ONU en Burundi: Es necesario proteger a las minorías étnicas de la violencia y frenar las represalias sobre la sociedad civil

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Un activista portando una pancarta en la que se lee ‘Salvar a Burundi’ protesta en la capital de Kenia,  Nairobi en contra de las matanzas cerca de Burundi | © Tony Karumba /Getty Images

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) se ha hecho eco de las peticiones de la ONU a Burundi para el cese de las represalias contra la sociedad civil defendiendo la justicia internacional y nacional en el país, donde la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) está llevando a cabo un examen preliminar por los crímenes del Estatuto de Roma presuntamente cometidos en el país desde abril de 2015. Esta petición sigue a un primer pedido realizado por la Corte Penal Internacional al gobierno de Burundi a favor de que tomara medidas para prevenir y frenar la oleada de violencia contra los defensores de la CPI en La Haya.

Las represalias, como fueron calificadas por la Comisión Contra la Tortura de la ONU (CAT), se relacionan específicamente con un informe de una coalición de ONG, que incluye a la Coalición por la CPI de Burundi, para la CAT durante su examen sobre Burundi este verano. Entre otras recomendaciones, el informe pide al gobierno de Burundi investigar y procesar las presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios y torturas.

Ginebra, 12 de agosto 2016El Comité Contra la Tortura  de la ONU (CAT) concluyó en un informe emitido tras los informes de torturas y conflictos étnicos y políticos que Burundi debe parar de alimentar la violencia étnica y usar la fuerza contra los manifestantes e informar de las medidas que ha tomado desde octubre para poner fin a la inmunidad.

En sus Observaciones Finales, la Comisión pidió a Burundi asegurar la protección de los ciudadanos que pertenezcan a “minorías étnicas” evitando cualquier declaración pública que pudiera incitar al odio o agravar las tensiones étnicas. Se pidió a Burundi asegurar que las fuerzas de seguridad utilicen métodos no violentos para controlar las protestas, y evitar cualquier tipo de represalias contra los miembros de la sociedad civil.

También se pidió al Estado que permitiese la elaboración de investigaciones imparciales sobre los asesinatos, desapariciones forzadas y violencia sexual presuntamente cometidos en el país por parte de las propias fuerzas de seguridad del Estado y la milicia Imbonerakure. La Comisión también pidió investigar las supuestas fosas comunes exhumando, analizando e identificando los cuerpos allí encontrados.

“La CAT ha enviado al Gobierno un mensaje muy claro: el mundo les observa”, declaró Dieudonné Bashirahishize, Vicepresidente del East Africa Law Society y Presidente de la Coalición de abogados de las víctimas de crímenes internacionales (CAVIB, por sus siglas en inglés). “Las autoridades de Burundi necesitan poner freno a las violaciones de derechos humanos y empezar a colaborar con la sociedad civil y los expertos internacionales.”

Tras la presencia a medias de las autoridades en las sesiones pasadas, se invitó de nuevo al gobierno a informar en el mes de octubre. En lo que hasta ahora parece una velada insinuación a la falta de cooperación por parte de Burundi, la Comisión dio al Estado dos meses para seguir de cerca el asunto hasta el 12 de octubre y proveer suficiente información como para evaluar si ha cumplido con sus obligaciones según la Comisión Contra la Tortura, invocando la “interrupción del diálogo” y el “carácter urgente y excepcional” de esta revisión.

Estas recomendaciones se producen por el hecho de que Burundi ha sido testigo de serias violaciones de derechos humanos desde la polémica reelección para un tercer mandato del Presidente Pierre Nkurunziza en abril del año pasado. Tras un fallido golpe de Estado y una sofocada campaña violenta con protestas masivas, la CAT pidió al Estado presentar un informe especial sobre las medidas adoptadas para poner freno a las torturas y los malos tratos en el país.

Tras Israel y Siria, Burundi es el tercer país en el que la ONU controla las medidas adoptadas para combatir la tortura, en base al artículo 19 – párrafo 1 de la Convención que permite pedir un informe especial antes de los cuatro años inicialmente previstos. El Comité de expertos comenzó a examinar la situación en Burundi el día 28 de julio, tomando como base la información recibida en el Informe Especial de Burundi y otros documento públicos disponibles, entre los que constaba el denominado informe “alternativo” presentado por las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Tras la sesión inicial del 28 de julio, la delegación del gobierno de Burundi, dirigida por el Ministro de Justicia Aimée Laurentine Kanyana, rechazó las denuncias presentadas sobre las presuntas torturas cometidas en el país.

Una ausencia sin precedentes

Entonces el 29 de julio, en un movimiento sin precedentes por parte de un Estado Parte de la Convención, la delegación de Burundi no se presentó para compartir sus respuestas a las preguntas presentadas por el CAT tras su examen preliminar. En cambio, enviaron al CAT una carta en lo que se reconocían “sorprendidos” por el foco de la sesión en los informes presentados por la sociedad civil. Entonces, el CAT concedió al Estado de Burundi excepcionalmente otras 48 horas en respuesta a su demanda de más tiempo para investigar lo denunciado en los informes. Pero hasta la fecha de este artículo no se han tenido más noticias.

Una coalición de organizaciones de Burundi e internacionales habían presentado un informe donde denuncian el actual uso de las detenciones arbitrarias por parte del gobierno en un intento de tomar represalias contra la oposición. Declararon también que la SOS-Torture Burundi había contabilizado 736 detenciones arbitrarias entre diciembre de 2015 y el 31 de marzo de 2016, mientras que la Oficina de la OHCHR en Burundi había contabilizado 3.477 detenciones arbitrarias desde comienzos del año hasta abril de 2016. También se declaró que durante el tercer mandato del actual Presidente, se había detectado un incremento de las desapariciones forzadas entre miembros de la sociedad civil, antiguo personal de las Fuerzas Armadas de Burundi o jóvenes manifestantes de barrios cercanos, principalmente de la etnia Tutsi.

Represalias en lugar de respuestas

Entre las 12 páginas destinadas a recoger las numerosas recomendaciones propuestas, la Comisión pide a Burundi retirar su demanda para expulsar del colegio de abogados a cuatro abogados defensores de los derechos humanos que contribuyeron en la redacción del informe de la Coalición – identificado también como una represalia en la carta dirigida al gobierno  – y a presentar de forma urgente información sobre las medidas tomadas a tal efecto.

Estos abogados son Vital Nshimirimana, Presidente del Forum pour la Conscience et le Renforcement de la Société Civile (FORSC) y Presidente de la Campaña “Paremos un tercer mandato”, Armel Niyongere, Presidente de la ACAT-Burundi y Coordinador de la campaña de SOS Torture que monitorea los casos de torturas denunciados e informa sobre los presuntos abusos de derechos humanos, el Sr. Bashirahishize, que pertenece a la organización que requirió a la Corte Penal Internacional llevar a cabo una investigación sobre lo ocurrido en Burundi, y Lambert Nigarura, Presidente de la Coalición por la Corte Penal Internacional de Burundi. Esta petición se produjo tras la carta del 29 de julio por parte del gobierno de Burundi al Presidente de la Asociación de Abogados.

El 30 de julio, el Consejo de Seguridad anunció que desplegará fuerzas policiales de la ONU hasta un máximo de 228 oficiales en Burundi para ayudar a prevenir fururos movimientos violentos en el país. El gobierno de Burundi había dicho con anterioridad que no aceptaría a más de 50. El país fue testigo en 1992 de la matanza de Hutus por parte del autodenominado ejército Tutsi, y en 1993, matanzas masivas de Tutsis por parte de la mayoría Hutu. El Presidente Pierre Nkurunziza es un antiguo líder de un grupo rebelde Hutu.

Entre las organizaciones que forman parte de la Coalición que ha contribuído al citado informe alternativo son: Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture au Burundi (ACAT Burundi), Association Burundaise pour la Protection des Droits Humains et des Personnes Détenues (APRODH), campagne SOS-Torture / Burundi, Collectif des Avocats des Victimes de Crimes de Droit International (CAVIB), Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale (CB-CPI), le Forum de la Société civile pour le Monitoring des Elections (COSOME), Collectif pour la Promotion des Associations des Jeunes (CPAJ), Forum pour la Conscience et le Développement (FOCODE), (FORSC), Ligue Burundaise des Droits de l’Homme (Ligue ITEKA) y Réseau des Citoyens Probes.

Estas organizaciones reciben apoyo de la OMCT, Centre pour les droits civils et politiques (CCPR), Fédération internationale de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (FIACAT), TRIAL International, y DefendDefenders (Proyecto de los Defensores de Derechos Humanos del Cuerno de África).

El informe del Gobierno de Burundi puede encontrarse en el siguiente enlace:  http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1084&Lang=fr .


Antecedentes

La Coalición de ONG presentó su informe en la 58 sesión de la Comisión Contra la Tortura de la ONU donde describe la deteriorada situación de seguridad en Burundi tras la crisis electoral de abril de 2015 y condena la ola de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios y torturas.

En abril de este año, la Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar en la situación de  Burundi para determinar si es necesario abrir una investigación completa, teniendo en cuenta los actos de asesinato, prisión, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, y desapariciones forzosas.

Lee lo que la Coalición por la CPI de Burundi tiene que decir sobre la actual situación política y de derechos humanos en el país

Creada en 1985, la  Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) es actualmente la principal coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG) que lucha contra la tortura, las ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y todo tipo de tratamiento degradante, cruel e inhumano. Con 311 organizaciones afiliadas, su SOS- Comunidad contra la Tortura y unas decenas de miles de representantes en cada país, la OMCT es una importante comunidad de ONG que trabajan por la protección y promoción de los derechos humanos en todo el mundo.


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