AEP 14: Negociando el presupuesto de la CPI para 2016

ICC BUDGET2016(2)

Antes de que comience la 14° AEP esta semana, los gobiernos están negociando el presupuesto de la Corte Penal Internacional para 2016. ¿Qué es lo que está pidiendo la CPI y qué es lo que probablemente consiga?

Conceptos básicos sobre el presupuesto de la CPI

Los Estados Partes al Estatuto de Roma pagan una contribución anual a la CPI sobre la base de su producto bruto interno. La Secretaría de la CPI coordina el proyecto inicial del presupuesto de la Corte, junto con otros órganos de la CPI. El presupuesto propuesto es sometido al Comité de Presupuesto y Finanzas (CPF), un órgano independiente y subsidiario de la AEP.

Evaluar las necesidades económicas de una institución de justicia penal internacional única como la CPI es una tarea sumamente complicada.

EL CPF es un órgano experto independiente responsable de realizar un análisis técnico de cada uno de los documentos presentados a la Asamblea con implicancias presupuestales o financieras. La Asamblea también remitirá al CPF cualquier otro asunto de naturaleza financiera, presupuestaria o administrativa. Durante sus reuniones bianuales, el CPF considera y realiza recomendaciones sobre los recursos solicitados por la CPI para cumplir con sus diversas necesidad investigativas, procesales y organizacionales, así como con sus obligaciones respecto a acusados y víctimas. El CPF está compuesto por 12 miembros, nominados y elegidos por la AEP, en función a una representación geográfica equitativa. África, Asia, Europa del Este, Latinoamérica y el Caribe tienen designados dos miembros del Comité cada uno. Europa occidental y Otros Estados tienen cuatro puestos entre los dos. Al cierre de su reunión de otoño, el CPF brinda recomendaciones sobre el presupuesto propuesto de la CPI para el año siguiente.

La aprobación final del presupuesto de la Corte se debate en la sesión anual de la AEP.

La sociedad civil ha promovido en todo momento que los Estados conceda a la CPI los fondos necesarios para que pueda cumplir con su mandato.

Presupuesto de la CPI solicitado para 2016

El presupuesto de la CPI propuesto para 2016 asciende a €153,32 millones. Este monto representa un adicional de €22,66 millones o un incremento de 17,3% con respecto al presupuesto aprobado para el año 2015 e incluye fondos para cubrir investigaciones y procesamientos adicionales.

  • La Fiscalía ha solicitado un aumento de €6,47 millones (16,4 %), monto que cubre una nueva investigación activa (€3,4 millones) y el caso del comandante del Ejército de Resistencia del Señor, Domenic Onwgen (€1,2 millones).
  • La Secretaría ha solicitado, por su parte, un incremento de €16,91 millones (26%) para cubrir:
    • Calidad sostenida y nivel de servicios requeridos por las partes en los procesos (€5,6 millones, esto incluye €2,7 millones para operaciones sobre el terreno y €2,1 millones para el apoyo y la protección de testigos),
    • Apoyo a las actividades de los tribunales para los juicios en vivo (€2,5 millones),
    • Apoyo legal para los acusados indigentes y testigos participantes (€3 millones),
    • Mantenimiento y funcionamiento de los nuevos locales permanentes (€3,5 millones),
    • Aumento de los gastos del personal (€1,2 millones) y apoyo a la audiencia de confirmación de cargos de Domenic Ongwen (€600.000).
  • El aparato judicial solicitó un incremento de €670.000 (5,6%).
  • El Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas solicitó un incremento de €663.400 (36,5%), vinculado principalmente a acciones vinculadas con las reparaciones.

Sin embargo, luego de recibir reacciones negativas de los Estados al incremento del 17%, se le pidió a la Corte presentar una propuesta alternativa para cumplir con las actividades de su mandato de una forma más efectiva en lo que respecta a costos. Posteriormente, la Corte presentó una propuesta que fue considerada por el CPF, en base a la cual el Comité recomendó a la AEP aprobar un presupuesto de €139,96 millones para 2016, lo que representa un incremento total de 7% con respecto al presupuesto de la Corte para 2015. Este monto es sustancialmente menor al 17,3% solicitado inicialmente por la Corte.

Recomendaciones del CPF respecto al presupuesto de la Corte para 2016

El CPF recomienda a la Asamblea aprobar el presupuesto de €139,96 millones para 2016, lo que refleja un aumento de €9.295.000 en comparación con el presupuesto aprobado para 2015, que se desglosa de la siguiente manera:

  • La Fiscalía: El CPF recomienda aprobar un incremento de €3.839.400
  • La Secretaría: El CPF recomienda aprobar un incremento de €7.635.100
  • El aparato judicial: El CPF recomienda aprobar un incremento de €429.900
  • El Fondo Fiduciario en Beneficio de las víctimas: El CPF recomienda aprobar un incremento de €72.600

Aunque la Coalición no toma posición sobre la suma específica de recursos que deben asignarse a la CPI en un determinado año, alienta a los Estados Parte a considerar el informe del CPF y sus recomendaciones como el enfoque mínimo de sus discusiones sobre el presupuesto. Los Estados Parte deben oponerse a limitar arbitrariamente el presupuesto de la Corte para 2016 dado que podría perjudicar la capacidad de la CPI para impartir justicia. La falta de recursos es un serio impedimento para el óptimo funcionamiento de la CPI.

Estados en mora

La cuestión de los Estados en mora – o los Estados que todavía no han pagado el total de sus contribuciones a la CPI – tiene un impacto en el trabajo de la Corte en tanto esta no puede acceder al total del presupuesto asignado. La AEP discute este tema a lo largo del año, en un grupo independiente dentro del grupo de trabajo de Nueva York dirigido por Slavomir Kantor (Eslovaquia). En el informe borrador de la Mesa sobre los Estados morosos, se señaló que para octubre de 2015, la Corte aún no había recibido €38 millones o el 30% de las contribuciones de 2015. En comparación, las contribuciones pendientes para la misma época el año pasado, solo llegaron a €9,5 millones. Adicionalmente, el total de contribuciones pendientes de todos los Estados Partes desde el año 2002, ascienden a un adicional de €8.151.645.

Discusión sobre el establecimiento de un paquete financiero

Ya en 2014, el Equipo de Presupuesto y Finanzas de la Coalición, expresó su profunda preocupación respecto a una recomendación del CPF según la cual “los Estados Partes consideran si se debe establecer un objetivo o paquete financiero en cada Asamblea capaz de definir en forma anticipada los límites para el presupuesto del año siguiente al inmediatamente posterior”. Seguir esta recomendación implica el riesgo de que el proceso para determinar el presupuesto de la CPI sea dirigido no por la necesidad de recursos de la CPI, sino por cuánto están dispuestos a pagar los Estados Partes. Este enfoque es absolutamente inadecuado, tomando en cuenta la fluctuación en la carga de trabajo de la CPI, e inconsistente con la importante práctica de la Asamblea de decidir el presupuesto lo más cerca posible del inicio del año financiero.

Si los Estados Partes adoptan el enfoque recomendado, considerarían el objetivo financiero con más de un año de anticipación respecto al periodo del presupuesto. Más aun, existe un peligro real de que este enfoque pueda ser utilizado para favorecer los esfuerzos de una minoría de Estados que buscan imponer un crecimiento nominal cero sobre el presupuesto de la CPI. En todos los casos, la CPI no podría tener la flexibilidad que necesita para expandir su trabajo cuando precise responder a la impunidad. En efecto, si se adopta este enfoque y la CPI decide solicitar más recursos para actividades que no están en su propuesta, los Estados Partes que puedan estar políticamente en contra de dichas actividades podrían recurrir al uso de estos objetivos como una justificación para bloquear las nuevas actividades.

En su propuesta de 2014, el Equipo de Presupuesto y Finanzas de la Coalición pidió a los Estados Parte del grupo de trabajo de La Haya que demostraran expresamente su rechazo a esta recomendación y continuaran decidiendo el presupuesto anual en función a la necesidades presupuestales de la CPI a través de un proceso transparente con garantías efectivas en contra de la politización del mismo. Una vez más, las discusiones de 2015 se han dirigido a un objetivo o paquete financiero y la sociedad civil ha vuelto a resaltar las desventajas de dicho enfoque.

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