La sociedad civil se opone a un posible intento de abandonar el Estatuto de Roma
La Coalición por la Corte Penal Internacional declaró esta semana que la sociedad civil africana e internacional mostrará una fuerte oposición a cualquier intento de Sudáfrica de abandonar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) para proteger décadas de democracia, justicia y avances en materia de derechos humanos de las víctimas en este país.
El 19 de octubre de 2016, la Secretaría de Naciones Unidas confirmó la recepción de una notificación de Sudáfrica declarando su intención de retirarse del Estatuto de Roma, el Tratado fundacional del único tribunal penal internacional permanente en el mundo, la Corte Penal Internacional. Su retirada sólo entraría en vigor tras el transcurso de un año. Sin embargo, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y grupos políticos de la oposición han declarado que denunciarán este movimiento por parte del gobierno de Sudáfrica ante los tribunales por ser inconstitucional.
“Con su larga historia en injusticias, la Sudáfrica de Nelson Mandela tomó fuerza al tiempo que se establecía la CPI. Cualquier intento de retirarse del Estatuto de Roma revocaría los progresos hechos en los últimos años en materia de derechos humanos. La oposición contra la CPI ha aumentado al tiempo que implementaba su papel, con 124 países como miembros, para llevar a los máximos responsables de crímenes graves – incluyendo a funcionarios de gobierno del más alto rango – ante la justicia,” declaró William R. Pace, coordinador de la Coalición por la CPI. “Víctimas de toda África han pedido que se haga justicia una y otra vez, a través de sistemas judiciales nacionales o, cuando éstos no eran capaces o lo rechazaban, a través de la CPI. El gobierno de Zuma está demostrando su total y absoluta desconsideración con las víctimas y los débiles en Sudáfrica, y en toda África y el mundo.”
“La CPI sigue siendo un importante pilar de la justicia penal internacional y la retirada de Sudáfrica del único tribunal penal permanente del mundo simboliza una total desconsideración por los derechos humanos y la lucha contra la impunidad,” comentó Kaajal Ramjathan-Keogh, director ejecutivo del Southern Africa Litigation Centre. “Sudáfrica, que en un primer momento fue una de las pioneras y portavoces de la justicia penal internacional en África, ha dado un paso atrás que se traduce en una gran preocupación internacional por las prioridades del gobierno en materia de justicia, responsabilidad y la prevención de crímenes odiosos.”
“Estoy preocupado y triste por este último movimiento del gobierno de Sudáfrica, lo considero lamentable. La retirada es inconsistente con lo dispuesto en la Regla número 27 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 2002 y por lo tanto inconstitucional e ilegal,” declaró Richard J. Goldstone, presidente del Comité Ejecutivo de la Coalición por la CPI. “Confío en lo que decida la Corte de Sudáfrica. Es un movimiento que degrada a nuestro Parlamento a ya toda la población de Sudáfrica. Desde un punto de vista moral, supone una regresión desde el legado tan inspirador que nos dejó la administración de Nelson Mandela que tan activamente pidió el apoyo para la CPI y todos los mecanismos de justicia internacional.”
“Sudáfrica debe continuar promoviendo la justicia penal internacional y por reformar las partes que no le gusten de la Corte, no abandonarla,” declaró Anton Du Plessis, director ejecutivo del Institute for Security Studies. “La decisión de Sudáfrica de abandonar la CPI no ha sido aprobada por el Parlamento. Desde un punto de vista legal, la ratificación del Tratado tuvo que ser aprobado por el Parlamento. Sería lógico que un proceso a la inversa, la retirada del mismo, también tenga que seguir esta formalidad.”
“Las voces de las víctimas se pierden a menudo en la retórica de una CPI ‘obsesionada con África’ y en los debates sobre la inmunidad para los Jefes de Estado. Si los Estados abandonan la CPI, se perdería una vía para obtener justicia para millones de personas,” declaró Stephen Lamony, jefe de las políticas y consejero en materia de la UA/ONU, Coalición por la CPI.
“La repentina noticia de que Sudáfrica abandonaría la CPI es muy triste. Con esta decisión, el país está traicionando a millones de víctimas de las violaciones más perversas de los derechos humanos e infravalorando el sistema de la justicia internacional,” declaró Netsanet Belay, investigador y director para África de Amnistía Internacional.
Numerosos esfuerzos para debilitar la no inmunidad
En una declaración anexa, el gobierno de Sudáfrica declaró que ser parte de la CPI compromete sus esfuerzos para promover la paz y la seguridad en el continente Africano, señalando en especial lo que considera “diferencias fundamentales” entre el continente Africano y muchos de los Estados Partes de la CPI en materia de la inmunidad de los jefes de Estado. El artículo 27 del Estatuto de Roma prohíbe la inmunidad para los Jefes de Estado y funcionarios del gobierno de alto rango.
La cuestión de la inmunidad de los jefes de Estado en activo y funcionarios de alto rango es una de las cuestiones más controvertidas en la actualidad y es la que mayores desafíos presenta. Mientras la inmunidad para los Jefes de Estado ha sido una cuestión polémica a nivel doméstico y nacional, nunca lo ha sido a nivel internacional o en los casos de tribunales regionales establecidos para administrar justicia en casos de crímenes graves. La no inmunidad es una piedra angular del sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma.
“La no inmunidad del tratado de la CPI es uno de los mayores avances de la historia en favor de la protección de los derechos humanos a nivel internacional, como también lo es la disposición de reparaciones para las víctimas de este tipo de crímenes odiosos,” comentó Pace. “Buscar la inmunidad en este tipo de casos refleja uno de los mayores fracasos como líder político.”
Sudáfrica también declaró que tratará de revocar la implementación del Estatuto de Roma en el ordenamiento jurídico nacional por el que se prevé incorporar el enjuiciamiento de crímenes graves también a nivel nacional.
“Mientras Sudáfrica reclama que es una obligación de la Unión Africana con el Estatuto de Roma, el país aprobó en 2002 una ley por la que se incorporaban las definiciones de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio recogidas en el Estatuto de Roma en el ordenamiento jurídico nacional y también disposiciones relativas a la cooperación con la CPI y prohibiciones de cualquier tipo de inmunidad,” continuó Lamony.
“Teniendo en cuenta que no hay tribunales regionales con jurisdicción penal, las víctimas de este tipo de crímenes no serán castigados ni a nivel nacional, ni regional y tampoco a nivel internacional,” continó diciendo Ramjathan-Keogh.
Fracaso en el arresto del fugitivo de la CPI Omar al-Bashir
En 2015, el Tribunal Supremo de Pretoria consideró que el gobierno había fracasado en su obligación de cooperar con la CPI como Estado Parte ya que no procedió a arrestar al Presidente sudanés Omar al-Bashir durante su visita al país en junio de 2015 para asistir a una Conferencia de la UA. Al-Bashir es objeto de una orden de busca y captura por su presunta participación en crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio en Darfur. El Tribunal Constitucional de Sudáfrica debe decidir sobre la decisión del gobierno en el próximo mes.
“Esperamos que no sea una estrategia política, teniendo en cuenta las implicaciones de la próxima audiencia ante el Tribunal Constitucional en noviembre en el asunto de al-Bashir,” declaró Du Plessis.
La Campaña contra la CPI
La Campaña contra la CPI liderada por algunos Jefes de Estados africanos empezó tras la orden de arresto emitida por la CPI en 2009 contra Omar al-Bashir, el Presidente de Sudán, un país que no es parte de la CPI. Las cosas empeoraron cuando la Fiscal de la CPI abrió sendos casos contra los políticos de Kenia Uhuru Kenyatta y William Ruto en 2011, quiénes se acabarían convirtiendo en Presidente y Vicepresidente de Kenia, respectivamente.
La UA había recomendado que su Comisión de Ministros africanos sobre la CPI considerase el mapa a seguir sobre un posible abandono de la CPI. Pero, hasta ahora, ningún Estado africano había declarado oficialmente su intención de retirarse del Estatuto de Roma. En 2016, el Parlamento de Burundi votó a favor de empezar el proceso para retirarse de la CPI pero no ha notificado formalmente su intención a la Secretaría de Naciones Unidas hasta la fecha. La sociedad civil, parlamentarios africanos, representantes de Naciones Unidas, funcionarios del gobierno y de la CPI han manifestado su preocupación por este movimiento por parte de un país que se enfrenta a una grave y violenta crisis política.
Hasta la fecha no hay un consenso entre los gobiernos africanos para abandonar la CPI. Una reunión de la UA a principios de 2016 mostró que varios países africanos se oponía a una retirada en masa de la CPI. La decisión de abandonar la CPI y el Estatuto de Roma es individual, no se puede hacer por la UA. Mientras, muchos países africanos, Estados Parte de la CPI, han modificado sus propias Constituciones para adaptarlas al Estatuto de Roma para asegurar el enjuiciamiento a nivel nacional de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio.
En octubre de 2016, Gabón pidió la asistencia de la CPI por los crímenes cometidos en el contexto de la violencia electoral.
Mandela y la CPI
Las acciones de Sudáfrica atentan contra la última visión de Nelson Mandela de la CPI, en la que confiaba que la Corte podría llevar paz y justicia a África. Como Mandela declaró una vez: “Nuestro propio continente ha sufrido demasiados horrores provenientes de la inhumanidad de algunos seres humanos para con otros seres humanos. Quién sabe, muchos de ellos podrían no haber llegado a ocurrir, o al menos haber sido minimizados si la Corte Penal Internacional hubiese estado actuando de forma efectiva en nuestro país.”
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