lo vayan a tener fácil. Por ejemplo, se ha rechazado recientemente una petición de la Fundación de las Víctimas de Uganda. De todas formas, hemos avanzado en comparación con el caso Lubanga, y todavía queda tiempo para que las víctimas presionen y se las tenga en cuenta antes del comienzo del juicio.

Desafío # 2: La participación de las víctimas

Una de las mayores novedades de la CPI es su artículo 68(3), que prevé la participación de las víctimas en los procesos judiciales. Esta previsión generó muchas expectativas entre las víctimas que volcaron sus esperanzas en la Corte, cuando los tribunales nacionales no querían o no podían proporcionarles la justicia merecida. Sin embargo, en la práctica, las víctimas han experimentado numerosos contratiempos y retos en sus interacciones en La Haya.

Las víctimas en el caso de Lubanga expresaron en el juicio su frustración por la duración del mismo, se tardó 2 años y medio en alcanzar un veredicto. Con el tiempo, las víctimas que habían participado en la obtención de pruebas y en la búsqueda de lo que verdaderamente ocurrió se fueron desilusionando con el proceso. Las que pudieron participar en el juicio se vieron sometidas a numerosos retrasos por las fallas de la fiscalía a la hora de exponer las pruebas halladas. La mala impresión de los retrasos se añadió a la angustia vivida por muchas de ellas, que eran testigos por primera vez. 

2º Lección # 2: Comunicación, actividades de divulgación y supervisión de los juicios

Se han corregido muchos factores para facilitar la participación de las víctimas en los procesos de la CPI. Entre ellos, se han mejorado la comunicación y las actividades de divulgación de la Unidad de Víctimas y Testigos y la jurisprudencia relativa a la participación de las víctimas ante la CPI. Recientemente, el desafío de la participación de las víctimas ante la CPI subrayó la necesidad de crear plataformas para aumentar la participación efectiva de las víctimas en los procesos judiciales.

Por ejemplo, en el caso contra Ongwen, se ha discutido la posibilidad de celebrar el juicio en Uganda, para asegurar la cercanía del juicio a las personas y comunidades afectadas, y permitir una participación más completa y eficaz de las diferentes partes interesadas. A pesar de que los procesos in situ suponen un verdadero desafío, en términos de logística, recursos y protección de testigos, suponen el cumplimiento de una premisa fundamental de la Corte que fue creada para cubrir las expectativas y esperanzas de las víctimas. Más allá de los riegos que suponen los juicios in situ, quizás merezca la pena el esfuerzo si ayuda a legitimar los procesos judiciales y permite que se haga justicia.

Otra posibilidad para involucrar directamente a las víctimas y a sus comunidades en los procesos judiciales que se celebran en La Haya es facilitar mecanismos de visualización remota del juicio y crear plataformas de víctimas para que compartan sus opiniones con respecto al proceso que se celebra a miles de kilómetros a distancia de dónde los crímenes fueron cometidos. Se verá si estas opciones para incrementar la participación de las víctimas llegan a adoptarse en el caso contra Ongwen.

Desafío # 3: La problemática figura de los mediadores

El caso de Lubanga es quizás uno de los más infames por lo que se refiere a acusaciones a la figura de los intermediaros (ONG, abogados, periodistas y líderes de comunidades) entre la Corte o las comunidades afectadas. Durante el juicio, los abogados defensores de Lubanga acusaron a la Fiscalía  de subcontratar intermediarios que a su vez pagasen a testigos para prestar falso testimonio ante la Corte. La defensa argumentó que los intermediarios eran personas de las que se tenían pocos conocimientos y por lo tanto conformaban investigadores no creíbles. A pesar de eso, quedó claro que los intermediarios formaban parte integral del trabajo de la Corte, que no dispone del personal suficiente para entrevistar y tomar declaración a todos los testigos posibles a lo largo de todo el mundo.

3 Lección # 3: Directrices de las ONG

La figura de terceros formando parte de las investigaciones y enjuiciamientos de la CPI ha sido objeto de estudio por parte de un grupo de trabajo (formado por personas de diferentes órganos de la Corte) al que se le encargó elaborar Directrices claras sobre el papel de los intermediarios en los procesos de la CPI. Las directrices están en su última fase y se espera que se hagan públicas a finales de año. Se espera que a través de estas directrices se facilite el trabajo de estos intermediarios y se mejore su eficacia y transparencia para futuros casos ante la CPI.

Conclusión 

Una última lección derivada del caso Lubanga es la necesidad de considerar el legado de cada caso desde el primer momento. Esto implica conceptualizar todas las diferentes fases del proceso judicial en torno a su impacto a largo plazo en todas las personas interesadas en el mismo, entre las que se incluyen a las víctimas, intermediarios, profesionales del derecho, no sólo a nivel regional sino también a nivel internacional. En Uganda, los procesos ante la CPI no pueden ser entendidos sin tener en cuenta el presente debate nacional sobre paz, justicia, reparación y reconciliación.

Los distintos mecanismos analizados proporcionan nuevos medios para asegurar que el hecho de que un proceso judicial se desarrolle en La Haya no aleje a las comunidades y víctimas afectadas que pueden beneficiarse de estos mecanismos para aumentar su peso en los juicios que las afecten.

Por Jeanne Elone, Directora del programa de Justicia Internacional, TrustAfrica.

Este artículo fue publicado en Humanity United.

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