Ruto/Sang: Los magistrados de la Cámara de Apelaciones deben decidir si aceptan testimonios de testigos que se retractaron

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El vicepresidente de Kenia William Ruto (izquierda) y Joshua Sang ante la CPI. © Journalists for Justice

 

Los Magistrados de la Cámara de Apelaciones de la CPI deben decidir si aceptarán como prueba en el juicio contra el vicepresidente de Kenia William Ruto y Joshua Sang, los testimonios prestados por varios testigos que posteriormente se retractaron. Los abogados de la defensa cuestionaron el uso por parte de la Fiscalía del artículo sobre la admisión de testimonios grabados antes del juicio, argumentando que la regla no puede ser aplicada de forma retroactiva a casos que hubiesen comenzado antes de 2013, año en que esta ley fue aprobada.

La defensa desafía la validez de los testimonios de testigos que se retractaron

Ruto y Sang han sido acusados de orquestrar crímenes de lesa humanidad durante la violencia post-electoral de 2007-08 en Kenia. El juicio empezó en septiembre de 2013, pero numerosos testigos se han retractado de su testimonio. La Fiscal de la CPI alegó que los testigos han sido intimidados para que retiren sus testimonios y por ello pidió que estos fueran aceptados como pruebas. En 2015, los Magistrados aceptaron la petición de la Fiscal para usar una rectificación de la regla 68 de las Reglas de Procedimiento y Pruebas de la CPI para presentar los testimonios de los testigos grabados previamente en el juicio. Tanto Ruto como Sang cuestionaron esta decisión, señalando que el órgano de gobierno de la CPI, la Asamblea de los Estados Partes (AEP), había decidido, de forma explícita, cuando se rectificó esta regla en noviembre de 2013 que no podría ser utilizada en los casos en curso. La Cámara de Apelaciones determinará esta semana cómo debe interpretarse la regla 68.

Explicación de la Regla 68 

En noviembre de 2013, los Estados Partes de la CPI acordaron permitir los testimonios previamente grabados—para oponerlos a los testimonios de los testigos presentes en la Sala de Justicia, en persona o por videoconferencia— enmendando la regla 68 de las Reglas de Procedimiento y Pruebas de la CPI.

Permitir estos testimonios puede agilizar el proceso cuando, por ejemplo, los testigos no están disponibles. Pero también puede utilizarse para proteger a los testigos de ser objeto de intimidación y puede facilitar la labor de la Fiscalía. Si los testigos son amenazados para cambiar su historia, como presuntamente ha ocurrido en el caso Ruto/Sang, los testimonios grabados de forma previa podrían seguir utilizándose como prueba.

La Campaña de Kenia para influenciar la decisión judicial

Fuera de la Sala de Justicia, el gobierno keniano consiguió a través de una campaña política en la Asamblea de los Estados Partes en noviembre de 2015 el apoyo de otros Estados Partes para declarar que cuando la Asamblea rectificó la regla 68 no era para que se pudiese aplicar a los casos en curso. Todo esto sucedía mientras la decisión de aceptar o no estos testimonios como prueba estaba siendo sometida a debate en la Cámara de Apelaciones de la CPI.

El gobierno keniata, acusando infundadamente a la CPI de ser anti-africana y amenazando con abandonar el Estatuto de Roma, intentó que la Asamblea presione el proceso de toma de decisiones de los Magistrados independientes de la CPI.

Cuando al Asamblea del año pasado estaba comenzando, los gobiernos acordaron en el último minuto debatir la demanda de Kenia por la que pedía a la Asamblea afirmar que la enmienda a la regla 68 no comprendía los casos ya abiertos. Tras el debate, durante los ocho día que duró la Asamblea continuaron las negociaciones sobre si era pertinente incluir o no la propuesta de Kenia en la Resolución General, resolución que se emite cada año con una serie de guías sobre el empoderamiento de la relación entre la CPI y la AEP.

Diversas organizaciones de la sociedad civil pidieron a los gobiernos rechazar la demanda de Kenia, declarando que afectaría la independencia judicial de la CPI. Tras el debate, se pidió a los Estados asegurar que no se mencionaría la interpretación de la enmienda de la regla 68 en ninguna de las decisiones formales adoptadas al término de la Asamblea, reconociendo que hacerlo de otra manera podría interferir en un asunto que estaba siendo enjuiciado en uno de los casos de la CPI.

Tras duras negociaciones y mucha presión por parte del gobierno de Kenia, la Asamblea incluyó en un informe lingüístico final una “afirmación” de la no retroactividad de la regla  68. La inclusión de esta afirmación en este tipo de informe no implica ningún tipo de obligación a los Estados Partes o la CPI. Pero los esfuerzos para tratar de manipular la independencia de la CPI en un juicio en marcha sientan un precedente peligroso en contra de la capacidad de la CPI para proporcionar justicia de forma independiente y justa.

Los Magistrados independientes deben decidir

A pesar de los intentos del gobierno keniano de utilizar su poder político para influenciar este juicio y dañar la independencia de la CPI, esta decisión sigue en manos de los cinco Magistrados que componen la Cámara de Apelaciones de la CPI y que decidirán esta semana cómo interpretar esta regla 68.

Antecedentes

La situación en Kenia es fruto de la quinta investigación de la CPI. En marzo de 2010, la Sala de Cuestiones Preliminares II autorizó a la Fiscalía de la CPI a abrir una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Kenia en relación con la violencia post-electoral que siguió a las elecciones presidenciales de 2007, en la que murieron cerca de 1.200 personas y unas 600.000 desparecieron. Fue la primera vez que la Fiscalía utilizaba su poderes de motu propriu para iniciar una investigación sin haber sido remitida primero por un Estado Parte o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La CPI fue invitada por una Comisión independiente a investigar lo ocurrido en Kenia tras tres fracasos de los legisladores nacionales para establecer mecanismos nacionales para depurar responsabilidades por los presuntos crímenes de lesa humanidad allí cometidos durante la violencia post-electoral de 2007-08.  Los Magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares rechazaron el argumento presentado por el gobierno keniano sobre la admisibilidad del juicio Ruto/Sang en mayo de 2011, señalando que no existían procedimientos nacionales en curso contra los tres acusados. La Cámara de Apelaciones confirmó esta decisión en agosto de 2011.

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