Retrasos en las reparaciones del caso Lubanga de la CPI

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Un niño soldado reclutado por la Force patriotique pour la libération du Congo de Thomas Lubanga © Reuters

En este artículo invitado publicado originalmente en el IJMonitor, Gaelle Carayon, asesora de políticas postconflicto de REDRESS, informa sobre los últimos avances en relación con las reparaciones de las víctimas del caso del líder de la milicia congolesa Thomas Lubanga.

El 9 de febrero de 2016, la Sala de Primera Instancia II de la Corte Penal Internacional (CPI), que supervisa la fase de reparación para el caso de Thomas Lubanga, decidió que el proyecto del plan de reparación entregado por el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas (Fondo Fiduciario o Fondo) en noviembre de 2015 estaba incompleto y no podía ser implementado. La Sala de Primera Instancia pidió al Fondo Fiduciario presentar la información faltante en intervalos regulares y realizar la presentación final antes del 31 de diciembre de 2016. El Fondo Fiduciario está ahora tratando de apelar este orden.

Este nuevo retraso es un duro golpe a las víctimas del caso, muchas de las cuales son ex niños soldados. Han buscado a la CPI, algunos desde 2006, con el fin de recibir algún tipo de reparación por el daño sufrido. Las víctimas consultadas por la Liga para la Paz, los Derechos Humanos y Justicia (LIPADHOJ), una ONG que ayuda a algunas de las víctimas del distrito de Ituri, al este de la República Democrática del Congo, expresó su desesperación por este último retraso e indicó que su paciencia se había agotado. La frustración expresada por algunas de las víctimas tras esta noticia es comprensible, sobre todo a la luz de la prolongada historia del caso y el hecho de que ya han transcurrido cuatro años desde la sentencia y en este período las víctimas no han recibido ningún tipo de reparación.

En marzo de 2012, Lubanga fue declarado culpable de los crímenes de guerra de reclutar o alistar a niños menores de 15 años y utilizarlos en los conflictos armados, y posteriormente fue condenado a 14 años de prisión por los delitos que se produjeron durante la guerra en Ituri entre 2002 y 2003. La Cámara de Apelaciones de la CPI confirmó tanto su veredicto de culpabilidad como su condena en diciembre de 2014. En marzo del año pasado, la Cámara de Apelaciones modificó también la orden de reparación original de la Sala de Primera Instancia y encargó al Fondo Fiduciario a presentar: 1) una lista de víctimas potenciales elegibles para la reparación; 2) una evaluación de la magnitud de los daños sufridos por las víctimas; 3) las propuestas relativas a las modalidades y formas de reparación que ha de adjudicarse; 4) el importe anticipado correspondiente a la responsabilidad del Sr. Lubanga por el daño sufrido por las víctimas; y 5) la cantidad que el Fondo potencialmente podría aportar con sus propios fondos recogidos a través de contribuciones voluntarias.

El Fondo Fiduciario presentó su plan en noviembre de 2015. El plan no respondió a cada una de las cinco preguntas enumeradas, por lo que la última decisión de la Sala de no fue una sorpresa. Por ejemplo, el Fondo Fiduciario no identificó a las víctimas y en su lugar propuso que las víctimas pueden ser identificadas en una etapa posterior – cuando intenten acceder a los programas de reparación. En lugar de proporcionar una estimación de la responsabilidad financiera de Lubanga, el Fondo sólo establece criterios que la Sala podría tener en cuenta para el cálculo de una cantidad correspondiente a su responsabilidad financiera. Por tanto, la Sala consideró que no contaba con la información necesaria para pronunciarse sobre la responsabilidad de Lubanga. El Fondo Fiduciario también había subrayado en su informe de noviembre de 2015 que el plan que habían armado no representaba lo que sería necesario para reparar el perjuicio de las víctimas en su totalidad y sólo correspondía a lo que el Fondo Fiduciario en sí era capaz y está dispuesto a brindar como contribución – en este caso, 1 millón de Euros. En esencia, el Fondo Fiduciario argumentó que no sería eficiente en relación a los costos o justo para las víctimas si se lleva a cabo una evaluación completa de los daños cuando la cantidad para cubrir los costes es tan limitada. En su lugar, se diseñó un enfoque más limitado, sobre la base de sus consultas dentro de las comunidades y la identificación de prioridades.

La Sala también encontró que los programas de reparación propuestos por el Fondo Fiduciario, centrados en la formación profesional, la formación en la resolución de conflictos y el apoyo psicológico y tratamiento, carecían de datos suficientes (incluidos los costos) para permitir una aprobación por parte de la Sala. Por lo tanto, la Sala pidió al Fondo Fiduciario presentar el 7 de mayo de 2016 los términos de referencia detallados para cada uno de los programas propuestos con una estimación precisa de los costos correspondientes y más detalles sobre cómo se llevaría a cabo el monitoreo.

Es preocupante que algunos de estos problemas no se hayan resuelto antes. Podría decirse que el Fondo Fiduciario sabía que no estaría en condiciones de proporcionar toda la información solicitada por la Sala de Primera Instancia para el verano pasado, y también sabía (incluso antes) haciendo un análisis básico de costos y beneficios, que iba a ser muy difícil, si no imposible, implementar la orden de la Sala.

El Fondo Fiduciario ha buscado ahora permiso para apelar la orden y, si bien buscar claridad jurídica en el primer caso que logra llegar a la fase de reparaciones en la CPI es loable, este nuevo desarrollo sin duda retrasará aún más la implementación de la reparación para las víctimas, sin garantía alguna de que la Cámara de Apelaciones apoye la posición articulada por el Fondo. Las víctimas simplemente esperan que este embrollo se resuelva, sin importar las las complejidades de los mandatos ni las funciones de los diferentes órganos de la CPI; ellas simplemente buscan algo de consuelo y reconocimiento por el daño sufrido.

Una de las cuestiones planteadas por el Fondo Fiduciario en su solicitud de apelación es el hecho de que el fallo invierte los roles con respecto a quién decidirá, en última instancia, sobre la elegibilidad de las víctimas para obtener reparación y afirma una fuerte función de supervisión de la Sala. La Sala de Primera Instancia ha dejado en claro que será ella quién decida en última instancia sobre la elegibilidad de cada víctima para la reparación, que la defensa debe tener la posibilidad de presentar observaciones sobre cada aplicación y que se retiene el derecho de hacer cualquier modificación necesaria a los programas de reparación del Fondo en caso que decidan que es apropiado.

Este enfoque puede reflejar mejor lo que algunas de las víctimas habían buscado anteriormente en los procedimientos, es decir, que los jueces consideren sus aplicaciones individualmente. Sin embargo, es cuestionable si una consideración individual del manejo administrativo del proceso de reparaciones por parte la Sala representa la mejor forma de utilizar el limitado tiempo con el que cuentan y refleja el mejor equilibrio entre los diferentes conjuntos de habilidades. Esto parece ser lo que el Fondo Fiduciario argumenta. Por otro lado, es difícil hacer la vista gorda a la importante cantidad de tiempo que se ha gastado en decidir sobre el proceso para que las víctimas tengan acceso a la reparación, teniendo en cuenta, como señala el Fondo Fiduciario, que solo se ha adjudicado para este caso la reparación colectiva.

 

La sorpresa por esta nueva demora es significativa. Pero, sin embargo, la nueva decisión de la Sala podría generar nuevas oportunidades. Algunas víctimas han expresado su voluntad de esperar si esto significa que el tiempo extra se utilizará también para abordar algunas de las preocupaciones que tenían respecto al plan inicial presentado por el Fondo Fiduciario en noviembre de 2015. Por ejemplo, algunos habían expresado ciertas preocupaciones por el foco del plan de reparación que sería implementado únicamente en Ituri, cerrando el acceso a las numerosas víctimas que se han trasladado desde los acontecimientos. Estas víctimas esperan ahora que el Fondo Fiduciario modifique su presentación sobre la base de la solicitud de la Sala de Primera instancia en donde se requiere que “los programas de reparación [sean] diseñados con el fin de permitir que el máximo número de víctimas participen en ellos” y en la voluntad de la Sala para considerar “tantos programas como el Fondo considere apropiado enviar”.

En segundo lugar, la Sala de Primera Instancia ha indicado que apoyaría las propuestas del Fondo Fiduciario que  afirman que ” correspondan de la manera más apropiada y equilibrada a las necesidades expresadas por las víctimas como consecuencia del daño sufrido” [énfasis añadido]. Esto no cambia el hecho de que en este caso solo se ha ordenado la reparación colectiva, sin embargo, sugiere que los jueces tendrán la capacidad de considerar lo que los beneficiarios potenciales consideren adecuado como reparación colectiva para remediar el daño que sufrieron, dándoles potencialmente una voz más fuerte en el ajuste final de los programas de reparación que eventualmente serían implementados.

El Fondo Fiduciario tiene ahora hasta el final del año para localizar, identificar y entrevistar a los beneficiarios potenciales y transmitir sus archivos a la Sala de Primera Instancia. Esto no será un proceso sencillo teniendo en cuenta que muchas víctimas se han trasladado no sólo para la seguridad, sino también por razones económicas. Asimismo, no será fácil para recoger la documentación adecuada para probar la identidad de las víctimas o la magnitud de los daños sufridos. El Fondo Fiduciario ya ha indicado que este ejercicio “estirará los recursos del Fondo Fiduciario hasta el límite absoluto” y dejará menos recursos disponibles para aplicar “no sólo a financiar indemnizaciones en este caso, sino también en sus obligaciones en otros casos, así como en su mandato de asistencia en esta y otras situaciones”. En ese sentido, la Sala de Primera Instancia ha sugerido que el Fondo Fiduciario busque la ayuda de la Sección de Participación y Reparación de las Víctimas (SPRV) de la Corte, así como de los representantes legales de las víctimas. Esta colaboración será esencial para que el ejercicio sea completado a tiempo, sin embargo, la SPRV y los representantes legales ya están sobrecargados.

Es probable que también sea importante para el Fondo Fiduciario extender las formas en las que colabora con los actores locales en Ituri. Si bien el Fondo Fiduciario tendrá que asegurarse de evitar conflictos de intereses, también tendrá que asegurarse de no alienar a los numerosos individuos y organizaciones de base, algunos de los cuales han ayudado a las víctimas durante más de una década en su búsqueda de justicia ante la CPI, y reconocer su papel y la situación en dicho proceso. Como ha señalado un representante de LIPADHOJ que trabaja con víctimas en Ituri, “mientras que en la realidad cada parte depende de los intermediarios para identificar a las víctimas, siguen siendo los héroes olvidados de la historia. Peor en este caso, el Fondo Fiduciario ya ha dicho que no iba a trabajar, para la implementación de la reparación, con las organizaciones o individuos que trabajaron con otras secciones de la Corte, como la SPRV”.

Dado que la Corte se abre camino hacia la implementación de su primera orden de reparación, no se puede más que esperar que este sea el último de una larga serie de retrasos en el caso Lubanga. De acuerdo con los nuevos plazos, se espera que a finales de marzo se presente un primer lote de archivos de reparación con información sobre la identidad de cada víctima y el alcance de los daños sufridos. Algunas de las víctimas ya están pidiendo a la Sala que no espere a que todas las aplicaciones sean entregadas para dar el visto bueno a los primeros proyectos de reparación.

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