La cambiante posición de Sudáfrica en la justicia internacional

Ethiopia African Union Summit

El Presidente de Sudáfrica Jacob Zuma (iquierda) habla con el Presidente sudanés Omar al-Bashir (derecha) en la 24 Cumbre de la Unión Africana en enero de 2011. © EPA/Ntswe Mokoena

En este artículo de Journalists for Justice, Ottilia Anna Maunganidze debate sobre la cambiante posición de Sudáfrica en materia de justicia penal internacional.

El martes 15 de marzo, la Corte Suprema de Apelación de Sudáfrica (SCA, por sus siglas en inglés) desestimó el pedido del gobierno para apelar la decisión del Tribunal Superior donde se reconocía la obligación del gobierno de proceder al arresto del presidente sudanés Omar al-Bashir cuando visitó el país en junio de 2015. La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido dos órdenes de arresto contra al-Bashir con cargos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en la región oeste de Sudán, Darfur. Teniendo en cuenta estas órdenes de arresto y el derecho nacional sudafricano, las autoridades podrían haber procedido a arrestar a al-Bashir, pero no lo hicieron.

En la decisión de la SCA se recoge que al no haber arrestado a al-Bashir, las autoridades sudafricanas actuaron de forma incoherente con la legislación existente y por consecuencia de forma ilícita. La SCA fue también muy crítica con la conducta del gobierno durante el proceso judicial de la Corte Suprema que el mismo gobierno buscaba apelar. El abogado del Estado afirmó a la Corte en numerosas ocasiones durante el proceso judicial, que al-Bashir estaba todavía en Sudáfrica. Sumado a esto, en numerosos medios se habían emitido imágenes de la comitiva de al-Bashir llegando a la base aérea de Waterkloof, e incluso la imagen del presidente sudanés abandonando la base. El Tribunal consideró “desafortunado” el comportamiento del gobierno y puso de relieve que el gobierno y/o sus abogados confundieron a la Corte Suprema. De hecho, al-Bashir estaba volando fuera del país en el momento en el que comenzó el proceso ante la Corte Suprema.

¿Por qué Sudáfrica, un país conocido por su compromiso histórico con la justicia y la lucha contra la opresión, no procedió al arresto de al-Bashir? Sudáfrica es uno de los países que primero desarrolló y participó en la redacción del Estatuto de Roma de la CPI, y uno de los primeros en adoptar legislación para implementar el Estatuto de Roma en su ordenamiento jurídico en cuanto éste entró en vigor. ¿Es la Sudáfrica de 1998 y la de 2002 la misma que la de 2016? Si los recientes acontecimientos – que culminaron con la decisión del SCA- son los datos que tenemos en cuenta, entonces quizás, la respuesta es “No”. 

Para el gobierno sudafricano, la cuestión es – hasta la fecha – bastante clara: la justicia penal internacional es importante, pero los Jefes de Estado en ejercicio deberían gozar de inmunidad (incluso para los supuesto de crímenes internacionales) y por ello no deberían ser arrestados. Esta visión ya fue compartida por el Presidente Jacob Zuma en octubre de 2013 tras la Cumbre extraordinaria de la Unión Africana (UA) para hablar sobre la relación entre la África y la CPI. No es por tanto una nueva visión.

La posición del gobierno de Sudáfrica en 2009 tenía más matices. El entonces Director-General del Departamento de Relaciones Internacionales (DIRCO, por sus siglas en inglés), el Dr. Ayanda Ntsaluba, declaró que aunque Al-Bashir fue invitado a la ceremonia inaugural del Presidente Zuma, se le había aconsejado no asistir. La oficina, conocedora de la orden de arresto emitida por un magistrado en Gauteng, había aconsejado a al-Bashir no viajar para no arriesgarse a ser detenido.

Para ser claros, la oficina gubernamental no estaba diciendo que al-Bashir no tenía inmunidad. Se eludía la cuestión. Estaba diciendo, en cambio, que no podría controlar lo que los tribunales dictaminasen o las autoridades judiciales decidiesen hacer. Con una postura quizás algo desconcertante, la oficina gubernamental no estaba diciendo que  al-Bashir debiera o no ser detenido, si no que no podría garantizar que no fuese a ser detenido.

Esta cuestión nos vuelca a preguntar si la posición del gobierno sudafricano en materia de justicia penal internacional ha cambiado.  Al menos desde 2009 (y los años inmediatamente previos a que el ex Presidente Thabo Mbeki expresase su opinión sobre la cuestión de la inmunidad), la posición del gobierno no había cambiado en pautas generales, pero se ha endurecido.

Volviendo a 2002, la posición de Sudáfrica ha cambiado definitivamente. Sería interesante escuchar las opiniones de los redactores del Acta de Implementación del Estatuto de Roma de la CPI, que en 2002 opinaban que la ley aseguraba que todos los hombres (incluidos los presidentes) eran iguales.  Esta ley esbozada hace 14 años empoderó a los jueces en varios niveles para tomar la decisión en contra de la acción del gobierno.

El SCA rechazó los argumentos del gobierno sobre la inmunidad de los Jefes de Estado. Aunque reconocieron que esta cuestión todavía no está resuelta en el derecho internacional consuetudinario, los jueces hicieron referencia al derecho sudafricano.

La mayoría de los jueces compartía la opinión de que el Acta de Implementación del Estatuto de Roma de la CPI erradica efectivamente la inmunidad en el procesamiento y enjuiciamiento de los delitos internacionales y que el Acta de Privilegios e Inmunidades Diplomáticas debería ser interpretada teniendo esto en cuenta. Interpretando el derecho sudafricano de forma extensiva, los magistrados entendieron que el Acta de Implementación debería ser considerado como una herramienta para promover y proteger los derechos recogidos en la Constitución sudafricana. El Acta, según consideraciones del SCA, los respeta criminalizando las violaciones graves a los derechos humanos. Esta declaración fue una de las más contundentes.

La decisión, protegida por la sociedad civil, y en el marco de un juicio histórico, – proviene del tribunal de mayor rango jerárquico en cuestiones no relativas a la Constitución – supuso un gran golpe para la postura del gobierno sudafricano.

Por supuesto, existen indicios para creer que el gobierno apelará esta decisión ante el Tribunal Constitucional. Esto les proporcionará más tiempo, ya que la CPI sigue esperando que Sudáfrica le envíe las razones de porqué no procedió a arrestar a al-Bashir, ya que se le concedió plazo hasta que las actuaciones judiciales finalizasen. Tras la decisión del SCA, el plazo se acerca más a su final.

Mientras tanto, las preguntas se orientan en saber quién debería ser considerado responsable gubernamental por lo que el SCA ha denominado conducta ‘desafortunada’ y ‘ridícula’.

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