- Omar Al-Bashir posa para la foto de la Cumbre de la UA en Sudáfrica. © EPA
La consideración de un tribunal sudafricano de una pedido de arresto presentado por la sociedad civil contra el Presidente sudanés Omar Al-Bashir ha demostrado una vez que la impunidad con la que solían manejarse los fugitivos de la justicia internacional ya no es posible. Tras la llegada del presidente sudanés a Sudáfrica para asistir a la Cumbre de la Unión Africana (UA), el South African Litigation Center presentó una moción al Tribunal Supremo de Pretoria para forzar la ejecución de las dos órdenes de arresto emitidas por la CPI contra el presidente sudanés. El tribunal ordenó que Al-Bashir no saliese del país mientras se resolvía el asunto, pero éste huyó antes de que se tomase alguna decisión. William R. Pace, coordinador de la Coalición por la CPI:
“Dado que los gobiernos normalmente no tienen la voluntad de ejecutar las órdenes de arresto contra Al-Bashir u otros fugitivos de la CPI, las acciones por parte de la sociedad civil toman cada vez más fuerza a la hora de asegurar la cooperación de los Estados con la Corte, ya que son judicialmente independientes, como sucedió en el caso de Sudáfrica. La precipitada salida de Al-Bashir de Sudáfrica muestra que las acciones legales de los ciudadanos pueden tener un impacto real. El órgano de gobierno de la CPI y el Consejo de Seguridad de la ONU deben tomar las medidas necesarias para asegurar que la próxima vez que Al-Bashir salga de Sudán, este sea efectivamente llevado ante la Corte.”
El órgano de gobierno de la CPI, la Asamblea de los Estados Partes (AEP), puede remitir estos actos de no cooperación al Consejo de Seguridad de la ONU, que podría tomar medidas adicionales. https://twitter.com/HumanityUnited/status/610483090884956160 Como Estado Parte al Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, Sudáfrica estaba obligada a arrestar a Al-Bashir, buscado presuntos crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio en Darfur, Sudán. https://twitter.com/_CICC/status/610820216424144896 El gobierno sudafricano expresó que Al-Bashir tenía inmunidad porque acudía a la Cumbre de la UA como Jefe de Estado. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU, en su Resolución 1593 del 31 de marzo de 2015 remitió la situación de Darfur a la CPI, eliminando implícitamente tal inmunidad. Esto responde a uno de los principios fundamentales del Estatuto de Roma que de manera explícita excluye la inmunidad de los cargos gubernamentales. La Carta de la UA también contempla importantes medidas contra la impunidad. Una propuesta de la UA que busca otorgar jurisdicción a la Corte Africana de Derechos Humanos incluye una cláusula en la que se otorga inmunidad a los Jefes de Estado en ejercicio y a ex funcionarios gubernamentales, pero aún no ha sido ratificada. Un total de 34 Estados africanos han ratificado el Estatuto de Roma. Pace:
“La aseveración realizada por algunos legisladores africanos de que los Jefes de Estado tienen que tener inmunidad contradice de forma directa lo que se recoge tanto en el Estatuto de Roma como en la Carta de la UA, que excluye cualquier tipo de inmunidad en los actos que puedan constituir crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio. La decisión judicial de la Corte ordenaba el arresto de Al-Bashir, la sola consideración de esta cuestión le hizo abandonar el país, lo que es una afirmación de tal principio.”
En una decisión urgente emitida por el magistrado de la CPI Cuno Tarfusser el 13 de junio se le recordó a Sudáfrica sus obligaciones como Estado Parte a la Corte. El magistrado Tarfusser explicó de forma explícita que ninguna otra decisión, incluidos los razonamientos de la UA, podría ser invocada para garantizar la inmunidad de Al-Bashir. El presidente de la AEP Sidiki Kaba también recordó a Sudáfrica sus obligaciones en una declaración pública a su llegada al país. https://twitter.com/liz_evenson/status/610406266838614016 Netsanet Belay, director de Amnistía Internacional para África:
“El papel de Sudáfrica estaba claro desde que el presidente Omar Al-Bashir pisó el país – debería haberle arrestado y traslado a las dependencias de la CPI para que hiciese frente a los juicios por crímenes de guerra que la Corte tiene pendientes contra él. Al no apresar al presidente Omar Al-Bashir y entregarlo a la CPI durante la estancia de éste en su país, las autoridades sudafricanas, lideradas por el presidente Jacob Zuma, han ayudado, a través de su inacción, a que Omar Al-Bashir escape otra vez de la justicia.”
Alison Smith, directora de justicia internacional en No Peace Without Justice:
“Nosotros alabamos el trabajo realizado por el South African Litigation Centre al presentar su petición al tribunal sudafricano. Es un ejemplo de lo que los ciudadanos deben hacer para comprometer a sus gobiernos a cumplir sus obligaciones internacionales. También felicitamos al sistema judicial sudafricano: no debería destacarse que los jueces y abogados de un país defiendan las leyes, pero hacerlo enfrentándose a la mayoría de los partidos políticos es digno de mención y aplauso. También hubiésemos deseado que las autoridades sudafricanas hubiesen estado a la altura de sus compatriotas en este tipo de asuntos de Estado. Si no quería verdaderamente arrestar al presidente al-Bashir, no deberían haberlo invitado.”
David Tolbert, presidente del Centro Internacional por la Justicia Transicional:
“Las acciones del gobierno sudafricano han supuesto un duro golpe a los derechos de las víctimas de las atrocidades en Darfur y para las expectativas de establecer un sistema de justicia penal internacional creíble a través de la CPI.”
https://twitter.com/fidh_en/status/610363719164522497 Allan Ngari , investigador del Insitute for Security Studies :
“El rechazo de Sudáfrica de proceder al arresto del presidente Bashir es un revés para la CPI, pero la Corte no se centra en un sólo país. Y como muestra la realidad de los hechos en Sudáfrica, la CPI puede necesitar de la cooperación de la sociedad civil cuando falla la cooperación de los gobiernos.”
Carla Ferstman, directora de REDRESS:
“Hay muchas preguntas sin resolver que deberían ser estudiadas detalladamente para evitar que se repita una situación como ésta. Entre ellas: saber qué funcionarios sudafricanos son responsables de no respetar las decisiones del tribunal sudafricano, y cuál debería ser la respuesta del Consejo de Seguridad de la ONU por haber desobedecido de forma flagrante una orden de la Corte Penal Internacional, en una cuestión que fue remitida por el propio Consejo de Seguridad de la ONU a la CPI. No se trata de preguntas retóricas o sin fundamento, se trata de buscar respuestas transparentes a la pregunta de si el estado de derecho ha sido respetado en Sudáfrica y si se valora lo suficiente la obligación de cooperar con la Corte.”
James Goldston, director ejecutivo de la Open Society Justice Initiative:
“La huida apresurada del presidente de Sudán Omar al-Bashir de Sudáfrica esta semana, donde se hallaban reunidos los jefes de Estado africanos, le permitido escaparse de la justicia una vez más. Pero la orden del Tribunal Supremo de Pretoria que ha incumplido, que respalda la orden de arresto de la Corte Penal Internacional por la que se le acusa de genocidio y crímenes de lesa humanidad, señala un paso adelante en la lucha contra la impunidad.”
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