AEP 14: Los pedidos de Kenia y Sudáfrica explicados

William Ruto and Joshua Sang

El vicepresidente de Kenia y el presentador de radio Joshua Sang en la Corte Penal Internacional. La sociedad civil se opone a la discusión gubernamental sobre las cuestiones relacionadas con el caso en la sesión anual del órgano administrativo de la CPI, la Asamblea de los Estados Partes. © Diaspora Messenger

La Asamblea de los Estados Partes ha aceptado los pedidos de Kenia y Sudáfrica para debatir varios temas controversiales en la Asamblea relacionados con los actuales procedimientos ante la Corte Penal Internacional. La sociedad civil esta pidiendo a los Estados miembros de la CPI que protejan la independencia procesal y judicial de la Corte de las interferencias políticas.

¿Cuáles son los puntos suplementarios de la agenda?

La AEP es responsable de las leyes y las reglas de la CPI así como de su supervisión.

De acuerdo con la regla 12 de las Reglas de Procedimiento de la AEP, cualquier Estado Parte al Estatuto de Roma, la Corte misma o la Mesa de la AEP puede solicitar la inclusión de puntos suplementarios de la agenda de la Asamblea.

Se aceptaron tres pedidos para incorporar temas a la agenda de la 14° AEP, uno de Sudáfrica y dos de Kenia, en la 11° hora antes de la apertura de la Asamblea el 18 de noviembre.

El pedido de Sudáfrica

El pedido de Sudáfrica está relacionado con la aplicación e implementación del artículo 97 y 98 del Estatuto de Roma (ER), el tratado fundacional de la CPI.

El artículo 97 expresa que un Estado Parte debe consultar con la Corte si considera que un pedido de cooperación – como el arresto de personas buscadas por la Corte – le plantea problemas que puedan obstaculizar o impedir su cumplimiento.

El artículo 98 del ER excluye las inmunidades en todos los casos, esto incluye a los líderes de Estado y funcionarios senior.

Los jueces de la CPI han pedido a las autoridades sudafricanas que expliquen por qué no cumplieron con el arresto del presidente sudanés Omar al-Bashir cuando visitó el país en junio de 2015. Bashir es buscado por la CPI por presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en Darfur.

De acuerdo con Sudáfrica, el artículo 97 no plantea un procedimiento claro sobre la estructuración de estas consultas.

Sudáfrica también ha pedido debatir sobre la interpretación del artículo 98 del ER y su relación con el artículo 27 del ER (también relacionado con la no-impunidad).

El pedido de Kenia

  1. Discusión sobre la aplicación de la Regla 68 enmendada

En la 12° sesión de la AEP, a pedido de Kenia, los gobiernos enmendaron la regla 68 de las Reglas de Procedimiento y Prueba (RPP) de la CPI para permitir la admisión de “testimonios pre-grabados” en los procedimientos de la Corte.

Este año, la Fiscal de la CPI utilizó esta nueva regla para introducir testimonios pre-grabados de testigos en el actual juicio del vicepresidente de Kenia William Ruto y el presentador de radio Joshua Sang por haber orquestado presuntamente crímenes de lesa humanidad durante la violencia post-electoral de Kenia de 2010-11.

Una vez comenzado el juicio, varios testigos se negaron a continuar participando y fueron eventualmente calificados como ‘hostiles’ por los jueces de la CPI. La Fiscal de la CPI argumenta que estos testigos fueron intimidados para que se retiren, se emitieron dos órdenes de arresto en contra de dos individuos sospechados de interferir con los testigos.

En su pedido por la inclusión de un tema adicional en la agenda de la 14º AEP, Kenia pidió discutir la “meta legislativa” de la regla 68 del RPP. Kenia solicitó que la Asamblea determine que la regla no puede ser aplicada de manera retroactiva en las investigaciones de la CPI que comenzaron antes de la 12º sesión de la AEP (cuando le regla entró en vigor).

Este uso retroactivo de la regla 68 ha sido apelado por el equipo de la defensa de Ruto, y está actualmente ante la Cámara de Apelaciones de la CPI.

  1. Discusiones sobre el establecimiento de un mecanismo ad hoc para auditar los procesos de identificación y reclutamiento de testigos de la Fiscalía

En la 8° sesión de la AEP, la Asamblea estableció un Mecanismo de Supervisión Independiente (MSI). El MSI, de acuerdo con el artículo 112(4) del ER, tiene el mandato de “inspeccionar, evaluar e investigar a la Corte con el fin de mejorar la eficiencia y la economía de la Corte”.

Kenia ha expresado que le preocupa que el MSI aún no esté funcionando. Ha pedido a la Asamblea que discuta sobre el establecimiento de un mecanismo ad hoc de cinco juristas independientes para auditar los procesos de identificación y reclutamiento de testigos en el juicio de la CPI contra Ruto/Sang.

190 miembros del parlamento keniata han firmado una petición para hacer escuchar sus preocupaciones sobre la obtención de testigos en los casos de Kenia, más específicamente en el caso mencionado.

Defendiendo la independencia de la CPI

Aunque la Coalición en su conjunto no asume una posición sobre estos temas suplementarios de la agenda, sí destaca que los Estados miembros de la CPI deben ser consientes de que las cuestiones relacionadas con su rol de supervisión no invaden a las cuestiones que pertenecen a la competencia judicial y procesal de la Corte y la independencia de la Fiscal y los jueces.

Las objeciones a los casos ante la CPI deben realizarse ante los jueces y, en todos los casos, de acuerdo con el sistema del Estatuto de Roma.

En las deliberaciones sobre varias cuestiones ante la AEP, no se debe tomar ninguna decisión que pueda socavar, o que pueda percibirse capaz de socavar, la independencia judicial de la Corte.

Sin embargo, varios miembros de la Coalición han tomado posturas claras sobre los temas adicionales de la agenda.

Entonces, ¿qué opina la sociedad civil?

En su Memorándum para la 14 AEP, 30 organizaciones de la sociedad civil africana y organizaciones internacionales con presencia en África expresó su profunda preocupación de que “la propuesta de Sudáfrica ponga en riesgo la interferencia con los actuales procesos judiciales,  y sus preocupaciones en cambio deben ser expresadas a través de la litigación pendiente”. También dijeron que “se debe alentar a Kenia a esperar la conclusión de la apelación” dado que “instan a los Estados Partes a contribuir para que la AEP no se convierta en una plataforma para discutir asuntos judiciales pendientes.”

En sus recomendaciones para la 14º AEP, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) declara que “el último pedido para discutir cuestiones relacionadas con el manejo de la Corte sobre los casos de Kenia y el caso de Al­ Bashir en un foro político genera serias preocupaciones sobre los intentos de interferir en los procedimientos judiciales”.

El presidente de la FIDH Karim Lahidji dijo que “es de extrema importancia que los Estados se abstengan de discutir cuestiones puramente judiciales que están ante la CPI, porque podrían dañar la independencia de la Corte. Los Estados Partes deben utilizar cada oportunidad para defender la integridad del Estatuto de Roma en la AEP”.

FIDH y sus organizaciones miembro en Kenia y Sudán, la Kenya Human Rights Commission (KHRC) y el African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS) expresaron que están “profundamente preocupados por las propuestas presentadas por los gobierno de Kenia y Sudáfrica sobre el manejo de los casos de Kenia y del caso Al-Bashir. Enfatizamos que los Estados deben abstenerse de discutir cuestiones judiciales durante la AEP, el cual es un foro meramente político, dado que esto podría llegar a ser un intento por politizar los procedimientos judiciales de la Corte e interferir con su independencia judicial y procesal.”

En sus cinco recomendaciones para la 14 AEP, Amnistía Internacional dijo que “mientras que la Asamblea tiene un claro mandato de acuerdo con el Artículo 51 para considerar las enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba, no debe participar en discusiones que podrían convertirse en interferencia políticas con la Corte” porque esto podría “amenazar la independencia judicial de la CPI”. Amnistía “se opone rotundamente a la propuesta de Sudáfrica para que la Asamblea provea una interpretación legal del Artículo 98 y su relación con el Artículo 27.” Amnistía considera el pedido de Kenia “inconsistente con la independencia de la Fiscal” y podría “potencialmente socavar la seguridad de sus procedimientos relacionados con testigos”.

Parlamentarios de Chile Costa Rica República Dominicana, Honduras, Uruguay (miembros de la red de Parlamentarios por la Acción Global) han firmado declaraciones para pedirle a los gobiernos que establezcan políticas de protección de la independencia de la Corte en la AEP de 2015.

George Kegoro, director ejecutivo de la Kenya Human Rights Commission, escribió que “Kenia tiene la intención de derogar el Estatuto de Roma y amenaza que si la Asamblea de los Estados Partes no le da la razón en relación con la interpretación de la Regla 68, retirará su membresía del Estatuto de Roma. [.. .] Hay una serie de preocupaciones alrededor del plan de derogar la Ley de Crímenes Internacionales. En primer lugar, la derogación de la Ley es un insulto a las víctimas de la violencia postelectoral, y es la afirmación de que ni la CPI, ni un mecanismo local podrá hacer justicia en su nombre. En segundo lugar, las leyes son un seguro contra eventualidades. Anticipan y dan garantías por tantas situaciones como sea posible. La derogación de la Ley de Crímenes Internacionales es una declaración de que el Parlamento no le importa el país, siempre y cuando se aseguren los intereses personales de los líderes del Jubileo. En tercer lugar, derogar la Ley no afectará el caso Ruto, cuyo juicio ya está avanzado. Aunque el país derogue la Ley de Crímenes Internacionales y deje de ser miembro del Estatuto de Roma, no cambiará la situación jurídica del vicepresidente ante la CPI. En cuarto lugar, mientras que la Ley de Crímenes Internacionales tuvo por fin facilitar y definir la relación con la CPI a través de la gestión de los asuntos prácticos, el Estado de Kenia ha utilizado la ley como una lámina contra la Corte”.

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