Militantes del ISIS en Irak. © Telegraph
Las presuntas violaciones a los derechos humanos extendidas por más de dos meses en contra de minorías religiosas y étnicas en Iraq ha llevado a Acción Mundial de Parlamentarios (PGA, por sus siglas en inglés) a pedir al gobierno iraquí que se una a la CPI.
El grupo extremista Estado Islámico en Iraq y Siria (ISIS) sería responsable de las muertes de más de 2.000 personas desde el mes junio y de esclavizar a 300 mujeres del grupo étnico minoritario Yazidí, además de desplazar a miles de personas de dicho grupo.
Ross Robertson, presidente de PGA y MP de Nueva Zelanda:
“Los ataques dirigidos en contra de las poblaciones civiles a causa de su contexto étnico o político, religión o creencia podrían constituir un crimen de lesa humanidad, y ciertos actos cometidos con el fin de destruir podrían constituir genocidio. Los responsables de dichos crímenes deben ser llevados ante la justicia.”
PGA también ha solicitado al gobierno iraquí que acepte de forma inmediata la jurisdicción de la CPI utilizado el mecanismo especial que presenta el Estatuto de Roma—el artículo 12(3)—con el fin de prevenir nuevos crímenes.
Otros miembros de la Coalición, entre ellos Human Rights Watch (inglés), Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos, también condenaron las atrocidades masivas y pidieron justicia y asistencia humanitaria.
Del mismo modo, el Consejo de Seguridad de la ONU condenó (inglés) los “asesinatos insdiscriminados y el acoso deliberado a civiles, las numerosas atrocidades, las ejecuciones masivas y los asesinatos extrajudiciales que incluyen soldados, la persecución de individuos y comunidades enteras por su religión o creencia, el secuestro de civiles, los desplazamientos forzados de miembros de grupos minoritarios, el asesinato y la mutilación de niños, el reclutamiento y uso de niños, la violación y otras formas de violencia sexual, la detención arbitraria, ataques a escuelas y hospitales, la destrucción de espacios culturales y religiosos y la obstrucción del ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos, el derechos a la educación” en Iraq.
Mientras tanto, un grupo de líderes religiosos pidieron al gobierno británico trabajar en pos de una resolución del Consejo de Seguridad para remitir la situación a la CPI.
El bloguero e investigador de la CPI Mark Kersten destacó que si la situación es remitida a la Corte, los miembros del Consejo de Seguridad probablemente restrinjan la remisión a los recientes eventos del norte de Iraq para asegurar que los crímenes presuntamente cometidos por las fuerzas occidentales durante la guerra de Iraq de 2003 y la subsecuente ocupación del país queden fuera de la jurisdicción de la Corte.
Iraq ya es sujeto de un examen preliminar por parte de la Fiscal de la CPI, pero dicha investigación está limitada a las acciones de las fuerzas armadas británicas en Iraq de 23 a 2008. Aunque la CPI carece de jurisdicción en Iraq, si posee jurisdicción sobre los presuntos crímenes cometidos por los ciudadanos británicos en Iraq dado que el Reino Unido es un Estado miembro a la CPI.
El gobierno iraquí ha tomado medidas anteriormente para unirse a la CPI.
En febrero de 2005, el gobierno interino iraquí anunció su decisión de adherir al Estatuto de Roma de la CPI, pero retiró su adhesión dos semanas después sin ninguna explicación (inglés).
La Coalición pidió a Iraq que se una a la CPI como parte de su Campaña por la Justicia Global en diciembre de 2013.
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