14 AEP: La efectividad de la justicia internacional es una responsabilidad que debe ser compartida

Effective justice is a shared responsibility
En un contexto mundial donde hay cada vez más pedidos de justicia por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocido en todo el mundo, los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) se reúnen esta semana para reconocer la responsabilidad compartida por todos a la hora de hacer efectiva la justicia internacional, expresó esta semana la Coalición de la Corte Penal Internacional.

Del 18 al 26 noviembre, se celebra en La Haya la 14º sesión anual de la Asamblea de los Estados Partes (AEP)—el órgano de gobierno de la CPI que hoy cuenta con 123 Estados Partes. La sociedad civil global que se reúne en la Asamblea pide a los gobiernos que empoderen diversos aspectos del sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma. Entre las cuestiones más relevantes que se tratarán en esta Asamblea se encuentran la cooperación entre los Estados y la CPI y la eficiencia y efectividad de los procesos de la CPI y de los enjuiciamientos nacionales, incluyendo el enjuiciamiento de los crímenes relacionados con la violencia sexual y de género.

“La CPI está adoptando las reformas necesarias para fortalecer las investigaciones y enjuiciamientos, abordar los crímenes sexuales y de género, agilizar los procesos, llevar la justicia a las comunidades afectadas y optimizar los procesos administrativos,” dijo William R. Pace, coordinador de la Coalición por la CPI. “Pero los gobiernos que se reúnen en la 14º AEP deben reconocer que la tarea de hacer efectiva la justicia internacional es una responsabilidad compartida. Por un lado, los Estados mejoran la CPI y por otro, detienen a la Corte. Las limitaciones presupuestarias, los fracasos en los arrestos de fugitivos aislados, y los escasos acuerdos voluntarios y enjuciamientos nacionales, todos ellos contribuyen a retrasar la administración de justicia.”

Los Estados Partes a la CPI tienen la responsabilidad primaria de investigar y enjuiciar a los autores de crímenes graves a nivel nacional, una característica propia del Estatuto de Roma conocida como complementariedad.

“La CPI no podrá asumir todos los posibles casos que puedan presentarse ante ella. Por ello, los gobiernos deben comprometerse en la AEP a llevar a cabo más enjuiciamientos nacionales contra los autores de crímenes graves y hacer de esta manera más efectivo el sistema de la justicia de la CPI”, comentó Oby Nwankwo, director ejecutivo del Centro de Desarrollo de Recursos y Documentación de Nigeria. “Con un debate especial sobrejuicios e investigaciones de crímenes sexuales y de género en la Asamblea, los Estados pueden tomar posición de forma clara a favor de la erradicación de este atroz arma de guerra.”

Los gobiernos también decidirán el presupuesto de la CPI para 2016. La Corte propuso un presupuesto de €153,32 millones para 2016 para cubrir investigaciones y enjuiciamientos adicionales—un incremento de €22,66 millones (17,3%) del presupuesto de la Corte aprobado para 2015. Sin embargo, un órgano financiero subsidiario de la AEP ha recomendado que la Asamblea apruebe un presupuesto de €139,96 millones para 2016—un incremento de €9,295 millones (7 %) con respecto a 2015.

“Los recursos de la CPI están por debajo de lo que se estima necesario para mantener la paz y las expectativas de justicia. Con algunos Estados insitiendo en un crecimiento nulo en el presupuesto de la Corte parece no haber voluntad para llegar a un acuerdo que pueda cubrir los recursos necesarios para asegurar que la CPI cumpla con los pedidos de justicia que se le presentan”, comentó Elizabeth Evenson, asesora senior de justicia internacional en Human Rights Watch. “Los Estados Partes deberían considerar de forma cuidadosa las consecuencias futuras de fijar el presupuesto de la Corte del próximo año. Deberían trabajar de forma conjunta con los funcionarios de la CPI y abrir un diálogo sobre los recursos necesarios a largo plazo para acanzar la capacidad necesaria para llevar justicia a las víctimas.”

La sesión anual de la AEP es una gran oportunidad para poner las preocupaciones de las víctimas, como su participación en los procesos de la Corte y las reparaciones, en el centro de los debates de la CPI.

“Es necesario que los Estados Partes proporcionen a la CPI el apoyo diplomático y financiero que precisa dado que la Corte espera expandir su alcance. Las víctimas de crímenes bajo la jurisdicción de la CPI no merecen menos”,dijo Shawan Jabarin, vicepresidente de la Federeación Internacional de Derechos Internacionales y director de Al Haq.

“Es imprescindible que la CPI y los Estados Partes se comprometan a incrementar la presencia de la Corte sobre el terreno y sus actividades de divulgación, ya que es una de sus carencias en el pasado”, dijo Alison Smith, directora del programa de justicia internacional en No Peace Without Justice. “Los actuales esfuerzos emprendidos por la Secretaría de la CPI para empoderar la presencia de la Corte sobre el terreno son cruciales para asegurar un impacto positivo y útil entre las víctimas y las comunidades afectadas en los países en los que trabaja. Pero hay un riesgo real de que no se cuente con los fondos necesarios para lograr sus objetivos. Los Estados presentes en la 14º AEP deben respaldar una CPI cuyo elemento central sean las propias víctimas”.

Lo Estados Partes han solicitado añadir tres ítems adicionales para tratar en la agenda de la 14º AEP, uno de Sudáfrica y dos de Kenia. Mientras la Coalición en su conjunto no tiene una posición al respecto a estos tres pedidos adicionales para la agenda, varios miembros de la Coalición han expresado en contra de su inclusión ya que podrían interferir sobre algunos de los casos ante la CPI e impactar sobre la independencia de los procesos.

En esta sesión de la AEP, también se llevarán a cabo varias elecciones de tres órganos diferentes, la Junta Directiva del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, el Comité de Presupuesto y Finanzas, y el Comité para la Nominación de Magistrados. La sociedad civil monitorea estas elecciones para asegurar que sean transparentes, justas y conlleven a la elección de los candidatos mejor calificados.

ANTECEDENTES

La CPI es el primer tribunal internacional permanente que tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, de lesa humanidad y el genocidio. Un elemento esencial del mandato de la Corte es el principio de complementariedad, que enuncia que la Corte solo podrá intervenir si los sistemas legales nacionales no tienen capacidad o la voluntad para investigar o enjuiciar a los autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra.

Hay nueve investigaciones activas ante la CPI: la República Centraofricana I y II; RDC; Darfur, Sudán; Kenia; Libia; Uganda; Costa de Marfil y Mali. Hay pendiente una investigación en Georgia. La CPI ha emitido 33 órdenes de arresto y nueve citaciones para comparecer. Están en marcha tres juicios. Ha habido dos condenas y una absolución. Son siete los exámenes preliminares en marcha, entre los que se encuentran las situaciones en Afganistán, Colombia, Guinea, Palestina, Irak, Nigeria y Ucrania. La Fiscalía ha terminado los exámenes preliminares de Honduras, Venezuela, Palestina, la República de Corea y la remisión de Comoros, rechazando en cada una de ellas proceder a abrir una investigación.

QUÉNES SOMOS

La Coalición por la Corte Penal Internacional es una red de 2.500 organizaciones de 150 países de todo el mundo que trabajan conjuntamente con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional con la CPI; abogar por una Corte justa, efectiva e independiente; hacer que la justicia sea tanto visible como universal y fomentar leyes nacionales más eficientes para brindar justicia a las víctimas de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Únete a la lucha por una justicia global en coaliciónporlacpi.org.

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