La Corte Penal Internacional (Credit: JusticeHub)
Esta semana en las noticias de #JusticiaGlobal: Indignación por el intento de Sudáfrica de abandonar la Corte Penal Internacional (CPI); La CPI aprueba de forma simbólica el primer plan de reparación para las víctimas de Thomas Lubanga; Jean-Pierre Bemba y otras cinco personas condenadas por manipulación de testigos; La Fiscal de la CPI analiza los presuntos asesinatos extrajudiciales en Filipinas; El gobierno de Colombia y las FARC comienzan de nuevo las negociaciones de paz; Varios grupos de la oposición de Burundi piden sanciones por haber votado en favor de abandonar la CPI, y mucho más.
Sudáfrica debe quedarse dentro de la CPI
El intento de Sudáfrica la semana pasada de abandonar la Corte Penal Internacional (CPI) ha provocado la condena generalizada de multitud de grupos de sociedad civil que piden a la comunidad internacional que reconsidere la situación.
La sociedad civil nacional e internacional considera este acto por parte del gobierno de Sudáfrica como una lamentable traición a los millones de víctimas de los más graves crímenes y de las más atroces violaciones de derechos humanos y que infravalora el sistema de justicia internacional, en detrimento del legado dejado tras el post-Apartheid sufrido por el país y los muchos avances en materia de derechos humanos alcanzados desde entonces. El intento de abandono va a ser denunciado ante el sistema político y judicial nacional para su análisis.
Los grupos defensores de derechos humanos añadieron que fuera del sistema del Estatuto de Roma, Sudáfrica hubiera sido incapaz de incrementar y avanzar de manera eficaz en materia de derechos humanos. Desde 2009, activistas de toda África se fueron uniendo a diferentes grupos internacionales pidiendo a los gobiernos africanos que apoyasen y empoderasen a la CPI, en vez de debilitarla.
Sidiki Kaba, Presidente del órgano de gobierno de la CPI, la Asamblea de Estados Parte, pidió a los gobiernos de Sudáfrica y Burundi que reconsiderasen su decisión de dejar la CPI y en vez de eso “trabajar juntos y con otros Estados en la lucha contra la impunidad, que a menudo causa violaciones de derechos humanos en masa.”
La sociedad civil ha pedido a los Estados partes de la CPI, a las organizaciones internacionales y regionales y a otros actores relevantes, que reafirmen su compromiso públicamente con la CPI y la justicia internacional. La Unión Europea y sus Estados miembros declararon que “se declaran firmes defensores de la CPI.” Suiza puso de relieve que varios países africanos pidieron voluntariamente ayuda a la CPI y que procediese a la apertura de las investigaciones pertinentes.
Para que esta declaración de Sudáfrica surta efecto en necesario el trascurso de un año, pero además la sociedad civil y varios grupos políticos de la oposición han argumentado que ya que el Parlamento tuvo que ratificar el Estatuto de Roma, debería también ahora ser consultado para la ratificación. Añadieron que recurrirán esta notificación ante los tribunales sudafricanos porque la consideran inconstitucional. Parliamentarians for Global Action pidió a sus miembros sudafricanos que se posicionaran en contra de la impunidad oponiéndose a la declaración de intenciones de Sudáfrica.
La cuestión de la inmunidad de los jefes de Estado en activo y funcionarios de alto rango es una de las cuestiones más controvertidas en la actualidad y es la que mayores desafíos presenta. Mientras la inmunidad para los Jefes de Estado ha sido una cuestión polémica a nivel doméstico y nacional, nunca lo ha sido a nivel internacional o en los casos de tribunales regionales establecidos para administrar justicia en casos de crímenes graves. La no inmunidad es una piedra angular del sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma. Sin embargo el tratado de la CPI no impide cualquier tipo de papel activo en negociaciones por la paz, según aclaró la sociedad civil esta semana.
En 2015, el Tribunal Supremo de Pretoria consideró que el gobierno había fracasado en su obligación de cooperar con la CPI como Estado Parte ya que no procedió a arrestar al Presidente sudanés Omar al-Bashir durante su visita al país en junio de 2015 para asistir a una Conferencia de la UA. Al-Bashir es objeto de una orden de arresto y captura por su presunta participación en crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio en Darfur. El Tribunal Constitucional de Sudáfrica debe decidir sobre la decisión del gobierno en el próximo mes.
Sin embargo, la retirada de la CPI no tendrá efectos de forma retroactiva con respecto a las obligaciones legales de Sudáfrica como Estado parte del Estatuto de Roma.
Sudáfrica también declaró que tratará de revocar la implementación del Estatuto de Roma en el ordenamiento jurídico nacional por el que se prevé incorporar el enjuiciamiento de crímenes graves también a nivel nacional.
La sociedad civil reacciona al posible abandono de Sudáfrica de la CPI
El primer plan para las reparaciones de la CPI aprobado y listo para ser implementado
La semana pasada la CPI aprobó un plan presentado por el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas para la reparación simbólica y colectiva en el caso por el que se condenó al criminal de guerra Thomas Lubanga.
Lubanga fue sentenciado en 2012 y considerado culpable de crimen de guerra por haber reclutado a menores de 15 años para integrarlos en la milicia de la Unión de Patriotas del Congo en Itru, República Democrática del Congo.
“La propuesta de reparaciones presentada es simbólica y proporciona un entorno adecuado para implementar y mejorar las reparaciones colectivas y en favor de la comunidad al tiempo que crea un entorno más cómodo para que las víctimas se presenten de forma voluntaria para disfrutarlas sin riesgos para su salud ni miedos por lo que respecta a su reputación,” declaró la Sala de Justicia II de la Corte Penal Internacional.
El Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas debe presentar un informe para implementar este plan cada tres meses. La Sala de Justicia debe emitir su decisión sobre reparaciones colectivas no simbólicas ensu debido tiempo.
Bemba y cuatro de sus socios condenados por la CPI por manipulación y soborno de testigos
El 19 de octubre de 2016, el líder de la milicia congoleña y político Jean-Pierre Bemba y cuatro de sus socios fueron condenados por varios delitos contra la administración de justicia durante el caso de la CPI contra Bemba por crímenes de lesa humanidad y de guerra – Bemba fue condenado a 18 años de prisión en junio de 2016.
“Ningún sistema legal en el mundo puede aceptar que se manipule a los testigos, inducir a los testigos a mentir o informarles cómo y qué deben declarar. Esta sentencia manda un claro mensaje de que la Corte no está dispuesta a permitir que se altere o dañe los procesos ante la misma,” dijo Bertram Schmitt, Presidente del tribunal que emitió la sentencia.
La condena, que puede ser apelada durante los próximos 30 días, marca la última etapa de los juicios por manipulación de testigos de la CPI, que empezó hace un año en septiembre de 2015. Si la condena llega a ser firme, Bemba y sus asociados podrían ser condenados a una pena que oscila entre una multa a cinco años de cárcel.
La CPI analiza los presuntos asesinatos extrajudiciales en Filipinas
La Fiscal de la CPI Fatou Bensouda hizo una declaración respecto a los presuntos asesinatos extrajudiciales de traficantes de drogas y usuarios ocurridos en Filipinas, expresando su preocupación por las recientes declaraciones de funcionarios del gobierno de Filipinas perdonando y promoviendo este tipo de asesinatos. Se habla de cerca de 3.000 asesinatos en los últimos tres meses.
“Mi Oficina, en concordancia con lo establecido en el Estatuto de Roma, seguirá muy de cerca lo ocurrido en Filipinas en estas semanas y grabaremos cualquier tipo de incitación o referencia a la violencia con vistas a una posible futura investigación sobre Filipinas si se considera oportuna.” declaró Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional.
Varias minorías tribales de Filipinas han estado reclamando justicia, y ahora un miembro del Senado se ha unido a su petición de justicia hacia la CPI para que proceda a investigar los presuntos asesinatos cometidos desde el comienzo del mandato del actual Presidente Rodrigo Duterte.
Los asesinatos extra-judiciales pueden entrar bajo la jurisdicción de la CPI cuando sean cometidos de forma generalizada contra civiles. Ya que Filipinas es un Estado Parte de la CPI, la Corte tiene jurisdicción sobre los genocidios, crímenes de guerra o lesa humanidad cometidos en su territorio o por nacionales filipinos en otro país desde el 1 de noviembre de 2011.
Investigaciones de la Corte Penal Internacional
República Democrática del Congo: La Fiscal de la CPI Fatou Bensouda publica un informe sobre la misión de su Oficina en la RDC desde el 16-20 de octubre de 2016 al tiempo que la ONU encuentra pruebas del uso excesivo de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes la semana pasada
Costa de Marfil: ¿Por qué debe continuar la búsqueda de la justicia tras el fin de las operaciones de los cascos azules de la ONU en junio de 2017?
Uganda: ¿Deben o no participar las víctimas en el caso contra Thomas Kwoyelo del Ejército de Resistencia del Señor ante la División Especial de Crímenes Internacionales de Uganda
Exámenes preliminares de la CPI
Burundi: Varios grupos de la oposición reclaman sanciones para aquéllos que ha votado para abandonar la CPI mientras que un equipo de investigadores explican los recientes avances de la justicia penal internacional y transicional en Burundi
Gabón: Mientras Gabón se presenta voluntariamente a la CPI, otros países amenazan con abandonarla
Colombia: El gobierno colombiano y las FARC reanudan las conversaciones para alcanzar un nuevo acuerdo de paz y poner fin a la guerra civil que asola el país
Afganistán: Un informe de la ONU publica que los ataques de julio a una manifestación pacífica en Kabul podría ser considerada crimen de guerra
Campaña por la Justicia Global
Varios parlamentarios africanos, miembros de la sociedad civil, representantes de la ONU y funcionarios alarmados ante la decisión de Burundi de abandonar la CPI
Puede la sentencia por el genocidio de Camboya servir como referente para los abusos cometidos en Corea del Norte?
¿Qué más está pasando?
Se cuestionan las posibilidades de la justicia internacional a medida que crecen las peticiones para que se persigan los crímenes cometidos en Siria.
La población de Irak que trata de huir se enfrentan a torturas, desapariciones forzosas e incluso la muerte como venganza por parte de ISIS.
Un informe de la ONU considera que los ataques a una manifestación pacífica en julio en Kabul, Afganistán podrían llegar a considerarse crímenes de guerra.
Croacia acusa a ocho altos cargos de la antigua Yugoslavia de crímenes de guerra.
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