AEP 14: La independencia de la CPI amenazada en su asamblea anual

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La sociedad civil defiende la independencia de la Corte Penal Internacional en la 14º sesión de la Asamblea de los Estados Partes. © Matias Bercovich / CICC

La Coalición por la CPI expresó que en la sesión anual del órgano de gobierno de la Corte Penal Internacional (CPI) se orquestó una campaña política para tratar de influenciar en el juicio contra el Vicepresidente de Kenia, actualmente en curso, y que esto puede sentar un precedente muy peligroso contra la independencia de la Corte para el futuro.

La 14 sesión de la Asamblea de los Estados Partes (AEP) del Estatuto de Roma concluyó el jueves en La Haya con los gobiernos acordando incluir en el informe final de la Asamblea una interpretación de una de las reglas de la CPI sobre el uso de los testimonios de testigos grabados de forma previa al juicio, interpretación que ha sido recurrida en el juicio contra el Vicepresidente de Kenia William Ruto. Esta interpretación, añadida a petición de Kenia, no implica ninguna obligación legal ni para la CPI ni para los Estados. Por lo tanto, la decisión última sobre la interpretación de la regla 68 sigue en manos de los magistrados de la Sala de Apelaciones.

La 14º sesión de la Asamblea de los Estados Partes (AEP) al Estatuto de Roma concluyó por la tarde del jueves 26 de noviembre. Luego de complicadas negociaciones y presiones que duraron toda la semana, la Asamblea incluyó en su informe final texto solicitado por el gobierno de Kenia “afirmando” el uso no-retroactivo de una regla de la CPI enmendada por la AEP en 2012 que permitió el uso de testimonios pre-grabados de testigos en sus procedimientos. Actualmente, hay una apelación pendiente ante la Cámara de Apelaciones de la CPI realizada por la Fiscal de la CPI sobre el uso retroactivo de la Regla 68 en el juicio aún en marcha en contra del vicepresidente keniata William Ruto y el presentador de radio Joshua Sang. Este inclusión en el informe no implica ninguna obligación legal ni para la CPI ni para los Estados. Por lo tanto, la decisión última sobre la interpretación de la Regla 68 sigue en manos de los magistrados de la Cámara de Apelaciones.

“La campaña política para influir en el actual juicio del vicepresidente de Kenia de la que hemos sido testigos es altamente preocupante para la capacidad de la CPI de brindar una justicia equilibrada e independiente”, expresó William R. Pace, coordinador de la Coalición por la CPI. “Con acusaciones infundadas de una parcialidad anti-africana en la CPI y amenazas de retirarse del Estatuto de Roma, el gobierno de Kenia buscó ganar concesiones en la Asamblea para ejercer una presión sobre las decisiones de los jueces de la CPI. A pesar de que reconocemos que muchos Estados respondieron al llamado de la sociedad civil para defender la independencia y la integridad de la CPI, lamentamos que la Asamblea haya cedido a la presión política al referirse oficialmente a la Regla 68 mientras esperábamos un fallo judicial sobre su uso”, continuó Pace. “Los eventos de esta semana muestran una debilidad no de la CPI sino de su Asamblea y establece un peligroso precedente.”

La Asamblea llegó a un acuerdo en materia del presupuesto de la CPI y debatió sobre la cooperación entre los Estados y la CPI, la eficacia y eficiencia de los procedimientos ante CPI, el empoderamiento de la presencia de la CPI sobre el terreno y los enjuiciamientos nacionales, incluyendo los crímenes sexuales y de género.

“La AEP es el lugar en el que los Estados pueden y deben venir a debatir los diferentes caminos para empoderar el sistema de la CPI. Sin embargo, el tiempo, la energía y los recursos que los gobiernos han tenido que dedicar ha sido a costa del progreso de una serie de problemas urgentes que deben solucionarse para que la justicia internacional pueda administrarse de una forma más efectiva y acelerar la justicia en el supuesto de crímenes graves”, añadió Pace. “Los líderes de las delegaciones que adoptaron el Estatuto de Roma en 1998  estarían avergonzados de los actuales delegados gubernamentales de esta Asamblea que amenazaron, en algunos casos socavaron a la CPI a través de una estrangulaciones presupuestarias, otras veces amenazando con la violación de los principios fundamentales del Estatuto de Roma a través de interferencias políticas en los procesos judiciales en curso.”

Campaña de Kenia sobre la regla 68
En 2015, la Fiscal de la CPI utilizó una enmienda de la Regla 68 de las Reglas de Procedimientos y Pruebas de la CPI para presentar el testimonio grabado previamente al juicio de uno de los testigos en el caso keniata. La defensa de Ruto ha cuestionado el uso de esta regla por parte de la Fiscalía, argumentando que lo gobiernos habían acordado al adoptar esta enmienda en la AEP de 2012 que la misma no podría utilizarse de forma retroactiva y por ende era inutilizable en casos que ya habían comenzado.

Ruto está acusado, junto con el locutor de radio Joshua Sang, de haber orquestado diversos crímenes de lesa humanidad durante la violencia post-electoral que azotó a Kenia en 2010-11. El juicio empezó en 2013, pero numerosos testigos de la Fiscalía se han echado atrás. La Fiscal de la CPI alega que están siendo presionados para retirar su testimonio. Los testigos han sido considerados testigos hostiles por los magistrados de la CPI. De todas maneras, la Fiscalía quiere que sus testimonios originales sean tenidos en cuenta en el juicio y que se acepten como prueba.

Al comienzo de la 14º AEP, los gobiernos acordaron en el último momento debatir una propuesta de Kenia para que la Asamblea afirme que la enmienda a la Regla 68 no debía aplicarse en los casos en curso. Tras el debate, en los 8 días siguientes de la Asamblea continuaron las negociaciones para decidir si era correcto incluir la propuesta de Kenia en la denominada Resolución general que se utiliza para contribuir con el fortalecimiento de la CPI y la AEP. Diversas organizaciones de la sociedad civil pidieron a sus gobiernos rechazar la propuesta de Kenia, señalando que en caso contrario se infringiría la independencia judicial de la CPI. Tras el debate, se apremió a los Estados para que asegurasen que no se haría referencia a la interpretación de la enmienda de la Regla 68 en ninguna de las resoluciones formales adoptadas al fin de la Asamblea, argumentando que si se hicieran referencias a ella podrían ser consideradas como una interferencia política sobre un asunto en curso ante la CPI.

Finalmente la Asamblea decidió que incluiría una referencia a la no retroactividad del uso de la Regla 68 en el informe final en el que se resumen los debates mantenidos durante la Asamblea, pero no en la resolución general.

“Una vez más, la Asamblea ha cedido a las presiones de algunos Estados juzgando los casos keniatas ante la Asamblea y no en los tribunales. La primera vez que la Asamblea sucumbió a las presiones fue en 2013, cuando trató la cuestión de la comparecencia de los acusados ante la Corte de manera que fuese conveniente para los intereses de los acusados”, comentó George Kegoro, director ejecutivo de la Kenya Human Rights Commission. “Esto es consecuencia de la primera sumisión de la Asamblea, William Ruto es poderoso y por ello se le permite salir airoso de su juicio mientras que el co-acusado, Joshua Sang, debe comparecer ante la Corte durante el juicio. Nos hemos insensibilizado ante esta práctica que vulnera el principio de igualdad ante la ley, un principio clave del Estatuto de Roma.”

“Hasta la fecha la Asamblea ha distinguido dos caminos. El primero de ellos para los acusados no-poderosos, que continúan sometidos a los órganos judiciales contemplados en el Estatuto de Roma, y el segundo, para los acusados poderosos desde un punto de vista político, juzgados por los órganos políticos del Estatuto de Roma en vez de los órganos judiciales. Desde el punto de vista de un Estado, que haya elaborado y puesto en marcha una legislación nacional efectiva, la Asamblea se ha mostrado débil y hasta en algunos caso, parece haber sucumbido. Esto puede entenderse como una derrota frente a la impunidad, y ya no hay más espacio para la justicia internacional de principios bajo el Estatuto de Roma”, añadió Kegoro. “Complaciendo las exigencias de Kenia, la Asamblea ha sido derrotada en el cumplimiento de su mandato de llevar ante la CPI a aquellos responsables de los crímenes más atroces de la humanidad. La CPI se convertirá ahora en un tribunal para los responsables menos poderosos y no merece la pena seguir apoyando una Corte así. Las víctimas de la violencia post-electoral de Kenia, tantas veces ignoradas por su propio gobierno, han sido traicionadas por la Asamblea.”

“Vinimos aquí para expresar claramente nuestra opinión y defender que la independencia y la integridad de la Corte deben ser valores supremos. No es la primera vez que Kenia presenta demandas conflictivas en el último momento a la Asamblea. Este tipo de comportamiento es totalmente irrespetuoso para con los otros Estados Partes y con sus propias obligaciones con respecto al Estatuto de Roma. Aunque reconocemos que la AEP es un foro para que los Estados debatan cuestiones de especial importancia para la CPI, el único motivo que lleva a Kenia a presentar estas cuestiones de último minuto son razones puramente internas y que no pretenden implementar el sistema del Estatuto de Roma”, declaró Gladwell Otieno, Director ejecutivo, AfriCOG, representante de Kenyans for Peace with Truth and Justice. “Lamentamos la falta de claridad y compromiso del Presidente de la AEP y la Mesa ya que esta discusión no debería haberse llegado ni a plantear. Tanto si Kenia consigue sus objetivos como si no, el daño ya está hecho dado que debería haberse dejado claro que determinadas cuestiones no pueden ser objeto de debate.

La Fiscal de la CPI Fatou Bensouda afirmó formalmente a comienzos de la semana pasada que no existe ninguna base racional para acusar a la CPI de ser antiafricana o de actuar en contra de este continente y consideró que estas acusaciones “tratan de ocultar la verdad y distorsionar la opinión pública sobre qué es la CPI y qué hace.” En la discusión final de la sesión plenaria, el Presidente de la AEP Sidiki Kaba pidió la unidad de todos los Estados Partes y un mayor apoyo a la Corte en la lucha contra los crímenes más graves a nivel nacional o a través de la propia CPI.

La Asamblea también concluyó que se incluiría la referencia solicitada por Sudáfrica para debatir sobre los artículos que excluyen la inmunidad y la cooperación estatal con la CPI.

Empoderando la presencia de la CPI sobre el terreno
“En las negociaciones, no podemos perder de vista el propósito mismo de la CPI: la lucha contra la impunidad por los crímenes más graves. Empoderar las actividades de divulgación de la CPI e implementar de forma efectiva los derechos de las víctimas en los procesos es clave para hacer que la Corte sea importante para las comunidades afectadas”, dijo Shawan Jabarin, Vicepresidente de la FIDH y Director general de Al-Haq.

El presupuesto de la CPI para 2016

Esta Asamblea fijó el presupuesto de la CPI para 2016 en €139.590.600. Esto supone un incremento de €8.925.000 (6,83%) del presupuesto de la Corte de 2015, pero aproximadamente €370.000 menos de lo recomendado por el Comité de Presupuesto y Finanzas de la AEP. La Corte había previsto un incremento de €22,66 millones (17,3%) para cubrir investigaciones adicionales, enjuiciamientos y costes adicionales. La Fiscal de la CPI ha señalado que las restricciones presupuestarias estaban afectando al trabajo y capacidad de su Oficina para investigar la comisión de crímenes graves en numerosas situaciones, incluyendo Costa de Marfil y Libia, entre otras.

“Los Estados Partes a la CPI han aprobado un presupuesto por debajo de lo esperado y requerido por la Corte. Estamos muy preocupados porque la falta de recursos ralentice las investigaciones, tan necesarias, retrasando con ello la administración de justicia a las víctimas”, dijo Elizabeth Evenson, consejera senior de justicia internacional de Human Rights Watch. “La Corte debería hacer todo lo que esté en su mano para asegurar la eficiencia en el uso de los recursos, pero los Estados Partes necesitan rechazar las falsas medidas de ahorro. Deberían trabajar para encontrar soluciones reales para que la Corte pueda contar con los recursos que necesita para poder incrementar la carga de trabajo, en un mundo cada vez más turbulento.”

Elecciones en el Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas
Mama Koité Doumbia ha sido elegida para formar parte de la Junta directiva del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas con 69 de los 77 votos. Es una firma defensora de los derechos humanos y, en la actualidad, Mama Koité es la Presidenta de la Coalición por la CPI de Malí y es Inspectora para la Juventud y Deportes así como Presidenta de la Plataforma en favor de la Mujeres de Malí. Aún queda un puesto vacante en la Junta directiva del Fondo para un candidato de la región de Europa del Este. Se ha alentado a la región a llegar a un candidato de consenso para ocupar esta posición y su elección se hará posteriormente.

Derogación del artículo 124 del Estatuto de Roma
En un movimiento histórico y esperado durante mucho tiempo por la sociedad civil, la Asamblea eliminó formalmente el artículo 124 del Estatuto de Roma.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124, un Estado, al hacerse parte del Estatuto de Roma, podrá declarar que, por un período de siete años a partir de la ratificación, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes de guerra presuntamente cometidos por sus nacionales o en su territorio. Numerosos socios de la Coalición han pedido la eliminación del artículo 124 en los últimos años.

“La derogación del artículo 124 del Estatuto de Roma es un progreso positivo para la justicia internacional ya que era incoherente con el objetivo y el propósito del Estatuto de Roma para “poner fin a la impunidad de los autores de los crímenes más graves y contribuir de esta manera a prevenir la comisión de los mismos,” comentó Jonathan O’Donohue, consejero legal para Amnistía Internacional. “El Estatuto de Roma no debería incluir cláusulas que permitan escapar con impunidad tras la comisión de crímenes graves que afecta a toda la comunidad internacional.”

El rol de la sociedad civil
La Asamblea y el Presidente de la AEP también agradecieron el apoyo y soporte de la sociedad civil a la Corte. La sociedad civil acudió a esta 14º sesión de la AEP de forma multitudinaria, desempeñando un papel vital en la defensa de la independencia de la CPI celebrando numerosos eventos paralelos a la sesión para estar al día en las cuestiones de la agenda, como los derechos de las víctimas, la cooperación, la membresía universal de la CPI, juicios nacionales, violencia sexual y de género, o la efectiva administración de justicia internacional. También subrayaron la necesidad de tomar medidas en numerosas situaciones de conflicto en curso en todo el mundo como en Siria, Colombia o Burundi, entre otras.

“Las diferentes organizaciones de la sociedad civil comprometidas con las comunidades afectadas deberían estar protegidas de cualquier tipo de ataque, acoso o amenaza durante las sesiones de la AEP y en sus países de origen”, declaró Shawan Jabarin, Vicepresidente de la FIDH y Director general de Al-Haq general.

Eficiencia y eficacia de la justicia internacional
La eficacia y eficiencia de los procesos de la CPI también fueron cuestionados por los gobiernos y la sociedad civil en el pleno de la Asamblea y en numerosos eventos paralelos.

“Los debates sobre la eficacia y la efectividad de los procesos de la Corte no deben restringirse a las preocupaciones financieras. Deberían tener en consideración el objetivo último del Estatuto de Roma y las razones de ser de la propia CPI. Debe asegurarse el derecho a un juicio justo”, comentó Mariana Pena, consejera legal de la Open Society Justice Initiative. “Además, debe considerarse vital la opinión de las comunidades y víctimas afectadas por el proceso. Debe también recordarse, que para que la Corte y el Estatuto de Roma operen de forma efectiva, los Estados partes deben suministrar los fondos económicos necesarios a la Corte, defender y respetar la independencia judicial, ejecutar las órdenes de arresto, cooperar en la protección de los testigos de la CPI y perseguir los crímenes serios recogidos en el Estatuto de Roma.”

La Asamblea también mostró su preocupación ante la falta de apoyo por parte del Consejo de Seguridad de la ONU para llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos en los temas remitidos a la Corte, e instó a un mayor apoyo, financiero y político, por parte del Consejo.

Los enjuiciamientos a nivel nacional, incluidos los referentes a la violencia sexual y de género cuestionan el principio de complementariedad, el principio en virtud del cual la Corte Penal Internacional actuará solo cuando las cortes nacionales sean incapaces de ejercer su jurisdicción o se muestren renuentes a hacerlo. Si una corte nacional está dispuesta a ejercer su jurisdicción y es capaz de hacerlo, la Corte Penal Internacional no puede intervenir y ningún ciudadano de ese Estado puede ser llevado ante ella, a no ser en los casos que le remita el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

“Implementar los crímenes del Estatuto de Roma en las leyes nacionales es uno de los objetivos claves del principio de complementariedad, y es esencial para poner fin a la comisión de crímenes graves en el futuro. En numerosas ocasiones en las que la Corte podría haber ejercido o ejerció su jurisdicción, la falta de legislación pertinente o lo suficientemente clara causó la incapacidad genuina de procesar dichos crímenes”, declaró Michelle Reyes-Milk, Coordinadora para las Américas de la Coalición por la CPI. “La promesa del Estatuto de Roma será plenamente efectiva si se toman más medidas a nivel nacional para fortalecerlo, incluye también la violencia sexual y de género.”

Leer la declaración final de la Corte Penal Internacional en la sesión final de la 14º AEP.

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