La implementación del Estatuto de Roma en el Perú: tras 15 años de su ratificación

El viernes 26 de febrero de 2016, nuestra Coordinadora Regional para las Américas de Michelle Reyes Milk participó en la Mesa de Trabajo “La implementación del Estatuto de Roma en el Perú: tras 15 años de su ratificación” que se llevó a cabo en la Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo del Congreso de la República en Lima, Perú

The main square of Gori is reflected in a bullet-ridden window.PHOTOGRAPHS FOR TIME BY YURI KOZYREV NOOR

La Coordinadora Regional para las Américas de la CCPI Michelle Reyes Milk se dirige a la Mesa de Trabajo en el Congreso de la República del Perú junto a María Soledad Pérez Tello.

Esta actividad se organizó en el marco de los ejes de trabajo que viene desarrollando el despacho de la congresista de la República del Perú, María Soledad Pérez Tello de Rodríguez. La Mesa busca contribuir con la realización de un análisis general del proceso de implementación del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) en el Perú, así como ubicar en la agenda del siguiente período de gobierno los temas pendientes a ser abordados.

Ratificación y complementariedad

En su presentación, Michelle Reyes Milk recordó que el Estatuto de Roma (ER), instrumento constitutivo de la CPI, fue ratificado por el Perú el 10 de noviembre del 2001 y ha estado en vigor desde el 1 de julio de 2002, tras la entrada en vigor del ER.

A la fecha, 123 Estados Parte han ratificado el Estatuto, y de los 35 miembros de la OEA, 29 Estados lo han hecho (a excepción de Bahamas, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Haití y Jamaica). De los 123 Estados Partes, aproximadamente 65 Estados han implementado el ER dentro de su ordenamiento interno, íntegra o parcialmente, y, en la región, únicamente tres Estados (Argentina, Uruguay y Trinidad y Tobago) han implementado tanto los crímenes y principios contemplados en el ER, como las disposiciones sobre cooperación con la CPI.

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Luego del evento, todos los participantes de la Mesa de Trabajo en el Congreso de la República del Perú.

La Coordinadora de las Américas destacó también que la obligación de implementar para los Estados es indirecta, dado el principio de complementariedad, piedra angular del ER.

“Dado el carácter complementario de la CPI, junto con su carácter no retroactivo, los Estados Partes al Estatuto ejercen su jurisdicción penal por los crímenes bajo la competencia de la Corte de manera primaria, lo que significa que la CPI únicamente ejercerá su competencia cuando los Estados carecen de voluntad o capacidad para ejercer su jurisdicción. La falta de capacidad para ejercer esta jurisdicción radicaría, por ejemplo, en la falta de tipos penales adecuados que abarquen la naturaleza de una conducta criminal.”

A este marco internacional, se suma el hecho que desde el año 1956, el Estado peruano forma parte de los Convenios de Ginebra de 1949, tratados que versan sobre el Derecho Internacional Humanitario y los crímenes de guerra, y regulan la actuación en el marco de los conflictos armados. Estos se complementan con los Protocolos Adicionales de 1977, ratificados por el Perú en el año 1989. A pesar de ello, en la actualidad, no se cuenta con una tipificación de crímenes de guerra dentro del ordenamiento interno peruano.

¿Qué es lo que se debe implementar?

La implementación debe ser integral, esto abarca los crímenes que establece el tratado, sus principios, las penas y las disposiciones sobre cooperación con la CPI. En relación a este último, cabe agregar que a la fecha el Perú es uno de los pocos Estados latinoamericanos en contar con disposiciones sobre cooperación con la Corte Penal Internacional, en el Libro Séptimo, Sección VII (“Cooperación con la Corte Penal Internacional”) del Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N° 957).

Compromisos del Perú en materia de implementación:

Además de comprometerse a través de la ratificación del ER, el Estado peruano ha manifestado este compromiso en el marco de diversos foros multilaterales:

  • En las Asambleas de Estados Partes, celebradas anualmente en La Haya y Nueva York, la representación peruana ha manifestado su compromiso y ha brindado actualizaciones sobre el proceso de implementación del ER dentro de su ordenamiento interno.
  • En el marco de la Conferencia de Revisión del ER celebrada en Kampala, Uganda, en junio de 2010, el Estado peruano presentó un compromiso (“pledge”), donde indicó su intención de completar el proceso de implementación de los crímenes contemplados en los artículos 5,6,7 y 8 del Estatuto de Roma antes de 2013. En dicho compromiso también se refirió a la implementación de los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949.
  • Asimismo, en el Examen Periódico Universal (EPU) de 2012, una de las recomendaciones que se le hizo al Estado peruano fue la pronta implementación del ER, recomendación además aceptada por el Perú.

Proceso de implementación en el Perú:

El proceso de implementación de los tratados internacionales dentro de los ordenamientos internos constituye una tarea esencial para los legisladores. Si bien el Estado peruano se adhiere a una teoría monista del Derecho Internacional – por lo cual entiende que el ordenamiento internacional y el ordenamiento interno forman parte de un sistema único e integrado, lo cual significa que desde el momento de la entrada en vigor de dichos tratados para el Estado peruano, el Perú se encuentra obligado a acatar con los mismos  – las normas contenidas en los tratados previamente señalados son de carácter no auto-aplicativos. Así, dada la naturaleza penal de las obligaciones emanadas del Estatuto, es muy recomendable adoptar tipos nacionales, aseveró Reyes Milk.

En los últimos 15 años, se han llevado a cabo importantes esfuerzos de implementación con un significativo apoyo multipartidario, que ha contado con el apoyo de distintos órganos estatales desde el año 2001, así como de la sociedad civil y la academia. Entre ellos:

  • En el año 2002, con la adopción de la Ley N° 27837, se constituyó la Comisión Especial Revisora del Código Penal (CERCP), la cual presentó, el 10 de diciembre de 2003, una propuesta legislativa de “Adecuación de la Legislación Penal al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”. La propuesta de ese entonces, que implicaba la adopción de un Libro Tercero en el Código Penal (titulado “Delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”) fue debatida al interior de la CERCP, y, en febrero de 2006, se acordó la remisión de la propuesta a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que adopte la misma mediante ley.
  • Durante el período legislativo 2001-2006, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos adoptó el Proyecto de Ley 14659/2005-CR. No obstante, tras el fin de la legislatura, dicho proyecto no logró ser debatido y fue archivado.
  • El 11 de octubre de 2007, se presentó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el Proyecto de Ley N° 1707/2007-CR, que planteaba la incorporación de un Libro Tercero dentro del Código Penal –siguiendo los lineamientos del proyecto 14659/2005-CR – denominado “Delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”. Si bien dicho proyecto logró una votación favorable al interior de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y el pre-dictamen fue aprobado el 7 de abril de 2009 (destacándose el apoyo multipartidario de esta propuesta), el mismo fue objeto de una moción de reconsideración el 14 de abril de 2009.
  • En el año 2012, y sobre la base de proyectos anteriores, se vuelve a presentar a la agenda de trabajo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos un proyecto de implementación del Estatuto de Roma (y otros tratados como los Convenios de Ginebra). Al igual que los proyectos anteriores, se permitió a la sociedad civil hacer comentarios y aportes al mismo. Este proyecto fue introducido a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el 18 de octubre de 2012 como Proyecto de Ley N° 1615/2012-CR, bajo el título “Ley de Delitos contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”. Dicho proyecto contó nuevamente con el apoyo de un importante número de parlamentarios provenientes de distintos partidos políticos.
  • El proyecto 1615 fue finalmente acumulado con otros 152 proyectos de ley en el Dictamen de un texto sustitutorio mediante el cual se propone la Ley del Nuevo Código Penal, el cual fue suscrito el 9 de diciembre de 2014 y aprobado durante la 12ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y apto para ser debatido en la Plenaria.

Llegando al fin de su presentación, afirmó también que tras una revisión minuciosa del Dictamen, se notó con satisfacción que varias de las disposiciones contenidas en la Sección Primera del Libro Segundo recogen los elementos de los crímenes tipificados en el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, así como otros tratados relevantes.

Para terminar, explicó que la implementación de los crímenes y principios contemplados en el Estatuto de Roma y otros tratados internacionales como los Convenios de Ginebra permitirían al Estado peruano cumplir cabalmente con las obligaciones internacionales asumidas frente a la Corte Penal Internacional.

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