Georgia: Un caso que pone a prueba el futuro de la CPI

The main square of Gori is reflected in a bullet-ridden window.PHOTOGRAPHS FOR TIME BY YURI KOZYREV NOOR

La plaza principal de Gori durante el conflicto de Osetia del Sur de 2008 . ©  TIME/Yuri Kozyrev Noor

En este artículo compartido por el International Justice Monitor, Nika Jeiranashvili de la Fundación Open Society de Georgia establece qué es lo que hay en juego en la reciente investigación de la CPI sobre el conflicto de Osteia del Sur de 2008, afirmando que tanto Georgia y Rusia tienen mucho para ganar de una cooperación total con la investigación.

El 27 de enero, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó a la fiscal Fatou Bensouda a abrir una investigación sobre el conflicto de 2008 en Georgia, a raíz de una solicitud presentada por la oficina de Bensouda en octubre de 2015. La Corte tardó casi ocho años para llegar a esta conclusión. Una de las últimas fases de la evaluación de la Fiscalía examinó si se estaban llevando a cabo investigaciones nacionales eficaces en Georgia y Rusia. La Fiscalía ha concluido recientemente que los obstáculos y retrasos dificultan las investigaciones en ambos países y que es necesario que la CPI realice una investigación ya que los procedimientos nacionales en Georgia se han estancado recientemente.

La investigación de la CPI deriva de los delitos que habrían tenido lugar durante el conflicto de 2008 en Osetia del Sur – una región de Georgia que había estado bajo el control de los separatistas pro-rusos desde principios de 1990. Un nuevo brote de hostilidades entre los separatistas de Osetia del Sur y las fuerzas de Georgia llevó a la intervención militar de Rusia en agosto de 2008, las tropas de Georgia se vieron obligadas a retirarse después de una semana de combates. Durante el conflicto, cientos de personas murieron y ambas partes fueron acusadas ​​de utilizar una fuerza desproporcionada que puso en peligro a los civiles. Los grupos de derechos humanos informaron que los georgianos étnicos que viven en Osetia del Sur fueron presionados deliberadamente fuera de sus hogares por una campaña de terror que incluyó decenas de asesinatos y alrededor de 27.000 personas no han podido regresar desde entonces. Las fuerzas de Georgia también fueron acusadas ​​de atacar a las tropas rusas que habían sido desplegados en la región para mantener la paz en virtud de un acuerdo de paz anterior con los separatistas.

Desde el fin del conflicto, grupos de la sociedad civil de Georgia han promovido constantemente una investigación internacional sobre los presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que se llevaron a cabo. Estos grupos también han recopilado y presentado cientos de denuncias en nombre de más de 1.000 víctimas a la Corte Europea de Derechos Humanos.

Luego del pedido de la Fiscal para abrir una investigación en octubre de 2015, grupos de Georgia ayudaron a las víctimas a realizar comentarios o formular “declaraciones” ante la Sala de Cuestiones Preliminares en relación con la apertura de una investigación y el alcance de la misma. En total, la Sala ha recibido declaraciones de más de 6.000 víctimas que, en conjunto con el pedido de la Fiscal y los materiales de apoyo, ayudaron a los jueces a decidir sobre la apertura de la investigación.

La decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares significa un primer paso muy importante en el reconocimiento de los daños sufridos por las víctimas y la lucha contra la impunidad por los crímenes cometidos en relación con el conflicto de 2008. De acuerdo con la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, los crímenes incluyen los crímenes de lesa humanidad de asesinato, traslado forzoso de población y persecución y los crímenes de guerra de ataques contra la población civil, homicidio intencional, ataques intencionales contra las fuerzas de paz, destrucción de propiedad y saqueos presuntamente cometidos en el contexto del conflicto entre el 1 de julio y 10 de octubre de 2008.

Además, la Sala ha tomado en consideración la solicitud de los grupos de víctimas de Georgia para ampliar el alcance de la investigación. Como resultado, decidió no limitarlo a los delitos antes mencionados, sino permitir que la Fiscal investigue todos los delitos presuntamente cometidos que recaigan bajo la jurisdicción de la CPI, como la violencia sexual, la detención arbitraria de civiles y la tortura de prisioneros de guerra.

Esta es la primera vez que la Corte ha puesto en marcha una investigación a gran escala sobre crímenes provenientes de un conflicto fuera del continente africano. La investigación de la CPI en Georgia será una prueba importante para otras situaciones, y la forma en que proceda dirá mucho acerca de lo que podría ocurrir en Ucrania o Palestina, así como en Afganistán o Irak, países con situaciones que están actualmente siendo examinadas preliminarmente por parte de la Fiscalía.

Aún quedan muchos retos. Esta es la primera vez que una investigación de la CPI la lleva a una potencial confrontación con un poderoso Estado miembro del Consejo de Seguridad de la ONU que no es parte del Estatuto de Roma. Además, la administración separatista de Osetia del Sur sólo es reconocida por Rusia y un puñado de otros Estados, y permanece bajo la influencia política de Moscú, lo que genera nuevas dificultades en la investigación. Hasta el momento, las declaraciones oficiales de Rusia no han sido de apoyo. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, ha declarado que Rusia está decepcionada con la decisión de la Sala de apoyar el caso. Entre las víctimas de origen georgiano, existe un temor general de que la Corte no sea capaz de detener a los presuntos autores si Rusia no coopera con la investigación.

Georgia, por su parte, ha sido miembro de la CPI desde el año 2003 y tiene la obligación de cooperar plenamente con la Corte en esta investigación. Esto no garantiza automáticamente una cooperación efectiva durante todo el proceso. Por ejemplo, la ejecución de las órdenes de detención contra los ciudadanos de Georgia, si la investigación progresa hasta esta etapa, puede llegar a ser problemática. Hasta ahora, sin embargo, las declaraciones oficiales de Georgia son más bien de apoyo y con la esperanza de que la cooperación seguirá manteniendo este espíritu. La decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares para proceder con la investigación fue muy bien acogida por los grupos de víctimas de Georgia, así como por funcionarios de alto nivel, incluyendo al Primer Ministro Giorgi Kvirikashvili y el Ministro de Justicia Tea Tsulukiani. Este último ha hecho hincapié en la importancia de la decisión de la Sala y afirmó que Tbilisi seguirá cooperando activamente con la Corte.

Aún queda por ver si Rusia puede ser persuadido a cooperar con la investigación sobre Osetia del Sur. Pero está claro que lo que Moscú decida hacer tendrá un impacto en los esfuerzos de los 123 miembros de la CPI para establecer y fortalecer la justicia internacional. Una falla en la situación de Georgia a la hora de llevar a los responsables ante la justicia puede cerrar la puerta a un mayor desarrollo de la Corte y poner en peligro el sistema de justicia internacional en general.

Aún queda por ver si Rusia puede ser persuadido a cooperar con la investigación sobre Osetia del Sur. Pero está claro que lo que Moscú decida hacer tendrá un impacto en los esfuerzos de los 123 miembros de la CPI para establecer y fortalecer la justicia internacional. Una falla en la situación de Georgia a la hora de llevar a los responsables ante la justicia puede cerrar la puerta a un mayor desarrollo de la Corte y poner en peligro el sistema de justicia internacional en general.

Mientras tanto, la decisión de abrir una investigación tiene implicaciones para el trabajo de la sociedad civil, las víctimas y los medios de comunicación locales, tanto en Rusia como en Georgia. Ninguno de estos países ha sido objeto de una investigación de la CPI antes. La capacitación a nivel local es necesaria y, de ser posible, debe haber debates públicos y un intercambio proactivo de información para educar a las víctimas y al público en general sobre las cuestiones. Tanto Rusia como Georgia deben proporcionar asistencia a los grupos de víctimas y garantizar una adecuada protección y participación ante del corte. Ambos países, en última instancia, obtendrán mucho a su favor si la investigación de Osetia del Sur de la CPI es un éxito.

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